Confío en que mis lectores no piensen que éste es un problema aislado, una muestra de imbecilidad o de corrupción en el ayuntamiento de Esplugas o en el PSC, que no necesita de las presiones de ERC para hacer de las suyas, o un absurdo de los tantos que ocupan los periódicos cada día. Tampoco vayan a creer que al Obispado de Barcelona se le ha pasado por alto comunicarlo urbi et orbi, y por eso tienen que saber por mí o por amigos que han hecho cadenas de correo electrónico algo que deberían saber por ser católicos, o españoles, o europeos o, más en general, occidentales; no: la Iglesia, como tal, parece moverse poco por estas cosas últimamente.
El asunto, a mi modo de ver, es mucho más grave. La expropiación de Montsió tiene al menos tres niveles de interés. El primero se refiere a la capacidad expropiadora de los ayuntamientos y de las diversas instancias políticas de las que el Estado federal de las Autonomías, delegando cada vez más poder hacia abajo, nos ha dotado, confiando a concejales y alcaldes la interpretación del artículo 33.3 de la Constitución, en el que se establece la expropiación "por causa justificada de utilidad pública o interés social". Es una de las consecuencias de la descentralización, que no tendría por qué tener efectos tan perversos si se hubiese ido haciendo con criterios lógicos, y no mediante concesiones espasmódicas, vinculadas a la capacidad de presión de distintos grupos en distintas circunstancias políticas.
Deberíamos reconocer ahora, frente al plan Ibarreche y al estatuto de Zapatero y Maragall, que desde 1978 los sucesivos gobiernos no han tenido más remedio, si pretendían seguir actuando, que conceder. La tensión autonomista no ha cesado en ningún momento, y los partidos nacionalistas se han alimentado electoralmente de las maquinarias locales, que también fueron reclamando lo suyo. El ayuntamiento de Esplugues expropia a las dominicas, el de Barcelona expropió un barrio entero para construir el adefesio bladerunneriano que rodea los espacios del Fórum, un desastre cultural que disimuló un éxito de la especulación inmobiliaria. La expropiación política es el fundamento de un orden recalificatorio que proporciona suelo caro para una vivienda cada más inaccesible. Lo cual convierte al mercado inmobiliario español en el más intervenido de Europa. Y pone en cuestión el derecho de propiedad, "natural e imprescriptible", según la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
El segundo tiene que ver con la indefensión en que se encuentra el patrimonio cultural en España, donde los mismos ardientes defensores de la memoria pública que no vacilan en desgajar el Archivo de Salamanca porque el corazón de Cataluña se duele por los papeles de sus deudos tampoco vacilan en expropiar un monasterio que marca más de medio milenio de vida catalana. Si las posiciones del Gobierno frente a Marruecos, a Al Qaeda y a Irak huelen a mozarabismo y a chamberlainismo, sus actuaciones en relación con el legado católico español evocan con facilidad tanto a Mendizábal como a la pasión incendiaria de la FAI: primero intentamos la vía de la expropiación y la venta con ventaja, después la del fuego. No así, curiosamente, en lo que respecta a las mezquitas, para las que siempre hay terrenos generosamente cedidos y transferencias de dinero saudí generosamente autorizadas.
A esta gente, la que dice gobernar España, le trae sin cuidado el pasado, los edificios en los que vivió el espíritu, los documentos del bien y del mal, los conventos y los incunables, el laboratorio de Cajal o el paradero de los restos de Colón. ¿Por qué les va a inquietar nada de eso si no les tiembla la mano a la hora de cerrar o abrir los grifos de los ríos a voluntad de Carod? No vuelan todo eso a la manera jemer o a la manera talibán, como si fuesen los budas de Bamiyán, en parte porque han descubierto que los guiris despistados pagan por verlo y en parte porque hacerlo es caro, electoral y financieramente. La dinamita, como bien saben algunos jueces, cuesta lo suyo. No lo vuelan, pero lo malversan; y no sé si no es peor.
El tercero tiene que ver con la debilidad de la Iglesia española –cuyas causas de fondo ignoro–, que sin duda ha sido y es buscada en la inacabable campaña de propaganda llamada "de recuperación de la memoria histórica", es decir, de exaltación del viejo anticlericalismo y de recapitulación permanente de culpas eclesiásticas, entre otras cosas. Creo que en ningún otro país occidental se ha hecho propaganda anticatólica con la intensidad y la virulencia con que se ha hecho y se hace en España. Y ningún Gobierno europeo desde 1945 se ha enfrentado con la Iglesia como lo ha hecho el de Zapatero: hay una página en la que se puede ver en detalle la cronología de esa relación.
También creo que en ningún otro país occidental estaría pasando desapercibido un problema como el del Monasterio de Montsió, propiedad de las dominicas, de los católicos, de los españoles, en manos del ayuntamiento en el que dio sus primeros pasos hacia el Congreso Carme Chacón, mujer de meteórica carrera y gran poder de seducción, pero temo que excesivamente secularizada para la sensibilidad de las monjas.
Esas monjas dominicas, por cierto, tienen su web y necesitan apoyo en la batalla que libran en nombre de todos: http://www.esplugues.com/montsio/.
Gracias.