Durante todo ese tiempo, los sucesivos alcaldes socialistas, Narcís Serra, Pasqual Maragall y Joan Clos han ignorado sistemáticamente, una tras otra, todas las peticiones para que se retire esa placa que han realizado los barceloneses que se avergüenzan de serlo cuando pasan delante de ella. La última protesta se produjo el pasado martes. La suscribía, entre otras entidades cívicas, la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Cataluña. No les han contestado. Como todos los que los han precedido, seguramente no tendrán una respuesta nunca. Ese mismo día, mientras los familiares de los fallecidos en Hipercor escuchaban el silencio municipal, en otro punto de la ciudad y visiblemente afectado un concejal de Esquerra Republicana, Jordi Portabella, prometía reparar urgentemente la que, para él, sí es una afrenta intolerable en el nomenclátor de la ciudad: a Copito de Nieve le será dedicada una plaza en el tiempo más breve posible.
La noche electoral, Carod Rovira se desgañitaba a gritos desde el estrado “para que se enteren en Madrid”. Pero se esforzaba en vano. En Madrid, hace veinticinco años que casi nadie quiere escuchar lo que se dice en Barcelona. Por ejemplo, Zapatero afirma estar dispuesto a suscribir cualquier iniciativa que acuerde en Cataluña el Maragall que rinde honores a Sabino Arana con el Carod Rovira que es íntimo de Juan José y con el Artur Mas que no se cansa de repetir que el PNV es su homólogo en Vascongadas. Por mucho que grite Carod, no se quiere entender que el plan de ETA y de Ibarretxe que se firmó en Estella no sólo cuenta con la connivencia activa del sector cejijunto de Izquierda Unida en el resto de España. Porque el partido de Sabino Arana, uno de los padres fundadores de la extrema derecha europea, no únicamente despierta la simpatía no disimulada de demasiados progresistas españoles, sino que dispone del respaldo prácticamente unánime de la izquierda catalana.
Zapatero está dispuesto a firmar cualquier cosa que proponga Maragall desde Barcelona. Y Maragall está dispuesto a firmar cualquier cosa que signifique la institucionalización de la desigualdad entre los ciudadanos, en función de en qué territorio de España tengan fijada su residencia. El nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán, siempre se han mirado de reojo. Secularmente el uno ha seguido los pasos del otro. El PNV quiere ahora romper España, pero antes exigió —y consiguió— romper la solidaridad fiscal entre los españoles. Esquerra Republicana también quiere ahora romper España, pero antes se plantea alcanzar el objetivo de volver a romper otra vez los principios fiscales que hacen de una nación algo diferente a una comunidad de propietarios. Y Maragall quiere ir de la mano de Esquerra Republicana en Cataluña. Y Rodríguez Zapatero quiere ir de la mano de Maragall en España. Da igual lo mucho que grite Carod para que se enteren en Madrid. Por lo menos en la calle Ferraz, nadie parece dispuesto a escucharle.
Zapatero está decidido, y ésa va a ser la gran paradoja del PSOE en los tiempos que se avecinan, a pasear una gran pancarta exigiendo la desigualdad entre los ciudadanos como principal objetivo programático y seña de identidad fundamental de la izquierda. Porque eso es lo que le van a exigir que firme ERC y Maragall, si llegan a ese acuerdo para formar Gobierno juntos que tanto ansían en la Ejecutiva Federal. Y si no, también. De hecho, la de la desigualdad ya es la única bandera, además de la catalana, que exhiben los socialistas en Barcelona. Así, la contradicción insalvable entre la retórica del igualitarismo para las personas y el discurso de la asimetría entre los territorios en los que se asientan esas mismas personas, empieza a adoptar ribetes que, de momento, se limitan a lo cómico. Por ejemplo, uno puede leer a Joaquín Estefanía en El País felicitándose por la defensa de la “dignidad de los impuestos” que está llevando a cabo Cándido Méndez desde la UGT, ya que “los impuestos son el justo precio de una sociedad responsable, deseosa de conservar una cohesión social que forma parte del progreso”; y, dentro del mismo periódico, ver la foto de Josep Maria Álvarez, el asturiano que lidera la UGT de Cataluña, presidiendo el acto de constitución del “Colectivo para la Corrección del Desequilibrio Fiscal de Cataluña con el Estado Español”. No lejos del primer artículo, en esta otra página del diario independiente se informa a los lectores de que Josep y otros progresistas, como Paco Candel o el actor Joan Joel, denunciaron al redactor del diario que cubrió la presentación que, anualmente, cada familia catalana entrega 9.000 euros al “Estado español”, sin ninguna contrapartida a cambio. No aclara el rotativo de PRISA si el cálculo de esos números lo hizo Paco, Josep o un tercero, pero lo que debe hacer pensar a esa izquierda sociológica que lee El País no deben ser los números, sino el número en sí.
Zapatero parece estar dispuesto a levantar en España la misma bandera de la insolidaridad que la extrema derecha de Umberto Bossi pasea por Italia. La misma que ya le parece insuficiente al partido del fundador de la extrema derecha en el norte de España, ése que recibe homenajes de los socialistas en Barcelona. La de generalizar los privilegios fiscales que permiten, por ejemplo, que el gasto público per cápita sea en Vascongadas un 35 por ciento más alto que en Cataluña. Ese estandarte de los fueros locales, de una nueva Edad Media, si finalmente el segundo partido nacional lo iza, puede que no acabe con Zapatero, pero podría acabar con España. Si llegase a ocurrir, sería una muerte consciente, asistida, deliberada. Por eutanasia, como la del llorado Copito.