La crisis económica y social ha evidenciado el alto grado de vinculación entre las entidades financieras españolas y una Administración Pública que ha concedido ayudas multimillonarias y una injusta deducción fiscal a los propietarios de aquéllas. La crisis ha obligado al Gobierno a ser todavía mucho más intervencionista en economía (ya lo era en otros ámbitos), a pesar de que es consciente de que la economía de libre mercado es, con todas sus imperfecciones, un ser vivo cuya sangre necesita seguir succionando la izquierda para su propia existencia parasitaria.
Esta situación privilegiada de la que gozan las entidades financieras españolas frente a la práctica totalidad del resto de entidades privadas que operan en el libre mercado justifica la apertura inmediata de un debate nacional destinado a la adopción de medidas que hagan justicia a los millones de españoles que, con sus impuestos, están pagando dichos privilegios. Aquí van algunas ideas:
– Se podrían limitar notablemente los salarios, comisiones y percepciones extrasalariales de los altos directivos de las entidades financieras, puesto que han demostrado que, en la práctica, son pseudofuncionarios a los que ninguna responsabilidad se puede exigir.
– Resultaría muy conveniente que se limitase la intervención de las administraciones públicas en las entidades financieras, sobre todo en las cajas de ahorros, para evitar la existencia de órganos o entidades políticas disfrazadas de entidades privadas. Todo disfraz se utiliza para engañar a alguien; en este caso, el engañado es el ciudadano español.
– Habría que adoptar medidas concretas destinadas a proteger los intereses de los accionistas minoritarios de las entidades financieras, otorgarles una mayor capacidad de control y participación, dado que hasta ahora sólo se les protege en las exposiciones de motivos de las leyes. El Gobierno ha demostrado, a la hora de la verdad, que está con los accionistas mayoritarios de los bancos y no con los minoritarios.
– El Banco de España no debe ser un órgano político más, sino que deberá desempeñar una función útil e independiente, perceptible por los ciudadanos.
– Debe incrementarse la trasparencia de las entidades financieras mediante el acceso público a, por ejemplo, su contabilidad, su estrategia y actuaciones, así como a la información relativa a los ingresos de sus socios, altos directivos y trabajadores.
– Habría que abundar en la liberalización, solvencia, independencia y autonomía de las entidades financieras respecto del Estado.
Nuestro Estado Zumosol tiene muchos primitos carnales y políticos que siempre acuden a él. Es un Macroestado que nos convierte en eternos niños indefensos y coaccionados, y encima hemos de mantenerle, a él y a sus primitos. Sólo me queda desear que este Estado Zumosol se convierta algún día, por la acción de quienes pagan impuestos, en un Estado Vitalinea, sin nada de grasas ni azúcares añadidos y con mucho calcio.
© Fundación Burke