Cierto es que en España siempre ha habido un sector de la opinión pública pacifista y estatista, blandeador y contemporizador, pero ahora su líder campa por sus respetos a la cabeza del Gobierno, entre el balido aprobador y el silencio pusilánime de los corderos.
Fíjense que he dicho "estatista", porque los blandos consienten en que el Estado se rinda en su nombre ante los grupos de matones que defienden sus rentas a costa del interés de la mayoría. Ejemplos recientes abundan. Recordemos cómo ha defendido el Gobierno la opa de Gas Natural sobre Endesa frente a la contraopa de E.ON, por empeño catalanista del ministro de Industria, Sr. Montilla, a quien el consejero económico de Zapatero, Miguel Sebastián, ha proclamado gran liberal hace unos días.
En un artículo anterior preguntaba yo: "¿Ganará el Gobierno español esta batalla tan mal planteada? ¿Son legales los decretos obstruccionistas del Gobierno? ¿Son éticas esas medidas? ¿Favorecen la tan mentada Agenda de Lisboa, cuyo objeto es hacer más competitiva la economía europea? ¿Se beneficiará de todo ello la economía española?". La respuesta a todas esas preguntas está resultando ser que no, pero el mal no se consumará porque el mercado parece tener una conciencia mucho más viva de lo que conviene que la silenciosa ciudadanía. ¿Se tendrá en cuenta a Montilla tamaña metedura de pata? La respuesta es, también, que no.
También podría recordarles el ridículo papel del Gobierno español en la cuestión de la OPA de Mittal sobre la productora de acero hispano-franco-luxemburguesa Arcelor. Los ministros de Industria de los países concernidos querían mantener el poder político que aún ejercían sobre sus acerías recién privatizadas, sin darse cuenta de que en realidad estaban defendiendo las rentas de gestores poco atentos al interés de los accionistas. Otra vez lo mismo: los accionistas han forzado una solución económica contra la político-sindicalista del Gobierno, al que la opinión pública parece haber concedido la bula de la Santa Cruzada.
En dos asuntos recientes ha vuelto a manifestarse la misma actitud acomodaticia de la opinión ante la rendición incondicional del Estado frente a rentistas y defensores de situaciones privilegiadas: Iberia y Radio Televisión Española. La intervención pública en Iberia en defensa de intereses bastardos se pasa de la raya. Primeramente fue la entrada de Montilla como caballo en cacharrería, cuando la compañía aérea decidió reducir sus vuelos en el aeropuerto de El Prat, vista la competencia que, gracias a Dios, le están haciendo otras compañías. La opinión catalana, que aún no ha entendido que Iberia es una compañía privada, vio en esa decisión la larga mano de un "Madrit" siempre dispuesto a dañar a Barcelona. El ministro Montilla –ahora envuelto en la cuatribarrada en vez de en la roja y gualda– decidió regalar a Iberia unos terrenos públicos (mejor dicho, del público) en el aeropuerto catalán para incitarla a no reducir su actividad allí, una decisión que daña a las compañías aéreas competidoras de Iberia.
Aún más grave y revelador ha sido el acuerdo entre Iberia y su sindicato de pilotos, el Sepla. En este caso la ministra de Fomento ha intervenido para conseguir que los pilotos desconvoquen la huelga, a cambio del compromiso de la aerolínea de no presentar expediente de regulación de empleo de pilotos ni llevar a cabo despidos durante la vigencia del acuerdo, hasta el 31 de diciembre de 2010. Ese acuerdo ha evitado pérdidas para la compañía y molestias para los pasajeros, dicen los acomodaticios. Pero ¿tiene razón la ministra al considerar el pacto como "un éxito"? Pues no. Para hacer de la economía española un sistema capaz de verdadera competencia y sano crecimiento sería necesario romper el poder dañino de algunos sindicatos como el Sepla. Los pilotos tienen que comprender que no son quién para decidir la estrategia de Iberia, y que sus privilegios son los que pueden hundirla.
Igual debilidad ha mostrado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) al conceder las prejubilaciones y las bajas incentivadas propuestas para reducir la plantilla de RTVE y legalizar, ante la Comisión Europea, otra ayuda más del Ministerio de Economía. Si el Ente Público fuera una empresa normal en curso de reestructuración, las bajas incentivadas serían a costa de los accionistas y la prejubilación de los 52 hasta los 65 años, un dispendio a costa de todos los españoles. Pero en el caso de esta corporación pública tanto dan prejubilaciones como bajas: todo lo financia el público.
Mi pregunta es: ¿qué habría importado una huelga en RTVE? Nada, pues hay otras cadenas privadas a las que el público puede acudir. Esta debilidad negociadora no es sino un síntoma del deseo enfermizo de diálogo y acuerdo social evidenciado por Rodríguez Zapatero.
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