Ante estas dificultades, y a instancias de personajes como Carlos Martinez, ex presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y nuevo secretario de Estado de Investigación, el Gobierno ha adoptado una política de huida hacia delante. En su segundo debate con Rajoy, Zapatero afirmó: "Vamos a aumentar en 50.000 el número de investigadores". Pero lo más inaudito es que Emilio Botín se haya sumado a este coro, al manifestar recientemente en la Universidad de Valencia: "Necesitamos incorporar 40.000 científicos e ingenieros a actividades de investigación y desarrollo".
¿Adónde se van a incorporar? ¿Al CSIC y al Banco de Santander? Sería magnífico que se registrara un progreso palpable en la incorporación de investigadores al sector privado, pero no es el caso. Aunque en su primera legislatura el Gobierno Zapatero ha más que duplicado el presupuesto de I+D, este aumento se ha canalizado hacia el sector público: más becas doctorales y posdoctorales, más plazas en el CSIC, etc. Se ha generado así un número apreciable de doctores en ciencias e ingenierías que al terminar los estudios no pueden encontrar un empleo estable en el sector público o en el privado. Esto es la clave y la razón por la que existe la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios, integrada por doctorandos y nuevos doctores que, angustiados, organizan manifestaciones callejeras para reclamar más empleo público.
Es denigrante que una persona con un doctorado tenga que salir a la calle a manifestarse por un empleo. Yo sugiero a los señores Zapatero y Botín que se esfuercen en facilitar empleos estables a los investigadores existentes, antes de reclamar la incorporación de decenas de miles de nuevos investigadores a no se sabe dónde.
El Gobierno sigue aumentando los recursos dedicados a la I+D pública. Pero la limitación de los recursos públicos supone que las Administraciones sólo pueden ofrecer puestos temporales a la mayoría de los investigadores (contratos posdoctorales, contratos Ramón y Cajal de cinco años, etcétera). Esto conduce a un callejón sin salida, porque al final persiste el problema fundamental: el Gobierno español, como el de cualquier otro país normal, no tiene los medios para ofrecer empleos públicos permanentes a todos los investigadores.No hay otra salida: o se desarrolla y crece la investigación en el sector privado, o la investigación no despegará. Los tres países europeos que dedican más dinero a la I+D como porcentaje del PIB son Suecia (3,73%, con una participación del 68% del sector privado), Finlandia (3,45%, con un 70% del sector privado) y Suiza (2,9%, con un 67% del sector privado). El aumento de la I+D pública puede ser contraproducente, porque los recursos dedicados a ella, tanto los humanos como de capital, se retraen del sector privado y sólo puede desembocar en una gran burocracia funcionarial y estéril.
A los doctores en ciencias y tecnología suizos y alemanes también les gustaría trabajar en instituciones públicas de élite, como la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), donde un profesor distinguido gana unos 200.000 euros anuales, o la Sociedad Max Planck alemana, donde los sueldos de los investigadores sénior alcanzan los 140.000 euros; pero sus plazas son muy limitadas y la gran mayoría tiene que emplearse en la industria privada (Novartis, Siemens, Nestlé, etcétera). Los investigadores norteamericanos que eligen campos esotéricos como la física de partículas, los cuales dependen exclusivamente de la financiación gubernamental, son conscientes de la inseguridad laboral que esto implica. En el presupuesto de 2008 el Congreso ha reducido la asignación del laboratorio Fermilab de Chicago de 372 a 320 millones de dólares. Como consecuencia, el director de Fermilab ha anunciado el despido de 200 empleados, el 10% del personal, y decidido que los investigadores que permanezcan tendrán que aceptar dos días al mes sin sueldo.
El año pasado 1.479 investigadores solicitaron el ingreso en el Ramón y Cajal, la mitad que en 2001, cuando se creó este programa de contratos de cinco años para recuperación de científicos. Sus responsables achacan este descenso a la caída de vocaciones científicas. Esto es natural, puesto que, después de cuatro o más años de trabajo duro para hacer una tesis, el nuevo doctor se encuentra con un horizonte cerrado de contratos posdoctorales, contratos temporales en el extranjero, etc.
Ante esta situación, un responsable del CSIC sugiere la solución: "Europa, y España, deben pensar en hacer una política de seducción, de atracción, para importar científicos de otros continentes como lo lleva haciendo tanto tiempo Estados Unidos" (El País, 18 de marzo). Esto es una falacia, porque, aunque es verdad que desde los años 30 EEUU ha atraído y sigue atrayendo a un número considerable de científicos de todo el mundo, ello es debido a las oportunidades profesionales existentes, materializadas en empleos permanentes y no precarios, ya sea en las universidades o en la industria.
O sea, que los investigadores españoles sufren el flagelo de la precariedad laboral y se propone como solución contratar a científicos extranjeros. La falta de progreso en el aumento de la investigación privada ha creado en los jóvenes investigadores una mentalidad deformada, por lo que reivindican continuamente del Gobierno la solución de todos sus problemas. Esto conduce a la pérdida de valores universales, como no querer considerar que un doctorando es un estudiante. ¿Qué es si no? Según ellos, un trabajador con derecho al paro. ¿Qué pasa si su rendimiento académico no es satisfactorio y hay que expulsarlo del programa? ¿Tiene que cobrar el paro?
¿No es cierto que la investigación es una vocación? ¿Cómo es que los/as jóvenes aspirantes al doctorado pueden estar pensando en el permiso retribuido de paternidad/maternidad? Esto se debe en parte a que hay una directiva de Bruselas que aboga por estos derechos. La Comisión Europea debería abandonar sus tendencias soviéticas y dejar de reglamentar las universidades y la investigación, ámbitos que por su naturaleza tienen que ser autónomos y gobernarse a si mismos. Una famosa catedrática actual de física e ingeniería del MIT tuvo cuatro hijos y con ocasión de los nacimientos dejó de ir a su laboratorio durante menos de una semana. Por supuesto, es un caso excepcional, pero fue ella quien tomó estas decisiones. Los investigadores en formación deben ser personas creativas e independientes, y no adoptar como propios los valores promovidos por una burocracia.
Si el problema fundamental de la ciencia y la tecnología en España es la casi inexistencia de I+D en el sector privado, los recursos crecientes del país deben destinarse a su fomento, y no a aumentar los presupuestos de organismos como el CSIC. No es viable aumentar el número de investigadores mediante la expansión de programas doctorales y posdoctorales si al final de los mismos hay que crear empleos públicos para evitar que la mayoría vaya al paro.
Un ejemplo para posibles iniciativas del Gobierno español es una institución pública americana que acaba de cumplir cien años de éxitos: el National Institute for Science and Technology (NIST). Una de las actividades principales del NIST en apoyo de la innovación son las Asociaciones de Tecnologías Avanzadas (ATA), con las que se financian proyectos de interés para la industria. Las prioridades de investigación para las ATA son establecidas por las empresas privadas, sobre la base de su conocimiento del mercado. Las compañías privadas formulan, proponen, cofinancian y ejecutan proyectos ATA en colaboración con universidades, organismos independientes de investigación y laboratorios nacionales.