Los efectos de este tipo de legislación mercantil son tremendamente nocivos, tanto para el bienestar de la sociedad cuanto para su libertad.
La semana pasada el grupo de comunicación Vocento presentó una demanda contra la COPE y Federico Jiménez Losantos por un "acto de denigración de la competencia", ya que el presentador de 'La Mañana' pidió a los suscriptores de ABC que se dieran de baja.
Parece ser que Vocento no confía en la fidelidad de sus lectores y teme que escuchen a Jiménez Losantos. Ante la falta de calidad y de convicción, el silencio es su mejor arma; hay que impedir que otros pongan el dedo en la llaga. Las razones del comunicador tulorense las combaten con el poder coactivo que les proporciona el Estado; incapaces de convencer, prefieren censurar. Pero con esta demanda Vocento no sólo demuestra un escaso afecto a la libertad de expresión –algo que debería hacer reflexionar a sus suscriptores liberales–, también a la idea misma de competencia.
Antes de que el paradigma neoclásico corrompiera la mentalidad de los economistas universitarios, la competencia era entendida como un proceso de rivalidad entre las distintas empresas. Las compañías debían servir indeclinablemente al consumidor; su juicio y su opinión eran soberanos.
Había que ofrecer en todo momento los mejores productos para lograr el favor de los clientes. Para ello era necesario tanto proclamar las virtudes propias como destapar los defectos ajenos. El mercado era una garantía continua de que aquellas empresas que estuvieran engañando a los consumidores serían señaladas por las demás.La vigilancia no era tanto un proceso fiscalizador y coactivo que sometiera las empresas a una inspección del Estado como un flujo informativo, procedente de las distintas compañías, a partir del cual cada consumidor formaba su opinión y elegía en consecuencia.
La mentira, de este modo, no puede un objeto de sanción. Primero, porque si tan evidente resulta que una empresa miente acerca de otra, ésta no tendrá ningún problema para desmontar las mentiras ante sus clientes, ganando así una dosis adicional de credibilidad frente a la competencia. Segundo, porque nadie dispone de un monopolio natural de la verdad, sino que ésta se alcanza a través de la discusión y el contraste de ideas y opiniones.
Las sociedades libres deben respetar la capacidad de elección de los individuos, no sólo en la adquisición de bienes y servicios, también en la formación de opiniones sobre la realidad circundante. El Estado no puede establecer cuál es la verdad por decreto ley, pues ello impide tanto que la verdad aflore a través de la discusión cuanto que los consumidores se formen libremente una opinión.
De ahí que el proceso competitivo y de rivalidad que hemos expuesto cobre especial relevancia en el caso de los medios de comunicación. Los medios deben poder exponer sus ideas y persuadir a la audiencia de que son correctas; la audiencia debe poder escuchar aquellos medios por los que sienta afinidad y, al mismo tiempo, no relacionarse con aquellos medios que les decepcionen o repelan.
Para ello, otra de las funciones cardinales de los medios de comunicación privados consiste en poder informar a sus oyentes de que la competencia está mintiendo, o manipulando, o que, simplemente, ha adoptado ideas erróneas.
Los consumidores no disponen de una información perfecta, tampoco para saber ipso facto que un determinado grupo de comunicación ha pervertido sus ideales. Esta es una información que las empresas de la competencia tienen derecho a destacar, repetir y publicitar al mismo nivel que cualquier otra información, para que, en su caso, los consumidores dejen de acudir al medio que ha dejado de servirles.De hecho, el paradigma comunicativo de los totalitarismos consiste eliminar cualquier información distinta a la proporcionada por el Estado y obligar a que los individuos interioricen dicha información. Las personas no son libres para evitar que la información estatal entre en sus vidas; no consumen aquello que quieren, sino lo que el Estado quiere que quieran.
Los diversos medios de comunicación se contrabalancean entre sí ante el veredicto rector del consumidor. Al fin y al cabo, las democracias modernas y su tan cacareada separación de poderes (sus pesos y contrapesos) no son más que una mala copia de unas empresas que se vigilan constantemente entre sí para proteger y satisfacer al consumidor.
La demanda de Vocento constituye un auténtico ataque a la competencia y a la capacidad de elección de los individuos: trata de impedir que una parte relevante de la información llegue a sus oídos, no quiere que sean libres para juzgar y decidir, prefiere imponerles su decisión particular. El ataque se disfraza de protección, y la censura de libertad de expresión.
Y es que en el fondo la demanda es contradictoria en sus propios términos. Una de las más claras intenciones de Vocento es denigrar la imagen de la COPE por medio de llevarla a los tribunales, esto es, practicar una "denigración de la competencia" a través de los medios coactivos que le proporciona el Estado. ¿Deberá Vocento presentar una demanda contra sí mismo por practicar las tropelías que imputa a otros?
Sinceramente, no aconsejo tamaña esquizofrenia. La mejor decisión sería la de retirar la demanda y adoptar una posición liberal en contra de la legislación "en defensa de la competencia". Espero que, si Vocento no cambia, los lectores y suscriptores liberales de ABC sí lo hagan.
NEOINQUISIDORES: La discriminación negativa – El fumador, lacra de la sociedad – Ya estamos en 1984 – El inmigrante, coto de caza de la izquierda – Venda un órgano, salve una vida – La cruzada socialista contra el vicio – Contra el coche y el ser humano – Calles arias – No sólo contra la COPE – En nombre de la identidad – Vendaval liberticida.