En Argentina, concretamente en Mendoza, dirigía un colegio que se caracterizaba por la introducción de la enseñanza del latín, primero, y del griego, algo más tarde, a partir de los 11 años. Los alumnos llegaban a la universidad con un bagaje cultural muy importante; de hecho, sus calificaciones, tanto en las pruebas nacionales de acceso a la universidad como en las carreras que elegían, eran magníficas. Un número de padres de familia suficiente para asegurar la viabilidad del colegio valoraba esta apuesta educativa basada en las lenguas clásicas. La viabilidad económica, unos padres y alumnos que valoraban y elegían ese método y unos resultados contrastables constituían la base de una experiencia educativa francamente interesante.
Pues bien, cuál no ha sido su sorpresa cuando ha descubierto que en España hacer algo así es, sencillamente, imposible. Imposible e ilegal.
Aquí, el currículo está fijado por el Ministerio y las comunidades autónomas hasta en su más pequeño detalle. Las horas que han de dedicarse a cada asignatura están fijadas. No existe la posibilidad de reforzar un área en concreto, ni la de hacer propuestas diferentes. La libertad de educación se entiende, de modo muy pobre, como la libertad para elegir un colegio u otro –en función, por ejemplo, de si en X la enseñanza está algo menos degradada que en Y, o si tiene unas condiciones de salubridad superiores a las de Z–, pero nunca como libertad para elegir diferentes tipos de educación.
Se nos dirá que no se puede comparar nuestro entorno, europeo, con el hispanoamericano; que se trata de realidades distintas. Quizás, pero quien haya leído el estudio de Inger Enkvist Educación, educación, educación, que repasa la reforma educativa impulsada en Gran Bretaña a lo largo de la última década, descubrirá con una mezcla de asombro y admiración (y algo de envidia) que también allí los colegios son libres de proponer sus propios currículos. Así, hay centros que dan prioridad a la música, otros que se decantan por la tecnología, o por las lenguas... Los resultados, que son mensurables, avalan esta apuesta por la libertad educativa real. En cambio, España siempre ocupa pésimas posiciones en todo ránking educativo que se precie. Por supuesto, quienes estén obsesionados por el control de cualquier actividad humana se llevarán las manos a la cabeza y reclamarán para el Estado la responsabilidad de asegurarse que todos los alumnos, sean del colegio que sean, posean unos conocimientos mínimos indispensables. Podría replicarse que, en España, el Estado se ha mostrado tremendamente ineficaz para asegurar esos conocimientos indispensables, algo que cualquier profesor universitario ratificará por experiencia directa. En cualquier caso, ese objetivo no es incompatible con la libertad de currículo (incluso sospecho que ésta es la única vía para lograrlo): que el Estado diga qué deben saber los alumnos y dé libertad para organizarse cada uno como crea conveniente. También aquí puede darnos pistas la experiencia británica sobre qué camino seguir: exámenes universales al finalizar cada etapa educativa, una especie de Selectividad para cada nivel de la enseñanza media.
La imposición, por parte del Estado, de la asignatura Educación para la Ciudadanía es una agresión a la libertad de educación; constituye una intromisión en un derecho que pertenece a los padres de familia: el de decidir qué educación moral quieren para sus hijos. Pero quizás haya llegado el momento de ir un paso más allá y preguntarnos por qué el Estado tiene que fijar el currículo. Mientras no podamos decidir si nuestros hijos tienen que hacer una hora más de Matemáticas o una menos de Educación Física, la libertad de educación no será plena en España.