La explicación bonita que suelen dar los políticos es que el impuesto que cobra el Gobierno a los ricos se gasta en obras sociales y, por lo tanto, beneficia a los pobres. Por eso, supuestamente, gravar en forma progresiva los ingresos de "los ricos" es una manera de redistribuir la riqueza y de hacer justicia "social".
Ese análisis es ingenuo y superficial. El análisis verdadero y correcto es muy diferente, y aquí explico por qué el impuesto progresivo a los ingresos de los ricos es el que, paradójicamente, más castiga a los pobres, quienes supuestamente no resultan afectados, sino beneficiados.
Primero debemos definir quién paga realmente un tributo. Por ejemplo, ¿quién paga el impuesto sobre la gasolina? ¿El gasolinero, que entrega el dinero al Gobierno, o el cliente, que usó la gasolina y que, debido al impuesto, tuvo que reducir su capacidad de consumo de otras cosas? Esas "otras cosas" que ya no podrá consumir son el costo real del impuesto. El gasolinero no reduce su capacidad de consumo de "otras cosas", pues es un simple intermediario que recauda el tributo, pero ingenuamente se piensa que son los comerciantes quienes pagan esos impuestos sobre las ventas.
Obviamente, el impuesto sobre la renta progresivo reduce el ingreso de quienes tienen altos ingresos, pero eso no quiere decir que éstos reduzcan su consumo, porque lo cubren ampliamente con sus altos ingresos. Cuanto más alto es el ingreso de una persona, más susceptible de ser invertido es cada incremento del mismo, porque aquélla, después de cubrir sus gastos de consumo, ahorra o invierte los ingresos adicionales. Es decir, que las tasas altas del impuesto progresivo a los ricos se aplican a aquellos ingresos que tenderían a formar capital de inversión. Una mayor inversión resulta, primero, en una mayor demanda de mano de obra y, en consecuencia, mueve al alza los salarios; y, segundo, en fuentes adicionales de ingresos fiscales. De ahí que sea el consumo del pobre el que resulte más afectado cuando se aplican altos impuestos progresivos a los ricos, quienes necesariamente reducen sus inversiones, con lo que se resiente la capacidad de contratación de trabajadores adicionales.
Por otra parte, el impuesto progresivo a las empresas es, en realidad, un impuesto al rendimiento de las inversiones. Es difícil concebir algo que afecte más al incentivo a invertir que tener un impuesto progresivo al rendimiento. Esto es aún más incomprensible y destructivo en los países pobres, donde las dificultades y los riesgos son mucho mayores que allí donde invertir es más fácil y menos arriesgado.
Es muy triste apuntar que los países pobres son, típicamente, exportadores de capital económico y humano (emigración) por la falta de oportunidades para la inversión. De ahí que disminuir la productividad de la inversión, por ejemplo, en un 30% de golpe y porrazo sea una solemne tontería, bondadosamente hablando. Es, precisamente, esa falta de capital productivo y de oportunidades de trabajo lo que mantiene los salarios bajos en América Latina, y lo que causa la exportación de trabajadores a los países donde, irónicamente, se invierte el capital que exportan los países pobres.
Claro que esos países tienen también impuestos al rendimiento de la inversión, pero no padecen de las otras desventajas de un país mercantilista, sin pronta e imparcial justicia: los mercados reducidos y las aduanas, que entorpecen la producción y aumentan el costo de la vida.
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