La otra opción para gobernar es haciendo prevalecer reglas de conducta justa, recíprocas, generales, que permitan la convivencia social y que dentro de esas reglas la gente sea libre y responsable de su propio destino y el de sus familias. A éste sistema se aproximaron las sociedades post-revolución industrial bajo el Common Law (Derecho Consuetudinario), y por ello fue Europa, principiando con Holanda e Inglaterra, donde floreció el concepto de Derecho Natural, los derechos individuales, la democracia moderna, la libertad de prensa y la tolerancia religiosa. Así, con bajísimas cargas fiscales surgió el mundo moderno. Se le llamó la Era del Alumbramiento, del Liberalismo. Hoy día, los gobiernos paternalistas legalizan cualquier cosa democráticamente. Ese sistema no sólo no saca a nadie de la pobreza, sino hace perder la fe en la democracia. Según encuestas de la ONU, más del 55% de los latinoamericanos ya no creen en la democracia porque no ha ido acompañada de prosperidad. Y no podemos olvidar que lo que más importa es lo que se hace con el poder, no cómo se adquiere.
La arbitrariedad ha llegado a ser tan usual bajo las democracias latinoamericanas que ya ni se detecta cuando a las personas se les arrebata su propiedad y, aún más trágico, pocos se dan cuenta. Ya se cree que "así son las cosas" y que no puede ser de otra manera. Por ejemplo, ya los padres tienen prohibido educar a sus hijos como ellos creen conveniente, los trabajadores no pueden contratar sus servicios a su exclusivo arbitrio (por los llamados derechos irrenunciables), se considera "justo" y "normal" despojar a algunos de lo que legítimamente han devengado para beneficio de otros. Los socialistas participan de la peregrina idea que la producción de riqueza es un juego de suma cero y que lo que unos tienen es porque lo robaron a quienes no tienen.
La única reforma fiscal que nos podría encauzar en el camino del progreso no es con "progresividad impositiva", trato desigual con lo que se disfraza la arbitraria redistribución de riqueza, sino con impuestos que no castiguen el rendimiento de las inversiones sino que más bien las fomenten; ello devolvería a los trabajadores su derecho de propiedad sobre sus propias personas (libertad de contratación); eliminaría impedimentos aduanales al comercio entre personas (los países no intercambian: sólo las personas lo hacen); y reforzaría el Poder Judicial para proteger la vida y el derecho de propiedad, que incluye los contratos.
Manuel F. Ayau Cordón es ingeniero y empresario guatemalteco, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, fue presidente de la Sociedad Mont Pelerin.
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