Hace un año, en este mismo foro, creo haber hecho una pintura más bien tenebrosa de la situación colombiana. Tenebrosa pero realista, por desgracia. Me limitaré en dos o tres trazos a recordar por qué.
Dije entonces que Colombia era un país peligrosamente amenazado por la coalición de dos fenómenos que se dan un apoyo recíproco: la guerrilla y el narcotráfico. Y esa situación se ha agravado de entonces a hoy.
La guerrilla es impopular y anacrónica, pero fuerte. Su impopularidad se percibe adónde uno vaya, en Colombia. La registran las encuestas, con solo un 3% de opiniones a favor y un 97% de opiniones en contra. No puede ser de otra manera cuando es responsable de toda suerte de depredaciones, secuestros, terrorismo y violencia.
La guerrilla es también anacrónica porque sustenta su lucha en una ideología marxista leninista y porque, bajo eta inspiración, aspira a establecer en Colombia un sistema comunista que hizo, en el siglo pasado, un tránsito desastroso y opresivo en la Unión Soviética y parte de Europa y acabó desplomándose por su propia ineptitud, aunque aún subsiste en infortunados países como Cuba y Corea del Norte.
Pero la guerrilla, pese a ello, es fuerte porque cuenta con inmensos recursos financieros provenientes del narcotráfico, de los secuestros y de la extorsión que le garantizar un ingreso anual no inferior a mil millones de dólares. Es fuerte también porque se ha trazado una exitosa estrategia de lucha siguiendo el modelo maoísta de la guerra popular prolongada; fuerte porque cuenta con extensos territorios selváticos donde el Estado no tiene presencia o tiene una presencia muy reducida, y porque ese mismo Estado, en todas las ramas del poder, era hasta hace muy poco tiempo incapaz de contenerla y enfrentarla, corroído por el clientelismo y la corrupción. Consciente de su debilidad, sólo esperaba conseguir una negociación política con los alzados en armas.
Por otra parte, el narcotráfico, cuyos cultivos, laboratorios y pistas clandestinas están protegidos por las FARC, en vez de disminuir ha seguido creciendo. Es cierto que se fumigan los cultivos con glifosfato; cierto también que los grandes carteles como el de Medellín y el de Cali han sido aniquilados; cierto que se han decomisado cargamentos de droga y destruido buen número de laboratorios, como suelen anunciarlo las autoridades. No obstante, en los últimos años los cultivos de coca y amapola han aumentado a tal punto que hoy abarcan más de 160 mil hectáreas del territorio colombiano. También es hoy más grande la exportación hacia México, Estados Unidos y Europa. Se estima que diariamente de quince a veinte avionetas parten de las selvas del sur hacia distintos destinos, cargadas de droga. Los grandes carteles han sido sustituidos por una red de pequeños y medianos traficantes más difíciles de localizar y combatir. Muchos de ellos están en manos de antiguos agentes y oficiales de la policía que se sirven ahora de su poder económico para sobornar autoridades. La capacidad corruptora del dinero proveniente de la droga es sencillamente fantástica.
Muchos pensamos que no hay manera de detener o erradicar el cultivo y la exportación de la droga mientras exista para ella un mercado en el mundo de 170 millones de consumidores, y mientras los países industriales dejen sin control alguno la exportación de precursores químicos o sirvan de refugio para los dineros provenientes del narcotráfico.
Sangrientas estadísticas
El hecho cierto es que todo estos factores coaligados han permitido a la guerrilla de las Farc y, en menor grado, el ELN, disponer de un total de 120 frentes de guerra, con 30 mil hombres bien armados y con un virtual control de más de 850 municipios (el 74% de cuantos existen en Colombia). Su movilidad contrasta con la estructura convencional del Ejército y de la Policía cuyos hombres, acantonados en cuarteles, brigadas y bases militares, no pueden hacer sino una fugaz presencia en montañas y selvas. La guerrilla, además, ha iniciado una nueva etapa de lucha apoyándose abiertamente en el terrorismo. Adiestrada por agentes del Ira y de Eta en estas prácticas, pulveriza poblaciones con cilindros cargados de explosivos, coloca coches bombas en las ciudades y ha llegado inclusive a servirse de sus nuevas técnicas terroristas para bombardear, el pasado 7 de agosto, día en que asumió el mando el nuevo presidente Alvaro Uribe Vélez, el propio palacio presidencial ocasionando la muerte de 20 indigentes que ocupaban un barrio de chabolas en las cercanías. Para demostrar su poder, ha amenazado de muerte a todos los alcaldes del país pasando por alto el hecho de que han sido elegidos por el voto popular. Como consecuencia de esta amenaza, trescientos cincuenta de los 1040 alcaldes que existen en el país han tenido que abandonar sus municipios para salvar la vida.
Hasta sólo ayer, antes de que el nuevo gobierno de Uribe Vélez intentara un cambio radical de rumbo, el único real muro de contención que encontraban las Farc y el ELN era otra organización armada, fuera de la ley: las Autodefensas Campesinas de Colombia, mal llamadas paramilitares, que agrupan unos 8000 hombres y que utilizan los mismos métodos bárbaros de la guerrilla contra quienes sospechan ser auxiliares de esta última. El resultado escalofriante de la acción de estos tres ejércitos irregulares que operan en el territorio es el siguiente: 34 mil homicidios por año (cuando la tasa de homicidios en un país como la Gran Bretaña es de 200) y 3.600 secuestros, o sea el 60 por ciento de los que se perpetran en el mundo. Y, para colmo, esta guerra —no hay otra manera de llamarla— ha ocasionado dos millones de desplazados que han venido a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades.
Es sorprendente —y ello habla de la fuerte contextura institucional del país— que pese a una situación como la atrás descrita, se haya mantenido en Colombia un régimen democrático con todos sus fueros y libertades.
Pero, por otra parte, la consecuencia de esta situación de terrorismo e inseguridad ha sido obviamente catastrófica en el campo económico y social del país. Se ha traducido en un bajísimo nivel de inversiones y en un empobrecimiento general. En la miseria viven hoy nueve millones de colombianos y un 57 por ciento se ubica en la línea de pobreza. El desempleo se mantiene en un 16 por ciento —uno de los más altos de América Latina— además de los seis millones quinientos mil subempleados. A esto debe agregarse un aumento considerable del gasto público en los últimos diez años y un alto nivel de endeudamiento. El gasto del sector público representa el 28,6% del Producto Interno Bruto y la deuda externa el 48,2%. La capacidad de pago de la deuda pública está saturada. En el 2002, la amortización de capital y el pago de los intereses de la deuda ascenderán a cinco mil millones de dólares.
Tal es, pues, la inquietante situación de Colombia hoy en día. La misma, o tal vez más grave, que la descrita en este foro hace un año. Y, no obstante, algo ha cambiado en el panorama del país con la llegada al poder de Alvaro Uribe Vélez. En sus dos primeros meses de gobierno, el nuevo presidente ha suscitado entre los colombianos toda suerte de expectativas y esperanzas con un vertiginoso alud de iniciativas que había ofrecido en su campaña y que parece dispuesto a sacar adelante. Es temprano aún para medir sus resultados, pero el hecho es que, por lo pronto, un real liderazgo y un cambio radical del rumbo que llevaba el país son perceptibles.
Expectativas y esperanzas
Su propia llegada al poder ha sido uno de los fenómenos más sorprendentes de cuantos se han visto en los últimos tiempos en América Latina. Desconocido por un alto número de sus compatriotas hace cuatro años, con un prestigio confinado en su departamento natal, Antioquia, donde ocupó con éxito el cargo de Gobernador, casi nadie le veía opciones de triunfo cuando decidió lanzar su candidatura a la presidencia. Las encuestas sólo le asignaban un irrisorio 3 por ciento en las intenciones de voto. Ninguna opción tenía de ser respaldado por su propio partido, el liberal, o por el partido conservador, las dos formaciones políticas que se han disputado el poder en Colombia desde la independencia y que, una u otra, han elegido, sin excepción, a todos los presidentes de la república. Parecía desmesurada su pretensión de ser elegido por la franja independiente de la opinión sin soporte alguno en la clase política. Enfrentado a Horacio Serpa, un tribuno del alta coloración populista, candidato oficial del liberalismo, y a la carismática Noemí Sanin que se presentaba también como una nueva alternativa, su campaña tuvo un perfil muy sui-generis. No ofrecía milagros. No pretendía despertar emociones. En vez de discursos de balcón y de plaza, se dedicó a organizar, ciudad por ciudad, lo que llamaba talleres democráticos, en recinto cerrado, para estudiar con los asistentes los principales problemas del país, oír y proponer soluciones. Era una laboriosa pedagogía sin estridencias. Jamás atacó a sus contrincantes. Jamás los acompañó a entrevistarse con los dirigentes guerrilleros en la zona desmilitarizada dispuesta por el gobierno de Pastrana, aduciendo que no podía hacerlo mientras guerrilleros y paramilitares continuaran asaltando, secuestrando y asesinando.
Sus tres temas fundamentales fueron, en su orden, las siguientes: seguridad, a base de mano firme para combatir a quienes actuaran fuera de la ley; lucha contra la corrupción y el clientelismo político (o politiquería, en su lenguaje); reducción del Estado, austeridad y severo control del gasto público.
Cada tema venía acompañado de un catálogo de medidas concretas. El fracaso de las negociaciones de paz emprendidas por el gobierno de Pastrana, contribuyó a su éxito, pues recogió el voto de cuantos perdieron las ilusiones de paz y vieron en su firmeza la única alternativa viable para el país. El hecho es que ganó en la primera vuelta con un 53 por ciento de los votos, derrotando a los barones políticos y a las maquinarias de los partidos tradicionales.
Hombre de acción, acostumbrado a que los hechos acompañen a las palabras, apenas asumió el mando puso en marcha los programas que había estudiado y propuesto.
Para enfrentar a la guerrilla, ha tomado hasta el momento las siguientes medidas:
- Declarar el estado de conmoción interior que le da a su gobierno atribuciones excepcionales;
- Imponer un impuesto, llamado impuesto de guerra, del 1,2%, por una sola vez, a todo patrimonio superior a 160 millones de pesos (aproximadamente 70.000 dólares), a fin de aumentar en cien mil soldados el pie de fuerza del país y en 40.000 agentes el pie de fuerza de la policía, y mejorar su armamento y dotación;
- Establecer una red de un millón de informantes en campos y carreteras, como soporte de la Fuerza Pública, a fin de controlar desplazamientos y posibles acciones de la guerrilla y de los paramilitares;
- Crear un cuerpo adicional de 20.000 campesinos soldados en las poblaciones para reforzar la defensa de las mismas;
- Crear zonas desmilitarizadas o teatro operativos en las regiones más candentes del país, en los cuales la policía puede ejercer funciones de Policía Judicial con autorización para hacer detenciones, allanamientos, control de vehículos, etc.
- Incorporar a filas a 20 mil agentes de policías ya retirados completándoles su pensión con una bonificación especial, a fin de ahorrar gastos y de evitar los plazos necesarios para la formación de un nuevo agente.
- Pagar cada lunes recompensas a quienes con sus informes permitan la captura o localización de subversivos, sea en el campo o en las ciudades, y liberación de secuestrados.
Además de estas medidas, tomadas en los primeros 60 días de su gobierno, Uribe ha asumido su papel de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas exigiendo intervenciones inmediatas de la tropa y de los oficiales en los lugares donde se producen asaltos o secuestros. Al frente del Ministerio de Defensa, puso por primera vez en la historia del país a una mujer, Martha Lucía Ramírez, bien calificada como una exigente administradora de recursos y dinámica ejecutiva.
El liderazgo asumido por el propio Uribe en estas tareas de seguridad y los requerimientos hechos a los altos mandos para que asuman operaciones de carácter ofensivo contra la guerrilla, ha permitido por primera vez en mucho tiempo éxitos en las operaciones militares, gracias a la utilización permanente, como apoyo a las acciones de tierra, de la Fuerza Aérea.
Hasta el momento, la intensidad de las acciones de la guerrilla ha disminuido aunque no se descarta que su respuesta a las acciones del Gobierno se traduzca en acciones de tipo terrorista en las ciudades.
La acción contra la corrupción y lo que ha dado en llamarse politiquería o clientelismo político se ha iniciado con las siguientes medidas:
- Veeduría cívica en licitaciones y contratos públicos;
- Supresión total de los llamados auxilios parlamentarios que, con el pretexto de ayudas a obras regionales, dejaban tales recursos en manos de congresistas con el consiguiente peligro de manejos irregulares.
- Designación por concurso, con ayuda de técnicos privados o de asociaciones de empresarios, de los gerentes o directores de institutos regionales del Estado;
- Eliminación en el gabinete ministerial de toda cuota dada como tal a los partidos y directorios políticos, y designación en estos cargos de personas bien calificadas en el sector privado como ejecutivos competentes (la mitad de los ministros son mujeres de este perfil).
El tercer programa de Uribe encaminado a reducir las dimensiones del Estado y disminuir y controlar el gasto público están representadas en varios decretos y leyes, pero también en la realización de un referéndum cuando para ello se requieran reformas constitucionales.
Las iniciativas en este sentido han sido las siguientes:
- Fusión en uno solo de los Ministerios del Interior y de Justicia, de Desarrollo y Comercio Exterior, de Trabajo y Salud;
- Elaboración de un Plan de Reorganización Administrativa que dispone la supresión de 60 entidades estatales;
- Supresión de 14 embajadas en el exterior y de un número mayor de consulados;
Por vía de referéndum, el expediente más rápido para realizar una reforma constitucional, se contempla la reducción del Congreso a la mitad de sus miembros, la supresión de las llamadas Contralorías Departamentales, el aumento de la edad de la jubilación para aliviar la carga pensional del país y la congelación por cuatro años del gasto público, incluyendo el sueldo de funcionarios.
Para conjurar el déficit fiscal se ha dispuesto, al lado de estos recortes, un aumento en el IVA de ciertos productos hasta hoy exentos ( como frutas y verduras) y el aumento del impuesto sobre la renta, sí como severas sanciones a los evasores.
Caso aparte en el continente
Contra el tráfico de droga, el mejor instrumento sigue siendo el Plan Colombia, puesto en marcha bajo el anterior gobierno con el apoyo de Estados Unidos, para el cual el gobierno de Alvaro Uribe ha obtenido el envío de instructores americanos para las Brigadas de Lucha Antinarcóticos y espera obtener colaboración técnica en la intercepción de naves aéreas y subsidios para un plan piloto de reinserción de 50 mil familias cocaleras o amapoleras a fin de obtener de ellas la destrucción de cultivos de coca y amapola y la reconstrucción del bosque.
Como se verá, el balance de los primeros 60 días de gobierno es muy favorable , y así lo detecta la opinión pública, que en un 72 por ciento, según las encuestas de la empresa Inver Gallup, respalda la acción emprendida por el presidente Uribe. El ritmo impuesto a su equipo ministerial no se había visto en otras administraciones: jornadas de 18 horas de trabajo, incluyendo sábados y domingos. Pero el reto que tiene Uribe por delante es muy grande y sembrado de riesgos. Muchas de las medidas adoptadas por él en el campo de la seguridad, o seguridad democrática como él la llama, son impugnadas por los sectores de la izquierda del país, incluyendo a los amigos del ex presidente Ernesto Samper, y, en el exterior, por numerosas ONG e inclusive por el representante de la ONU en Colombia aduciendo que con ello se involucra a la sociedad civil en el conflicto armado. Tal afirmación es sencillamente un despropósito, pues la sociedad civil no es una espectadora del conflicto sino su principal víctima. Civiles son el 90% de los muertos que ocasiona esta violencia, los secuestrados y civiles también la totalidad de los dos millones de desplazados. Colaborar con la fuerza pública con sus informes es la mejor colaboración que puede dar en su propia protección, aparte de que no hay otra manera más eficaz de combatir el terrorismo.
Por otra parte, las perspectivas de reducir el gasto público van a encontrar serios tropiezos porque buena parte de este gasto proviene de disposiciones constitucionales contenidas en la Constitución de 1991 de claro corte estatista como es la creación de nuevas y costosas entidades oficiales con toda su carga burocrática. Su desmonte, por vía de un referéndum, va a encontrar la cerrada oposición del propio establecimiento burocrático del país y de las centrales obreras.
El hecho es que, por problemas de cultura política propios del continente latinoamericano, la opinión es mayoritariamente opuesta a la reducción del gasto público y muy especialmente al cierre de institutos y dependencias y al consiguiente despido de empleados oficiales. Igual cosa ocurre con el proyecto oficial tendente a conseguir una reforma laboral más flexible, siguiendo el modelo chileno. Encaminada a facilitar la creación de nuevos empleos, a primera vista puede ser denunciada por sindicatos y congresistas como reducción o eliminación de las llamadas "conquistas sociales". No de otro modo se suele juzgar el hecho de que se hagan menos estrictas las causales de despido, la eliminación del salario triple en los días festivos o en los horarios nocturnos.
Igual cosa podría decirse de la reforma pensional.
Los aspectos positivos que pueden colocarse al otro lado de la balanza es el clima de confianza que ha creado el gobierno en la opinión pública, la reactivación de la demanda interna y la devaluación del peso, que beneficia a los exportadores, así como lo hará el ATPA que permitirá la exportación sin aranceles de un gran número de artículos manufacturados en Colombia.
Grandes problemas que vienen de atrás, pero una fuerte resolución para enfrentarlos con realismo, rigor y sin una sombra de populismo caracterizan la situación actual de Colombia. Las políticas de corte liberal, tendientes a combatir la inseguridad y el terrorismo como única manera de elevar las tasas de inversión, a desmontar el Estado burocrático, combatir enérgicamente la corrupción y a reducir el gasto público contrastan con el nuevo paisaje político del continente. Colombia ha tomado una vía distinta a la que desastrosamente ha seguido Chávez en Venezuela, a la de Toledo en el Perú y a la que se esboza en el Brasil con el probable triunfo de Luis Inacio, Lula, Da Silva y en la propia Argentina con los candidatos peronistas.
Podría decir que por primera vez, en medio de una situación que había venido deteriorándose peligrosamente, los colombianos ven al fin una luz al fondo del túnel.