Claro que son los ciudadanos los que, con sus impuestos, pagan tal guerra; unos ciudadanos que están cada vez más indefensos ante un sistema de violencia, corrupción y adicciones descontroladas y, a la vez, escondidas y disimuladas por los que se benefician de este estado de cosas.
Legalizar el mercado de las drogas, esto es, dejar de utilizar la violencia estatal para reprimir a los outsiders –lo cual garantiza el monopolio de las mafias, que han corrompido el poder político–, es una medida mucho más sana, porque blanquearía todo, lo que permitiría una sustancial mejora en lo relacionado con el control de las sustancias, las labores de prevención y la cura de los adictos; y todo ello sin violencia, tal y como se afrontan estas cuestiones cuando se trata de drogas como el alcohol y el tabaco, igualmente mortíferas.
A pesar de que el gobierno mexicano tiene destinados 50.000 soldados a la guerra "contra las drogas", cada vez que cae un capo el negocio, lejos de venirse abajo, se robustece: hoy ya mueve unos 29.000 millones de dólares anuales. A las refriegas internas por la sucesión en el grupo criminal afectado hay que sumar los intentos de los grupos rivales por ocupar el espacio del primero. Luego de la reciente captura de Edgard Valdez Villareal, la Barbie, se avecinan nuevas luchas por el control del territorio.
Tras la matanza de 72 inmigrantes en Tamaulipas, el presidente mexicano, Felipe Calderón, con fines propagandísticos anunció un paquete de medidas para "debilitar las finanzas" del narcotráfico, una masiva "depuración" policial para frenar la corrupción y la detención de la Barbie, cuya figura se había agrandado tras la muerte de su jefe, Arturo Beltrán Leyva, el Barbas: más de un centenar de sicarios fueron acribillados en la guerra que, acto seguido, libraron la Barbie y Héctor Beltrán Leyva, el Hache, hermano de el Barbas. Ahora, el Cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín Guzmán (el Chapo) e Ismael Zambada (el Mayo), y el Cártel del Golfo, liderado por Jorge Eduardo Costilla Sánchez (el Coss), serían los más interesados en heredar la organización de la Barbie. También estaría implicado en la batalla el Cártel de Juárez.
Las luchas mafiosas se han cobrado el 80% de las 28.300 muertes relacionadas con el narcotráfico registradas en México desde que asumió Calderón.
Los Zetas, la banda de sicarios integrada mayoritariamente por ex miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército, serían responsables de la matanza de Tamaulipas, y controlarían las principales rutas de la inmigración ilegal hacia EEUU.
Joaquín Guzmán, el Chapo, verdadero capo de capos, evadido en enero de 2001 de una cárcel de alta seguridad (¿cómo pudo lograrlo sin la complicidad de funcionarios?), maneja una organización que mueve miles de millones de dólares y que está presente en unos 30 países. Para la revista Forbes, es uno de los hombres más ricos del mundo, y para Time es uno de los 100 personajes más influyentes. La DEA ofrece cinco millones de dólares por su captura.
Con la ayuda de pandillas de delincuentes, los Zetas permiten a las organizaciones de traficantes de humanos –los polleros– el traslado de ilegales a EEUU; a cambio, reciben un pago de entre 3.000 y 5.000 dólares por ilegal. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, las mafias secuestran cada año a unos 20.000 migrantes. Según documentos oficiales, las mafias operan con la ayuda de agentes de Migración y de la Policía Federal.
En definitiva, queda claro que esta guerra no sirve más que para beneficiar a unos pocos mafiosos –algunos de los cuales son además autoridades públicas–, que esclavizan a miles de personas.
© El Cato
ALEJANDRO TAGLIAVINI, miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity.