El fallo del Tribunal del Jurado

Se dice, y se dice bien, que es necesario abordar en estos momentos el asunto del Tribunal de Jurado en España sin apasionamiento y sin la influencia directa del caso King en Málaga. Decíamos lo mismo en 1997 a propósito del caso Otegi, y a raíz de los escándalos de los juicios contra O. J. Simpson o contra la au pair Louise Woodward en EEUU por esas mismas fechas; en todos los casos, graves pifias jurídicas con Jurado de por medio. Falla el montaje y salta la indignación y la polémica. Y hasta el próximo. Ahora bien, en lo tocante al “Tribunal Popular”, el error y el abuso se hallan en la misma institución. Los miembros del Jurado cometerán fallos o no; esto se antoja algo contingente. Lo relevante y decisivo está en convencerse de que el principal fallo es el Jurado Popular mismo. He aquí la cuestión sustancial; lo demás, sus accidentes.

Urge, por tanto, aislar y alejar los lugares comunes y la discusión bizantina que ciegan el problema de fondo: la agresión a los derechos fundamentales cometida por esta Ley a ambos lados del banquillo, esto es, en los acusados, quienes tienen derecho a un juicio con plenas garantías de rigor y profesionalidad; y en los jurados, forzados, y aun incitados, a juzgar a otros individuos, en una farsa de justicia socializada y participativa. Centrar la querella en si España es país con mayor o menor tradición juradista; en quién cometen más errores, si los jurados o los jueces profesionales; o sobre el modelo de Tribunal más idóneo para nuestra idiosincrasia, no significa sino maneras de desviar el problema, o, algo más grave, negarlo, dando por hecho la conveniencia del engendro y su inevitabilidad.

La Ley del Tribunal del Jurado ya conoció en España desde su reimplantación (22 de mayo de 1995) tremendas vicisitudes y problemas técnicos en la propia redacción del texto, así como bochornosas justificaciones políticas exhibidas por el Gobierno socialista, su principal favorecedor, entonces en el poder. Por un lado, buscando legitimación histórica a su iniciativa, los socialistas se apoyaron nada menos que en la restauración de la legalidad republicana truncada por el franquismo, sentando así un precedente de lo que vendría después, o sea hoy, el neorregeneracionismo temerario que tiñe de oportunismo tricolor la actual directiva de Ferraz. Por otro, con el fin de asentar una falaz filosofía política inspirada en el democratismo y el participacionismo cívicos, impulsaron una doctrina de la justicia altamente politizada y revanchista, a cuenta de la “justicia popular” y otros mitos; la perfecta representación, en suma, de cómo se sancionan en nuestros días los ideales del republicanismo y el despotismo ilustrado.

Los aspectos más conflictivos de este asunto radican en las categorías obligatoriedad y voluntad. La Ley del Jurado dice legitimarse en la Constitución de 1978. Allí leemos: “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado” (artº 125). Se reconoce, por tanto, la posibilidad (“podrán”) de su establecimiento, no su carácter ineludible ni su exigencia, como en cambio fue interpretado en leyes posteriores. Los legisladores optaron así por la vía coactiva (deber de ser jurado) y por la arbitrariedad y la discrecionalidad: la “acción popular”, por ejemplo, en las acciones judiciales no obliga a los ciudadanos a ejercerla, pero sí a ser jurado. Y ocurre que frente el derecho y el deber de juzgar, está el derecho a no juzgar y a no ser obligado por Ley a llevar a cabo acciones contra la propia voluntad.

Hay más: la abogada asignada por Turno de Oficio para la defensa de Tony Alexander King pudo renunciar a estar en el Tribunal (motivo, por cierto, que posibilitó el relevo del abogado-periodista digital), pero los miembros del jurado no pueden. Aunque sí son sorteados; intimidados y amenazados con severas sanciones si tratan de “evitar” a la fortuna; interrogados e investigados; despersonalizados; recluidos e incomunicados; conminados a juzgar y acertar en el veredicto sin excusas (a ellos, legos, se les impide abstenerse en las votaciones); y, para mayor oprobio, recompensados con dietas (¿indemnizados?). Su único delito: ser ciudadanos con el deber cívico de juzgar. No importa que sean justos o no. Lo importante es participar. Pero el jurado (compañeros-jueces), el pueblo llano, cuando juzga, lo hace desde un prisma moral. Y de este tenor son su fallo y su responsabilidad: morales. Nadie puede exigirle responsabilidad jurídica al lego legado. Y si algo falla, para políticos, jueces y fiscales la culpa será del jurado, ¡pero no de El Jurado! ¿Qué hacer con una ley falsaria y de peligro público?

Se trata de una ley contestada por los profesionales del Derecho no contaminados por la politización y la lealtad al pasado (socialista) y por sus múltiples anomalías probadas: sentencias pactadas para “huir del Jurado”, fallos de conformidad, falta de motivación, veredictos “sorpresivos”... Los ciudadanos recelan, asimismo, de su benevolencia, y lo rehuyen o lo soportan, según su lugar en la Sala. Discutir en un debate público sobre las ventajas/desventajas de un jurado puro o escabinado (descafeinado o escabechado, o algo así) suena a chino al poco versado en leyes, o sea, al juez-popular. Quienes favorecen la alternativa de un jurado mixto, como remedio a la perversidad del Puro, que falla demasiado, argumentan que con aquél el profesional de la justicia aportaría experiencia y saber técnico. Sea; pero, ¿el pueblo en qué contribuye de valor al Tribunal?

Los socialistas han legado a la sociedad una ley farsante y dolosa que todos padecemos (bueno, más de una: está también la LOGSE). Pero, ya no gobiernan, ¿o si? El PSOE exigía en el Pacto de la Justicia no tocar una coma de su Ley. Ahora, lo han roto por interés político. Mientras tanto, el PP sigue gobernando, ¿o no?