Financiación transparente de los partidos políticos

Redes de medradores profesionales visitan los despachos de los dirigentes políticos, reparten regalos para ganarse sus voluntades, organizan fiestas y eventos y, en definitiva, aportan locales y cheques para financiar las campañas electorales o reforzar la organización. A cambio, esos sinvergüenzas, representantes de las cloacas que corroen la ética y el buen hacer de una sociedad, logran jugosas contraprestaciones por medio de regulaciones, resoluciones administrativas favorables a sus intereses económicos y adjudicaciones de obras, contratas, suministros, concesiones administrativas, subvenciones o ayudas varias obtenidas a dedo y, por tanto, de modo moralmente deleznable.

La financiación ilegal de los partidos políticos es una de las peores deficiencias que puede presentar una democracia, porque guía a sus instituciones por la ciénaga inmunda de la corrupción.

Han sido los ayuntamientos –con su financiación vía Ley del Suelo– los que han permitido la realización de las mayores tropelías administrativas en España, con expropiaciones y recalificaciones de terreno más que dudosas. Pero también operan mecanismos de financiación ilegal en los ámbitos nacional y autonómico, por medio de las adjudicaciones de los contratos públicos de obras, servicios o suministros, ya que suponen un suculento pastel para los medradores que se acercan a los políticos para tentar su avaricia y satisfacer sus desmedidas ansias de poder.

Cuando no está bien resuelta la financiación de los partidos políticos es imposible que exista libertad económica, entendida ésta como la libre interacción de los ciudadanos en mercados mínimamente regulados. Sin dotarse de una financiación transparente, nuestros políticos acaban buscando sus recursos financieros recurriendo al mejor postor, y, lamentablemente, suelen elegir el camino más directo y fácil, pero también más oscuro e inmoral. En vez de dirigirse a los individuos que dicen defender, se dirigen a sus redes clientelares de empresarios amigos, que financian sus campañas a cambio de futuras canonjías.

Es una quimera pedir financiación transparente a personajes que ni siquiera son capaces de lograr un mínimo de democracia interna en sus organizaciones monolíticas y una mínima renovación de ideas y personas. Sin embargo, si un Estado de Derecho tiene mal resuelto el tema de la financiación de los partidos políticos, en el territorio de su competencia jamás se logrará la libertad económica, ya que los diversos mercados quedan siempre distorsionados a favor de los corruptos; se traviste el libre mercado con los ropajes de un amoral juego de intereses que bien puede definirse como "capitalismo de Estado" o, mejor, como "socialismo de mercado".

Desde un punto de vista estrictamente liberal, los partidos políticos sólo defenderán los derechos y libertades individuales y el libre mercado si en su financiación prevalecen las aportaciones de los ciudadanos. De otro modo, los partidos políticos otorgan más prioridad a la protección de los derechos de las grandes corporaciones que los financian de un modo más o menos opaco, con el objetivo final de conseguir favores gubernamentales vía leyes, regulaciones, concesiones públicas, contratos, obras, etc.

Lo moralmente lícito sería dictar una ley de financiación de partidos que elimine las aportaciones de fondos públicos y promueva las aportaciones de afiliados y simpatizantes por medio de una fuerte desgravación fiscal. Por ejemplo, valdría una fuerte reducción, del 75% (o más), de las cantidades aportadas para la financiación de los partidos políticos en la declaración de impuestos de cada ciudadano, pero garantizando siempre la completa transparencia de las cuentas de cada partido, que habrían de ser auditadas y publicadas anualmente, para el conocimiento de la opinión pública.


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ÁNGEL FERNÁNDEZ, miembro del Instituto Juan de Mariana.