En un solo día aparecieron en la prensa varias noticias, que paso a enumerar.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por "daños morales" contra el ex juez Gómez de Liaño. Considera el TEDH que la imparcialidad de la sala del Supremo que lo juzgó por prevaricación "podría suscitar serias dudas", puesto que tres de los magistrados que la componían ya habían intervenido en numerosos actos de instrucción del proceso.
Por otra parte: el CGPJ abrió expediente disciplinario al juez de Málaga Juan de Dios Anguita por atender en su juzgado asuntos relacionados con la empresa que posee en sociedad con su esposa.
Por otra parte: Fernando Ledesma, ministro que fuera de Justicia con Felipe González, se hizo cargo de un recurso de unos padres asturianos a los que se negó la objeción de conciencia. Los objetores pidieron la retirada voluntaria del magistrado por dudar de su imparcialidad. Esto sucedió en el Supremo, después de verse el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
En resumen: un juez apartado de su carrera por razones políticas (el poder de Don Jesús del Gran Poder, o sea, Polanco), otro que juzga sus propios presuntos delitos y otro que se ha paseado por la política de partido (el PSOE, para el caso) y ha vuelto a la judicatura sin que nadie le dijera nada, igual que Garzón. Nadie les ha dicho que o eres juez o eres político, que no se puede ser las dos cosas a la vez o por turnos. Añadamos a esto, en la misma edición del periódico, las poco fiables palabras de Juan Antonio Roca, principal encausado de la Operación Malaya, asegurando que había pagado a un juez 70.000 euros por una sentencia favorable. Desde luego, Roca no es trigo limpio, pero después de leer todo lo anterior uno hasta se inclina por creerle, al menos durante un instante.
Ya sabemos que Montesquieu ha muerto, al parecer por obra de Alfonso Guerra, y que la división de poderes no es real en España. Ya sabemos que la justicia está politizada. Pero todo esto no tendría que estar escribiéndolo yo en LD, sino diciéndolo la oposición en todos los medios. En cambio, don Mariano se reúne con el Primer Sonriente en La Moncloa y llegan a acuerdos sobre la justicia que nada tienen que ver con ello.
Acuerdan la renovación del CGPJ pero deciden no revelar los nombres hasta setiembre por "discreción". Acuerdan los nombres de los cinco magistrados a renovar en el Constitucional y también se los guardan para ellos. No sabemos si es probable o no que Conde Pumpido sustituya a Francisco José Hernando en la presidencia del Supremo, ni si Hernando pasaría al TC, donde hay que cubrir cinco vacantes, dos para el PSOE, dos para el PP y una quinta por consenso. Hoy mismo se ha sabido que María Emilia Casas renueva su mandato. En cualquier caso, el Constitucional retrasa su fallo sobre el Estatut de Cataluña hasta el próximo marzo, mientras se está aplicando de hecho: ¿quién deshará lo hecho si el fallo es negativo? Gracias a Dios, sabemos que no lo será, puede estar tranquilo Carod.
Acuerdan también el jefe del Gobierno y el de la oposición en esa reunión (yo creo que antes, porque el tiempo no les dio para tanto) una "reforma" de la justicia que implica los siguientes asuntos: la incorporación masiva de nuevas tecnología, sea esto lo que sea, porque ya se usan ordenadores, ya hay policía científica, ya se filman los juicios orales, como bien sé por propia experiencia; impulsar los juicios rápidos, civiles y penales (de los recursos nada se dice, pero un trámite de apelación ante el Supremo lleva una media de cuatro años); incorporar a la Administración de Justicia la Carta de los Derechos de los Ciudadanos, "para reforzar la protección del ciudadano en la acción judicial" (¿no estaban garantizados nuestros derechos?, ¿o es que los pactantes sospechan que estamos desprotegidos?). Además de "modernizar la justicia" (¡!) y proceder a algunos cambios legislativos en los delitos más graves, como los sexuales, endureciendo las penas y abriendo un registro de pederastas como los que ya existen en los países civilizados: no podían ignorar al padre de Mariluz ni al movimiento que organizó, pero tuvo que morir la niña para que los políticos empezaran a hablar del asunto.El principal punto programático del PP en relación con la justicia, que era la igualdad territorial en ese orden, quedó fuera de la agenda. Da lo mismo, porque la fórmula "igualdad territorial" no significa absolutamente nada: ¿tribunales superiores autonómicos para todas la comunidades, o justicia estatal?; ¿delitos regionales o autonómicos y delitos federales? Difícilmente el asunto pueda entrar en agenda antes de que el Constitucional se pronuncie sobre el Estatut, y entonces ya será tarde: ZP y el tripartit se habrán salido con la suya.
Así planteada, la "reforma de la justicia" es una mamarrachada que ni siquiera le va a cambiar la vida a los escasamente castigados miembros del equipo de Nanysex. Tal vez se traduzca en que una apelación que hoy lleva tres años se resuelva a medio plazo en dos y medio. Nada de lo importante, nada de lo referido a la independencia de los poderes del Estado y de la absoluta independencia del Poder Judicial se ha tratado allí. Por el contrario, se negociaron las piezas en el tablero judicial de los dos grandes partidos. El resto es retórica. No oposición, sino integración en el régimen.