Galicia y los retos de la Nación española

 

A la hora de hacer un análisis de qué puede ocurrir en Galicia conviene recordar cuáles son los datos de partida. Son los siguientes. En primer lugar, la situación y posición del Partido Popular. El PP es el partido más importante de la región, y tan es así que por sólo 7.000 votos no revalidó su mayoría absoluta para seguir gobernando.

 

La herencia que ha dejado Fraga en el PP es agridulce. En efecto, si, por un lado, nadie puede poner en cuestión que la gestión administrativa de Fraga ha sido sobresaliente (a pesar de todas las sombras que se pueden encontrar en todos los gobiernos) y ha producido el mayor cambio que ha conocido Galicia en su historia, su política ha sido confusa. Al mismo tiempo que, sin complejos, manejaba una retórica en la que estaba siempre presente la unidad de España, en su práctica y en sus propuestas políticas Fraga ha contribuido a debilitarla. Así ha ocurrido con su vanidosa pretensión de tener una "política exterior", con su política lingüística filonacionalista o con sus absurdas propuestas de "administración única" y de "reforma del Senado".

 

Así pues, el primer reto del joven sucesor de Fraga será, sí, reivindicar una gestión administrativa en la que él mismo ha participado, pero tener mucho cuidado con la herencia política en la que no ha tenido parte. La singularidad de la política de Fraga pudo verse, irresponsablemente, con simpatía cuando contradecía al Gobierno socialista de González, pero el vector "autonomista" de esa herencia es una bomba de relojería cuando el Gobierno de Rodríguez se propone liquidar la Constitución.

 

¿Cuál de esos dos discursos de Fraga, el unitario o el autonomista, va a asumir Núñez Feijoo? Al decidir esta cuestión, creo que Núñez Feijoo debe recordar que era la retórica unitaria (que asumía más que nadie) y no la autonomista (que, con matices, asumían los otros dos partidos, el socialista y el nacionalista) la que dio votos a Fraga.

 

En segundo lugar, el PSOE se encuentra en una situación muy ambigua. Salvo algunos elementos aislados, la mayoría de los militantes y cuadros de Galicia eran poco proclives al nacionalismo. Esta situación ha cambiado desde que Maragall obtuvo el gobierno de la Generalidad de Cataluña. Desde entonces, Touriño se rodeó de ideólogos y sociólogos que no han dejado de insistirle en la conveniencia de girar hacia el nacionalismo. Tan es así que el texto patrocinado por el que pasa como ideólogo "oficial" de Touriño para "reformar" el Estatuto de Galicia: Bases para a reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia, no hace sino repetir los principios básicos de la "reforma" estatutaria catalana.

 

Sin embargo, esta línea nacionalista se muestra vacilante en las últimas semanas; como no podría ser de otra manera, a la vista de las enormes tensiones que se están generando en el Gobierno bipartito.

 

Dichas tensiones están mostrando algo evidente para cualquier persona con sentido común: que añadir más "nacionalismo" al Estatuto tendrá como principal beneficiario político y electoral al BNG, que verá así legitimado masivamente un discurso que incluso hoy, que está en el Gobierno autonómico, roza la radicalidad y marginalidad política.

 

El BNG, por su parte, vive una situación paradójica: en la mayor debilidad electoral de los últimos 15 años, se encuentra gobernando la comunidad autónoma, y además se beneficia del discurso progubernamental adulador de la desnacionalización de España patrocinada por el presidente Rodríguez. Así pues, el BNG, con el menor apoyo electoral en muchos años, goza de la mayor "legitimación mediática". Y es que no se puede aplaudir al presidente Rodríguez (especialmente en sus maniobras anticonstitucionales en torno al estatuto catalán) y descalificar al BNG, que defiende prácticamente lo mismo.

 

En este contexto, se corre el riesgo de que la política de Rodríguez acabe beneficiando al BNG en detrimento del propio partido socialista, y creo que por eso Touriño pareció emprender un discurso menos nacionalista. Sin embargo, la mansa aceptación del diktat de Rodríguez sobre el nuevo estatuto catalán le deja en una situación bastante desairada.

 

 

Nadie duda de que, si se consuma la destrucción de la Constitución que conlleva la aprobación de la "reforma" estatutaria catalana, volverá a emerger la "ley histórica" del "Estado de las Autonomías", a saber, que todo lo que obtiene una región lo terminan obteniendo las demás. Esa "ley histórica" es la que se intentó juridificar con la llamada "cláusula Camps" en el proyecto de reforma del estatuto valenciano.

 

Hasta ahora, esta "ley histórica" se ha podido cumplir porque el armazón jurídico del Estado ha podido persistir, a pesar de las amputaciones que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha operado en el Estado central (con decisiones tan graves como las de vaciar de contenido el principio de supletoriedad del Derecho estatal y reconocer a las Comunidades Autónomas competencia en la administración de Justicia o un ámbito de actuación exterior). Sucedía que el Estado de las Autonomías, aunque políticamente funcionara con mecanismos de bilateralidad respecto a algunas regiones (en momentos en que la mayoría parlamentaria era tributaria de ciertos partidos nacionalistas), jurídicamente mantenía su estructura multilateral, de forma que las reglas jurídicas sólo operaban en un marco en el que jugaban, por un lado, el Estado y, por otro, todas las Comunidades Autónomas conjuntamente.

 

Ahora bien, la aprobación del nuevo estatuto catalán rompe con todo esto. Y es que la consecuencia práctica del soberanismo del Estatuto (inherente al reconocimiento de Cataluña como "nación") es que la relación del "Estado español" con Cataluña será jurídicamente bilateral y ya no se hará en el marco jurídico de todas las demás Comunidades Autónomas. En este contexto, la "ley histórica" de generalizar a todas las Comunidades Autónomas lo obtenido por Cataluña tiene un efecto profundamente distinto al que tenía en el pasado.

 

Y es este fenómeno lo que hace de la "cláusula Camps" un gravísimo error político y jurídico. En efecto, si todas las Comunidades Autónomas asumen una relación "bilateral" con el Estado... ¡dejará de haber Estado! Y si deja de haber Estado, las Comunidades Autónomas tienen que plantearse, muy seriamente, su viabilidad política y económica.

 

Por supuesto, también esa viabilidad es cuestionable en el caso catalán. Pero el nacionalismo (Pérez Carod dixit) exige "sacrificios"; o lo que es lo mismo: habrá que aceptar una pérdida de bienestar económico y social para conseguir la independencia política. Resumiendo: más pobres, pero independientes. Ese es el programa del nacionalismo.

 

 

Sólo a la luz de lo anterior queda clara la trascendencia de las decisiones que se avecinan en cada Comunidad Autónoma. Si se continúa (en la línea de la "cláusula Camps") con la obtención para todas las comunidades autónomas de lo conseguido en Cataluña, el fin del Estado llevará como consecuencia ineludible a la degradación socioeconómica (y también, por cierto, de las libertades) en las demás regiones. Y aquí es donde entra en escena la decisión de optar entre proceder a una "reforma estatutaria" de acuerdo con la Constitución o a un "nuevo Estatuto" violando la Constitición.

 

Tácticamente, la ventaja juega en beneficio del que propone la "reforma estatutaria". Quien propone la "reforma" sólo tiene que justificar los motivos que le impulsan a introducir cambios concretos. Sin embargo, quien propone un "nuevo estatuto" tendrá que argumentar por qué el hasta ahora vigente no resulta aceptable. Y dado que no existe un "descontento social" con los actuales estatutos, la ventaja en el debate será de quien proponga una reforma.

 

Por lo demás, desde un punto de vista estratégico, la "reforma" es una apuesta por el  mantenimiento de la actual estructura del Estado, es decir, por la multilateralidad. Sin embargo, la idea de un "nuevo estatuto" no puede sino desembocar en un modelo similar al iniciado por el nuevo estatuto catalán, es decir, un modelo de bilateralidad. Y en la bilateralidad, en términos sociales, económicos y de libertades, que nadie lo dude, todas las regiones (incluida Cataluña), pero de entre todas Galicia, perderían más todavía.

 

Una decisión política favorable a los intereses de Galicia tendrá que ser también favorable a España. Sólo podrá ser un gran líder gallego quien tenga sentido de Estado.