La ingenuidad de ignorar la escasez se observa en la pretensión de los gobiernos de controlar los precios interviniendo los mercados. Así, el presidente argentino, Néstor Kirchner, coacciona a comercios, industrias y supermercados para que no suban los precios y pone trabas a la exportación de carne buscando reducir su precio en el mercado interior, repitiendo así los mismos errores estatistas que hundieron a la Argentina desde 1945, con Juan Domingo Perón, en adelante.
Pero donde las soluciones mágicas son más notorias es en los bienes públicos como el agua, la luz, los puentes, las rutas. Más de 100 millones de latinoamericanos no tienen acceso al agua potable que distribuye el Estado, lo que mata a un millón de pobres al año. No obstante, los socialistas sostienen que para acabar con la escasez es necesario "declarar el agua un derecho humano, no un bien comercial", que el Gobierno debe distribuir gratuitamente.
Los estatistas sostienen que la provisión de bienes públicos debe quedar a cargo de empresas estatales financiadas con impuestos. Esta solución mágica crea la ilusión en la gente de que el bien es gratis. Grave error. Al financiarse con impuestos, surgen los subsidios, el clientelismo, la corrupción, el derroche, y los más pobres terminan pagando por algo que no disponen, como la universidad, en beneficio de los más pudientes.
La alternativa de la provisión mediante la concesión a una empresa privada, que recupera su inversión con el cobro de peaje o tarifas, no es viable en los países pobres –dicen– porque genera injusticias, al dejar sin servicio a los que no pueden pagarlo. Es todo lo contrario. Los más pobres, que no tienen conexión al sistema estatal de agua corriente, por ejemplo, pagan mucho más por el agua distribuida en tambores que los usuarios conectados a la red. Las empresas privadas tienen precios más elevados que las estatales, es cierto; porque no tienen subsidios. Pero en los barrios más pobres, que carecían de agua con el sistema público, el precio baja sensiblemente al ser distribuida por los privados; y, lo que es más importante, desaparecen las enfermedades y las muertes causadas por el agua contaminada. Por eso, el mejor sistema para que los pobres accedan a los bienes públicos es dejar su provisión a la empresa privada en un mercado competitivo, como hacen los países desarrollados.
Pero ¿qué ocurre si la gente no desea pagar a la empresa privada para que ésta construya un puente o provea un servicio útil para la comunidad? La pregunta es una falacia. Si la gente no está dispuesta a pagar por su uso es porque el puente no es muy útil. Si el Gobierno construye la obra y la financia con impuestos, que saca a la gente, lo que hace es dilapidar los escasos recursos que la gente requiere para atender aquellas necesidades que considera de mayor prioridad.
La escasez es la eterna compañera de la humanidad. La economía existe porque hay escasez, el mercado existe porque hay escasez, los precios existen porque hay escasez. La escasez está en todas partes. No podemos vencerla, sólo mitigarla. Y no hay nada mejor para agravarla que un Gobierno interviniendo la economía, estableciendo monopolios estatales o pretendiendo "distribuir equitativamente" lo poco que existe. Estas han sido las soluciones preferidas del estatismo latinoamericano, y las que más acrecentaron la escasez y la miseria.
Lo único que ha logrado mitigar la escasez en el mundo en los últimos 200 años ha sido el aumento de la producción, que multiplica la oferta de bienes y servicios y reduce los precios. Para aumentar la producción, crear empleos, mejorar los salarios e impulsar el crecimiento es preciso promover la inversión privada. Y para ello no se ha encontrado nada más eficaz que expandir la libertad económica y fortalecer el Estado de Derecho.
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