El escritor Jon Juaristi no se prodiga mucho en los medios de comunicación, acaso porque ha aprendido a la fuerza que en este país plagado de ingratos y sectarios, la discreción es más fuerte que la vida, y a menudo hasta le salva a uno la vida. No se vislumbra, por tanto, en esta dosificación pereza o flaqueza, sino sentido de la oportunidad. Tal vez por ello sus intervenciones públicas, en especial, las referidas al nacionalismo etnicista en el presente y futuro de España, cobran un especial valor y se convierten en acontecimientos que despliegan una valentía intelectual poco habitual entre nuestros intelectuales. Su reciente artículo, “¿Hay que defender el estatuto?” (ABC, 27/7/2003), merece que se le preste atención.
Los pensadores aventajados –como los grandes ciclistas– se reconocen porque van un paso, o dos, por delante del pelotón, y así, mientras los más reservados o morosos se dejan llevar por la corriente, se reservan y no arriesgan, aquellos han llegado ya a la siguiente etapa y miran hacia atrás con gesto resignado para comprobar si alguien le sigue. Pues bien, como contraste al usual discurso no nacionalista contrario al Plan Ibarreche, que propone marcar la prioridad política en la lucha contra el terrorismo y después ya veremos, defendiendo conjuntamente la Constitución y el Estatuto y no impugnando el nacionalismo ni el actual Estado de las Autonomías, Juaristi se pregunta sin ambages si vale la pena defender este statu quo. Las palabras escritas remiten principalmente al Estatuto vasco, pero, según creo, la reflexión de fondo invita también a la problematización del Estado autonómico español.
La Historia de España vive hoy tiempos de revisionismo. La guerra civil, la Transición, la genealogía del golpe de Estado y la mal llamada “memoria histórica” se ponen frecuentemente sobre la mesa de discusión, y muchos se suben a ella con el propósito de desestabilizarla o para intimidar, o bien con gesto desafiante la golpean con el zapato en señal de repulsa, como queriendo demostrar que ellos representan la justa indignación, la protesta y el progreso. Otros, en cambio, revolotean alrededor con la escudilla en la mano, sin participar en el simposio, pues reclaman lo que se les debe, o sea, una reparación; y si no, da lo mismo: se despiden y reclaman indemnización. Lo suyo no es discutir sobre la Historia de España, sino sobre otras historias...
Ocurre que mientras la guerra del 36 la cuentan después de todo quienes dicen ser los perdedores, la Transición la están relatando los que la ganaron y rentabilizaron. Se ha extendido así la idea según la cual la Transición ciertamente no logró una identificación suficiente de los españoles para con la nación española, quedando así sin amantes ni pretendientes. Pero lo que no se dice es a qué precio las nacionalidades y regiones han impuesto sus nociones de “construcción nacional”, y cuál es el balance general para el país. Lo que queda de España –Estado entre Autonomías–, es un ente formado por diecisiete Comunidades Autónomas cuyo vínculo nacional de vertebración se ha comprobado frágil. El último intento por quebrarlo, en versión escisionista pura o federalista asimétrica impura, busca reeditar no ya el drama de las “dos Españas” sino el pseudopirandelliano cuatro naciones en busca de un Estado, todo ello bajo un concierto multiautonómico desafinado y fijado en exigencias de cuota de poder, baronías y mucho “qué hay de lo mío”.
¿Hay que defender el Estado de las Autonomías? Nos recuerda Juaristi en su texto que la estrategia nacionalista ha consistido, desde hace veinticinco años, en valerse de las instituciones autonómicas como trincheras desde las que atacar al Estado. Jamás han sido tomadas como meros instrumentos jurídico-administrativos tendentes a descentralizar y minimizar el poder estatal, sino por el contrario como artefactos monopolizados y transitorios destinados a vaciarlo de contenido para multiplicarlo en el futuro. El Plan Ibarreche consiste en cargarse ahora el Estatuto vasco y sustituirlo por el nuevo Estatuto de la Comunidad Libre Asociada de Euskadi, y si esto se tuerce, en “replegarse a las trincheras”, que los constitucionalistas muy generosamente les guardarán el caserío. Y así hasta la próxima excursión, que por algo, dicen, allí mando yo y del caserío me fío.
Los Estatutos de Autonomía fueron diseñados por los nacionalistas para su uso exclusivo. Los españoles no nacionalistas, la inmensa mayoría, cedieron ante la demanda autonomista con el fin de darles satisfacción y recibir a cambio lealtad constitucional. Pero todo ha quedado en ficción, cuando no en una trampa. Incluso las CCAA administradas por no nacionalistas se han contagiado de las políticas nacionalistas y han asumido sus sistemas de gestión, emblemas y reivindicaciones, así como sus expresiones más rupestres: “normalización”, “lengua propia”, “naciones históricas”, etcétera. La dimisión del Estado en áreas como educación y cultura ha sido, con mucho, la más grave, al permitir que una minoría usurpadora e impune manipule los programas escolares, asalte los fondos públicos, imponga bajo coacción el pensamiento único y la corrección política y mantenga a la comunidad afectada bajo su control y vigilancia, donde nunca nadie les puede llevar la contraria.
Un mito recorre el país: España, como Estado heredero del franquismo, no representa el proyecto democrático de los españoles, sino las CCAA, únicas representantes legítimas de la realidad nacional. Así las cosas, cuando la unidad y la multiplicidad se enfrentan de hecho y estas Autonomías amenazan la nación, tal vez haya que elegir, y liberarse de mitos y demás historias.