Sumadas las personas sensatas que han respondido al llamamiento de Mariano Rajoy –populares, víctimas de ETA, hartos y cabreados en general–, parece ser que son más que los católicos que en España son, que no son pocos. Todos ellos, dos millones en la calle, diez en las urnas la última vez que se dispuso de ellas, han sido tachados por la vicepresidenta (una de las veinticinco mujeres más horripilantes de España, según una revista que jamás compro pero que esta vez dice una verdad) de "ignominiosos y obscenos".
Eso, ignominiosa y obscena, le pareció a la señora, o señorita, la reacción del Partido Popular ante la excarcelación fáctica del asesino De Juana Chaos (¿qué tendrá ese tío en la cabeza para hacer reivindicaciones étnicas euskaldunas con esos apellidos, el primero tan mesetario, tan gallego el segundo?). Y, a pesar de eso, la reacción del Partido Popular es la de una importante mayoría de españoles: el 60%, según el pulsómetro de la SER, que no es la cadena de Rajoy. Hasta El País se le puso (moderadamente) en contra a la De la Vega.
Lo más curioso es que se le ocurrió decirlo en una semana muy especialmente obscena e ignominiosa, en la que asistimos a la siniestra declaración de Cartagena, ése que dice que un policía dijo: "Como el moro éste hable, la hemos cagao". Una semana en la que presenciamos los arrumacos hispano-marroquíes y entregamos de modo definitivo el Sáhara a Mohamed VI. En la que se reveló un acuerdo entre Zetapé y Zetaprodi para que una empresa del Estado italiano nos salve de los alemanes de E.ON comprando acciones de Endesa con un entusiasmo digno de mejor causa. ¿Nos estaremos italianizando, estaremos en la pendiente de la cleptocracia consentida y de la prescindencia general de la política y el Estado? Al parecer, a eso tiende el Gobierno, pero no la mayoría de los españoles.
A todo esto, una parte importante de la prensa, con prestigiosos columnistas a la cabeza, tal vez por aquello de que no se sabe qué va a pasar dentro de media hora, ha optado por tirar por la calle del medio: cada vez que hacen una crítica al PSOE, la hacen también al PP. Una de cal y otra de arena, por si las moscas. La fórmula empleada es: "Los dos grandes partidos nacionales...". Se trata de una fórmula perversa (en la que yo también he caído alguna vez), porque en España no hay dos, sino tres grandes partidos nacionales: el PSOE, el PP y los nacionalistas, y son estos últimos los que tienen en la mano la posibilidad de desconocer la voluntad mayoritaria de los españoles.Recordarán ustedes la historia del tripartito catalán, primero con el desafiante y mediocre Maragall, ahora con el sombrío Montilla. Por dos veces, el partido más votado en las elecciones autonómicas (por la mitad de la población que vota) ha sido CiU. En buena ley, fuera cual fuese la relación de fuerzas en el Parlamento autonómico y en las consejerías, Artur Mas tendría que haber sido presidente de la Generalitat. Pero los pactos del PSC con ERC y con IU han decidido lo contrario. Pues lo mismo puede ocurrir en el plano general de España. (Otro dato a sumar si se quiere abonar la tesis de la italianización de nuestra política, añadida a su argentinización). Ignominioso y obsceno.
O los diez millones del último recuento se convierten en muchos más y el PP tiene mayoría absoluta en el Congreso, o los otros dos grandes partidos, es decir, el PSOE y sus aliados nacionalistas, desconocerán la voluntad mayoritaria una vez más. Y no se trata de una especulación circunstancial, sino de la política de Zapatero, que poco a poco va dejando de ser el presidente de la sonrisa boba y empieza a mostrarse con su ceño de burócrata venido a más.
El tío éste quiere PRI, setenta años de PSOE en el poder, y ha hecho el montaje adecuado con los nacionalistas. Véase el caso gallego: si Paco Vázquez hubiese sido el candidato socialista a la presidencia de la Xunta, no cabe la menor duda de que podía haber ganado las elecciones y estar ahora gobernando en solitario; pero Zapatero no quería eso: quería cogobernar con el BNG (esa organización de comisarios stalinistas propalestinos que ahora persigue a su afiliado Pedro Gómez-Valadés por haber fundado una asociación de amistad Galicia-Israel), con el aliado nacionalista que, a cambio de una parte del poder en Santiago de Compostela, votará en el Parlamento de Madrid cuanto dislate se le venga a las mientes al mago de la alianza de civilizaciones. Ignominoso y obsceno.
Todo lo cual implica que no sólo "los dos grandes partidos nacionales" no son dos, son tres, sino que uno de ellos, el PP, está solo y el otro, el PSOE, no: tiene la compañía de los grupos nacionalistas, escandalosamente sobrerrepresentados en el Congreso. El Pacto del Tinell ha funcionado en toda España.Supongamos, con el mejor de los ánimos, que Mariano Rajoy llega a presidir el Gobierno en 2008 (sospecho que no antes, por mucho que se reclame un adelanto de las elecciones). Sin mayoría absoluta, tendría que gobernar con una mayoría de diputados hostiles que no le dejarían pasar uno solo de sus proyectos legislativos, por otra parte tan necesarios: por ejemplo, la reforma de la Ley del Suelo, madre de todas las corrupciones. Desde luego, no podría contar con el Poder Judicial, que ha perdido toda independencia al convertirse en representación de las proporciones del Legislativo, si bien con un matiz todavía: en la judicatura española sólo el PSOE coloca gente, con el aval de los nacionalistas, quienes, por otra parte, en un alarde de premodernidad, pretenden tribunales supremos propios. ¿Y qué puede hacer el Ejecutivo teniendo en contra a los otros dos poderes?
Se me dirá que Bush está gobernando con una mayoría demócrata en el Congreso; pero ahí hay dos siglos y cuarto de práctica democrática, no hay representantes anónimos ni listas cerradas y en ninguno de los dos grandes partidos (que sí son dos) hay absoluta unanimidad respecto de todos los asuntos. Aquí no. Aquí tenemos un sistema ignominioso y obsceno, en el que votamos a perfectos desconocidos sabiendo que el cabeza de lista es el que cuenta, porque los demás se ceñirán a la disciplina de voto (véase el caso de Alfonso Guerra frente al Estatuto de Cataluña) y no aparecerán diferencias explícitas (implícitas sí: el infarto de Joaquín Leguina en la misma ocasión).
Así, el PP no debería ir a ganar las próximas elecciones generales, sino lanzarse a por la mayoría absoluta y, una vez en el Gobierno, empezar por la reforma de la ley electoral, acabando con las listas cerradas y con los beneficios contables de los partidos nacionalistas: un hombre, un voto; un representante, unos representados. ¿Será posible?
¿Será posible que el PP emprenda un saneamiento y una actualización de la democracia por el camino de una reforma constitucional que limite las ignominiosas y obscenas perversiones actuales?