Federalismo alemán

Dicha ley encuentra sus antecedentes en las críticas realizadas, hace ya casi dos décadas, a la financiación autonómica y que culminaron en 1999 en un rechazo por parte del Tribunal Supremo del sistema en vigor. El Tribunal ordenó al legislativo proponer antes de finales de 2002 una reforma de la distribución federal. El objetivo de dicha distribución es fomentar un bienestar aproximadamente igual en todo el territorio de la República Federal Alemana. Sin embargo esto había conllevado efectos no pretendidos. Así, los Länder más ricos (Baden-Wurtemberg, Baviera y Hesse) acusaron al sistema de desincentivar las políticas de austeridad y de situarles en desventaja con respecto a los estados menos ricos. Su postura fue respaldada por el Tribunal Supremo, que mediante sentencia dejó claro que “las distancias entre los 16 Länder pueden ser acortadas, pero no deben ser anuladas o invertidas”

Tres niveles de redistribución

Para acortar las diferencias, los estados federados más ricos transfieren, dentro del primer nivel, parte de sus ingresos del IVA a aquellos Länder cuyos ingresos tributarios son inferiores al 92% de la media nacional. Dentro del segundo nivel, donde se comparan las necesidades financieras con la capacidad financiera (ingresos tributarios), tienen derecho a percibir ayudas las autonomías con ingresos inferiores al 95% de la media nacional. En este segundo nivel se redistribuyen actualmente 16.000 millones de marcos (1,36 billones de pesetas), costeados por Baden-Wurtemberg, Baviera, Hesse, Norte-Westfalia y Hamburgo y de los que los once estados restantes son beneficiarios. El tercer nivel, donde el gobierno central redistribuye unos 26.000 millones de marcos (2,21 billones de pesetas), de los que los estados del este son los principales beneficiarios, asegura el alcance de la capacidad financiera del 99,5% de la media nacional. Al tercer nivel está ligado el llamado “Pacto de solidaridad II”, que asegura transferencias de 306.000 millones de marcos (28,56 billones de pesetas) a los estados federados del este entre los años 2005 y 2020, es decir 31 años después de la caída del muro, se acabará con el trato preferente a la parte ex-comunista de Alemania.

Reforma parcial

En la llamada reforma destacan dos aspectos. Por un lado la Administración Central (Bund) asume una buena parte de la deuda de los estados federados (aproximadamente 20.000 millones de marcos —1,7 billones de pesetas— hasta el año 2020). Por otro lado, Gerhard Schröder ha entendido muy bien cómo conectar las ayudas al este (“Pacto de Solidaridad II”) con las negociaciones sobre la reforma de la financiación autonómica. Un punto importante si se tiene en cuenta que probablemente será de nuevo el este quien determine el resultado de las elecciones generales del próximo año. Naturalmente Schröder no desaprovechará la ocasión para mencionar las cifras destinadas al este y calmar a aquellos que le criticaron de no preocuparse por los intereses de los nuevos Länder.

Sin embargo, por la mejora del sistema se ha hecho poco. Es cuestionable si los estados federados están siendo incentivados para llevar a cabo una política de austeridad, pues el estado central se ha comprometido a cargar con las deudas de los Länder, actuando más bien como “un prestamista de última instancia”. Para financiar todo ello, el ministro de Hacienda, Hans Eichel, afirmó que no está prevista la abolición de la “sobretasa de solidaridad” (Solidaritätszuschlag). Con dicha sobretasa, que se introdujo después de la unificación alemana, se grava el 5,5 % del importe que tiene que pagar el contribuyente en forma del IRPF o en forma del impuesto sobre sociedades.

Pero lo más significativo es que se ha olvidado un punto crucial del federalismo: la descentralización de la toma de decisiones. Debido a la complejidad de los fenómenos sociales, sólo un procedimiento de “prueba y error” permitiría adoptar soluciones mejores y descartar las menos adecuadas. Se iniciaría con ello un proceso competitivo por ideas, procedimientos, leyes, etc. entre regiones y estados federados, con la posibilidad de comparar los resultados y de aprender mutuamente. Sin embargo, el sistema actual impide dicho proceso. No sólo están en vigor las mismas normas para un estado en su totalidad, sino que además las regiones están atadas a un sistema forzoso de redistribución que desincentiva la actividad económica. Con razón se ha venido llamando al sistema de financiación autonómica “sistema de irresponsabilidad organizada”.