El papel de los servicios secretos en las democracias

Entre 1948 y 1989 se evitó el combate directo por el riesgo de destrucción tanto del enemigo como del amigo, mientras que ahora uno de los bandos practica el ocultamiento por carecer de la capacidad bélica para resistir siquiera al otro en campo abierto. En esta nueva forma de combatir, el secreto y la discreción son las características fundamentales, hasta que se produce un ataque demoledor, como el atentado contra las Torres Gemelas o la ofensiva sobre los talibanes afganos. Los guerreros y los militares son sustituidos por técnicos informáticos, policías, lingüistas o espías.

Para entender esta nueva guerra son fundamentales libros como éste: Servicios de inteligencia y seguridad del Estado constitucional. La obra es un interesante estudio sobre los servicios secretos en las principales democracias occidentales. El primer asunto al que Ruiz Miguel se enfrenta es a la justificación de la existencia de espacios ocultos en regímenes constitucionales, es decir, públicos, que han eliminado el secreto en el debate público y la gestión del gobierno. En su exposición queda claro que el Estado constitucional puede recurrir al secreto para combatir a los enemigos exteriores e interiores.

Cómo se controlan esos servicios y se impide que dañen las libertades individuales son las cuestiones a las que responde a continuación por medio del estudio de varios países: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y España. En todos, con una legislación y una costumbre más o menos detalladas, los servicios están sujetos a un control de los poderes que emanan de la nación. Es regla común a los cuatro regímenes citados la precaución hacia los directores y agentes, de lo que no se deduce que deban desaparecer. El riesgo de vulneración de los derechos individuales no induce a prescindir de los espías, ya que los perjuicios pueden ser mucho mayores. Inmediatamente después de producirse la ola de atentados de Al-Qaeda contra EEUU, los mismos políticos y periodistas que habían reclamado la reducción de los presupuestos asignados a la comunidad de inteligencia o el desmantelamiento de muchas de estas agencias por haber perdido su razón de ser, luego les reprocharon su fracaso en detectar las amenazas.

Respecto a España, Ruiz Miguel recuerda que el nacimiento de los servicios de información puede datarse en el reinado de los Reyes Católicos, con la institución de la Inquisición. Después de una breve historia, expone la posición que éstos ocupan en la Constitución de 1978. En un sustancioso apartado explica que las comunidades autónomas con competencias en orden público no puedan montar sus propios servicios, aunque el desconcertante Tribunal Constitucional lo haya permitido (STC 175/1999) para la Policía Autónoma vasca, que dispone de sus propias unidades de información y análisis a causa de la lucha contra el terrorismo. Otra sentencia (STC 235/2001) limitó la precedente y distinguió dos actividades: la seguridad pública, que consiste en la recopilación de datos previos al uso de la fuerza y que corresponde en exclusiva a la Administración general, y la policía o policía material, cuya característica es el uso de la fuerza. Ésta última es la que pueden compartir las comunidades con el poder central.

En las conclusiones, Ruiz Miguel aconseja, entre otras recomendaciones, la institución de una comunidad de inteligencia en España, al modo de EEUU, y la eliminación de las trabas a la labor de los servicios secretos (y cita la regulación de los agentes encubiertos) inéditas en los otros Estados constitucionales estudiados. La nueva Ley Reguladora del Centro Nacional de Información, sustituto del CESID, no ha solucionado ninguno de estos defectos.

La invasión del islote de Perejil, la inestabilidad mundial, la expansión de las mafias del Este de Europa y el sempiterno terrorismo son motivos suficientes para que España disponga de unos servicios de seguridad capaces de proteger a la nación y de anular estas amenazas.


Carlos Ruiz Miguel, Servicios de inteligencia y seguridad del Estado constitucional, Tecnos, Madrid, 2003, 273 páginas, 20 euros. Prólogo de Roberto L. Blanco.