La propuesta de Pérez Molina merece el apoyo de los demás presidentes latinoamericanos.
La prohibición de las drogas ha sido un fracaso. En EEUU, el porcentaje de la población mayor de 12 años que consume estupefacientes ha aumentado del 5,8% en 1991-93 al 8,9% en el 2008 (equivalente a 21,8 millones de individuos). Según la última Evaluación Nacional sobre la Amenaza de las Drogas del Departamento de Justicia (2011), "el abuso de varias de las principales drogas ilícitas, incluyendo la heroína, la marihuana y la metanfetamina, parece estar aumentando, especialmente entre los jóvenes". No hay duda de que la prohibición no ha detenido el consumo de sustancias ilícitas en el principal mercado mundial.
En tanto haya demanda de drogas, habrá oferta. La pregunta es si dicho negocio debería estar en manos de empresarios legales, como lo están el del alcohol y el del tabaco, o en las de criminales violentos. La prohibición opta por el segundo escenario, con las consecuencias por todos conocidas: en México, la guerra contra las drogas ha costado la vida a más de 50.000 personas en los últimos 5 años. En Centroamérica, el narcotráfico es responsable de alrededor del 60% del crimen y ha colocado a países como Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice entre los más violentos del mundo. En Sudamérica, los recursos del narcotráfico han servido para financiar a grupos terroristas como las FARC colombianas y el Sendero Luminoso peruano. Es claro que en América Latina la guerra contra las drogas impone un enorme costo en términos de vidas, dinero y calidad institucional.
La prohibición de las drogas ha hecho del narcotráfico un negocio extremadamente lucrativo. Esto se debe a que el precio de una sustancia ilegal se determina más por el costo de la distribución que por el de la producción. El precio de la cocaína en las calles estadounidenses es más de 100 veces superior al de la hoja de coca en el campo. La prima generada por la prohibición suele rondar el 90% del precio minorista de una sustancia ilegal. Los márgenes de ganancia de los cárteles de la droga son, pues, enormes. Según cifras de las Naciones Unidas, el comercio mundial de estupefacientes mueve 320.000 millones al año.
Son muchos los malentendidos sobre la legalización de las drogas. Por lo tanto, es importante enmarcar el debate dejando claro lo siguiente:
1) La legalización no implica aprobar o incentivar el consumo de drogas. El consumo de estupefacientes es una realidad histórica de la humanidad con la que debemos aprender a convivir.
2) Hay una diferencia muy importante entre el consumo y el abuso del consumo, de drogas como de alcohol. No todo consumo de drogas desemboca en drogadicción, de la misma forma que no todo consumo de alcohol deriva en alcoholismo.
3) También existe una diferencia crítica entre las consecuencias negativas de la drogadicción –problemas sociales, económicos, sanitarios, etc.– y las de la prohibición de las drogas: criminalidad, violencia, corrupción... Mucha gente, al argumentar contra la legalización, trae a colación imágenes de violencia y crimen, cuando en realidad estos son flagelos causados por la prohibición, y más bien disminuirían significativamente una vez el mercado negro desapareciera.
Finalmente, es importante aclarar que la legalización no pretende resolver el problema de la drogadicción ni los males sociales asociados a este fenómeno, los cuales es mejor abordar desde un enfoque de salud pública y no criminal. Lo que la legalización pretende es eliminar los efectos negativos de la prohibición antes señalados.
Temores infundados
El principal argumento contra la legalización radica en el temor de que haya un aumento significativo en el consumo de drogas. Para eso es importante repasar la experiencia de Portugal, que en el 2001 se convirtió en el primer país en despenalizar oficialmente el consumo de todas las drogas, incluyendo la cocaína y la heroína: un estudio de Glenn Greenwald publicado por el Cato Institute encontró que la despenalización "no había tenido efectos adversos en las tasas de consumo de drogas", que en muchas ocasiones se encuentran "entre las más bajas de la Unión Europea".
Cabe señalar que, frente a lo que muchos temían, el consumo no aumentó; y, por otro lado, el número de adictos en clínicas de rehabilitación se triplicó entre 1999 y el 2008. Es decir, en Portugal la despenalización permitió enfrentar de mejor manera el flagelo de la drogadicción, al removerse el estigma criminal que pesaba sobre los adictos, que empezaron a ser tratados como enfermos.
La experiencia de Portugal es valiosa. Ahora bien, la despenalización del consumo, a pesar de ser un paso en la dirección correcta, no elimina el problema del mercado negro. En este punto, cabe señalar que el fallido experimento de la prohibición del alcohol en EEUU (1920-1933) fue de hecho una despenalización: el consumo de licor estaba permitido, no así la producción y comercialización.
Al legalizar las drogas, como propone el presidente guatemalteco, los gobiernos obtienen más control sobre el mercado de estupefacientes, que podrían regular y gravar como hacen con el tabaco y el alcohol. El dinero derivado de los impuestos sobre las drogas les permitiría brindar tratamiento a los adictos. Sea como fuere, la mayor ventaja de la legalización es que ahuyentaría en gran medida a los elementos criminales del negocio de las drogas, lo que haría que disminuyera sustancialmente la violencia, el crimen y la corrupción asociados al narcotráfico.
Ningún proponente de la legalización ha dicho que esta sea la panacea. Sin embargo, sí es sustancialmente mejor que la fracasada prohibición. La legalización no es una solución al problema de las drogas, ya que la drogadicción continuará siendo un flagelo. Pero, así como la prohibición del alcohol resultó ser una herramienta equivocada para abordar el problema del alcoholismo, la guerra contra las drogas ha sido una herramienta equivocada para abordar el problema del abuso de las drogas.
Otto Pérez Molina ha puesto el dedo en la llaga. Ya era hora de que un presidente latinoamericano alzara la voz sobre una guerra, la que se libra contra las drogas, cuyos costos recaen desproporcionadamente sobre la región.
La hora del debate ha llegado.
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