Hace más de dos décadas, a un paisano suyo de León que ha sido ministro de casi todo, Martín Villa, lo llamaban el sastre porque siempre que abría la boca, invariablemente, era para comunicar que iba “a tomar medidas”. De forma inquietante, a Zapatero empieza a pasarle lo mismo: no para de anunciar las suyas; ésa de los ordenadores es la penúltima. De todos modos, en su descargo, hay que admitir que el furor compulsivo por adelantar medidas que padecen todos los estadistas que genera la provincia de León tiene un algo contagioso. Tanto que, tras oír durante un rato al del Bierzo en los telediarios, yo mismo no me pude resistir al impulso de tomar las mías inmediatamente. Así, después de armarme con una cinta métrica, me sentí empujado a comprobar la superficie de un pupitre escolar. Para llevar a cabo esa empresa, hube de colarme en el aula donde intenta desasnar a sus alumnos un amigo y elegir una mesa cualquiera, al azar. Porque, como todo el que haya ejercido la docencia alguna vez sabrá, esas pequeñas mesitas verdes de patas metálicas repiten la aburrida monotonía de sus proporciones en absolutamente todas las clases de absolutamente todos los centros docentes de España. Pues, bien, una vez adoptadas mis personales medidas, pude comprobar que el resultado de la investigación era menos absurdo que la fiebre repentina que me había llevado a emprenderla. El caso es que el mueble mide setenta centímetros de ancho por cincuenta de largo. Y ahí empieza el problema: los millones de ordenadores escolares que se amontonan en la cabeza de Zapatero, los pongas como los pongas, no hay manera de que quepan en esas mesitas. El dilema es claro. Como la “apuesta” por la educación que supone la iniciativa anunciada por Zapatero no puede ser full, o habrá que tirar a la basura todos los pupitres de España, o deberemos comprar unos cuantos ordenadores portátiles de última generación; concretamente, dos millones ciento cincuenta mil microprocesadores, y asumir de paso que, el día que los fabricantes japoneses nos envíen copia del albarán, nos habremos convertido, junto a Francia y Alemania, en el tercer Estado gamberro de la Unión que no cumple los compromisos de Maastricht.
Volviendo al asunto de las mesitas verdes, hay que reconocer que su arquitectura no es arbitraria. Ofrecen el espacio adecuado para desplegar una libreta y poder escribir con soltura en ella. Además, están tan bien diseñadas que todas las aulas que se han construido en España durante los últimos veinte años se han pensado teniendo en cuenta que se llenarían con esas tablas rectangulares que se apoyan en cuatro hierros, y no con otras. Si las mesas fueran más grandes, no cabrían los veinticinco alumnos para los que fueron concebidos esos espacios. En consecuencia, o se mantienen las mesitas verdes, o se tendrán que construir inmediatamente varios miles de escuelas para realojar a los púberes que, tras su eliminación, ya no quepan en los centros actuales. Aunque, pensándolo bien, si el presidente Zapatero se inclinara por los pupitres que ya tenemos, tampoco habría dónde meter a dos millones ciento cincuenta mil alumnos. La razón es que las salas de ordenadores de los institutos acostumbran a tener las puertas blindadas; cuando no es así, se suele identificar una tendencia a, como diría Maragall, la deconstrucción de las máquinas. O sea, que habrá que fijar cada portátil a su mesa con varias cadenas. Eso más un guardia de seguridad en cada entrada podría hacer pensable que todavía quedase algún PC dentro de los centros antes de llegar a fin de curso. Pero si una de cada dos mesitas va a estar ocupada por un Toshiba, uno de cada dos alumnos no dispondrá de un espacio en el que poder apoyar su cuaderno escolar cuando el maestro, por ejemplo, le ordene que dibuje el rabo de la “o”.
Hasta el momento de redactar este artículo, ni el inductor intelectual de la LOGSE, Álvaro Marchesi, ni el grupo de notables que se acaba de constituir en Ferraz para asesorar al presidenciable han filtrado cuál será su apuesta frente a este nuevo reto, pero hay que suponer que Zapatero debe estar a punto de anunciar una batería de medidas al respecto.
Más tarde, cuando lo de la mesita y lo del guardia de seguridad ya esté resuelto y financiado, la comunidad educativa tendrá que asumir otro desafío, el de las redes. Porque si la España plural va a funcionar en red, los ordenadores de los niños no van a ser menos. De eso se encargarán, como hasta ahora, los “coordinadores de informática”; es decir, los profesores de gimnasia, catalán o de cualquier otra materia que acepten el cargo. Los informáticos seguirán sin hacerlo por una razón sencilla: en nuestro sistema educativo no hay informáticos. El pacto de sangre por la igualdad que han sellado los sindicatos y la mayoría progresista de los cuerpos docentes obliga a que todos los profesores estén igualmente mal pagados. En consecuencia, ningún ingeniero informático que se precie velará por el funcionamiento de los ordenadores del presidente Zapatero. Así que el mantenimiento de las conexiones inalámbricas, imprescindibles dentro del nuevo paradigma pedagógico para aprender a leer y escribir, recaerá, como es tradición, en el último funcionario que se incorpore a cada centro, probablemente el titular de “Historia de los Pueblos de España”.
Resuelto ese último escollo, Zapatero habrá de anunciar qué presiones diplomáticas piensa adoptar frente al agravio de los países asiáticos que prohíben terminantemente a sus estudiantes el uso de calculadoras, de todas las ideas de Marchesi y de ordenadores en las clases. En concreto, deberá exigir alguna explicación al hecho de que sean precisamente esas naciones las que ocupan los primeros lugares en todos los estudios comparativos sobre los conocimientos de los escolares en los distintos países del mundo. Aunque tal vez no sería aconsejable que lo hiciera. Esos orientales son muy listos y tienen mucha cabeza. Sentados detrás de sus pupitres verdes, podrían replicarle con la incómoda pregunta de cómo se puede encargar el Gobierno de España de los ordenadores escolares, si la responsabilidad sobre el equipamiento material de los centros y, en general, todas las competencias sobre Educación han sido transferidas ya a las Comunidades Autónomas.