Lo que se suele defender como principal ventaja de la regulación española del mercado laboral es que proporciona una gran estabilidad al trabajador. Al saber que es difícil y caro despedirle, puede contar con una sensación de seguridad en su puesto laboral; sensación crece de año en año, según aumenta la indemnización que habría de percibir si es despedido.
Esto, naturalmente, es cierto. La cuestión es que no es lo único que sucede cuando los poderes públicos aumentan el costo del despido (entre otras trabas a la contratación libre), y muchas veces no somos capaces de conectar esas otras consecuencias con su causa correcta.
Así, un informe de la OCDE explica que en los países en los que la regulación laboral es más estricta los trabajadores tienen más miedo a perder sus empleos, incluso aquellos que disfrutan de un contrato indefinido, con todos los parabienes y protecciones que el Estado ha decidido otorgarles. Los trabajadores españoles son los que tienen más temor a ser despedidos. Y no sólo los temporales, también quienes tienen un contrato indefinido.
La razón es obvia para quien quiera verla; y es que, a la hora de evaluar si te preocupa perder tu trabajo, el factor más importante son las probabilidades de encontrar otro con relativa facilidad tras el despido. Y cuando los costos de contratar son más altos de lo necesario debido a la regulación del mercado laboral, es mucho más difícil emplearse de nuevo. Así, la anhelada seguridad y estabilidad del trabajador español se torna dependencia absoluta del empresario o jefe que tenga en su puesto actual.No sé si habrán vivido ustedes en sus carnes las consecuencias de esa subordinación o conocen a quienes la padecen; yo sí conozco casos, incluso en un gremio como el informático en el que, la verdad, no hay tanta escasez de oportunidades como en la mayoría de los otros. El impago de horas extras, el mobbing y otros abusos son mucho más corrientes cuando el mercado laboral dificulta al trabajador encontrar otro empleo, atándolo al que tiene a pesar de los pesares.
Una de las leyes económicas de sentido común que debería saber todo ciudadano que aspire al voto informado es que las barreras de salida suponen siempre barreras de entrada. Si un Gobierno pone trabas a que una empresa deslocalice sus fábricas, otras compañías se lo pensarán muy mucho antes de establecerse en sus dominios. Si el despido sale caro, los empresarios preferirán exprimir a sus empleados actuales mediante horas extra cuando las cosas van bien para no enfrentarse a los costos de despedir a quienes pudiera contratar cuando van mal dadas.
Sin embargo, los autodenominados "agentes sociales" seguirán defendiendo un sistema que ni siquiera consigue el objetivo que se marca explícitamente. Allá ellos. El problema es que tanto los Gobiernos de izquierda como los de derecha han sacralizado el "diálogo social" hasta tal punto que hacer una reforma sin contar con estos sindicatos sin representación parece una herejía. Sería ya hora de dejar atrás ese lastre.
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