Muchos de mis lectores que no apoyan el 282 piensan que si un hábito o estilo de vida determinado supone un coste para los demás a través de los impuestos que financian la sanidad, el Estado tiene el derecho de intervenir. Se han esgrimido justificaciones de este tipo para defender, por ejemplo, la imposición del uso del casco a ciclistas y motoristas. Y es que, se dice, si uno ejerce su libertad para ir en moto sin casco y se convierte en un vegetal como consecuencia de un accidente de tráfico, la sociedad tiene cargar con los gastos derivados de su cuidado.
Bien. Que los obesos enfermos y los motoristas accidentados se conviertan en un fardo para el contribuyente no es un problema relacionado con la libertad, sino con el socialismo, pues se obliga a una persona a encargarse de otra. No hay argumento moral alguno que justifique el empleo de la coacción estatal para forzar a una persona a correr con los gastos generados por otra. Si alguna de ellas tiene el suficiente arrojo para negarse, ¿a qué se puede recurrir para defender que se la multe, encarcele o mate?
"¿Matarla? ¿No estará usted exagerando, Williams?", puede que me diga alguien. Bien. Pongámonos en situación. Imagínese que le dice a los funcionarios del Congreso que está dispuesto a contribuir con la parte que le corresponde al sufragio de las funciones constitucionalmente asignadas al Gobierno, pero que se niega a hacerse cargo de los gastos generados por una persona obesa que cae enferma o por un motorista que sufre un accidente: entonces lo amenazarán con multas, confiscaciones o la cárcel; y si persiste en su negativa podría acabar siendo tiroteado.
Forzar a alguien a cargar con los costes sanitarios de otra persona no sólo es algo moralmente discutible; es también una amenaza a la libertad individual. Piense en la cantidad de hábitos y estilos de vida que pueden representar una amenaza para el bolsillo del contribuyente: una dosis diaria de sal que supere los 6 gramos puede provocar hipertensión; una dieta rica en grasas, así como un consumo elevado de alcohol, puede provocar diabetes; un estilo de vida sedentario puede provocar hipertensión, diabetes y problemas cardíacos. Etcétera. Así las cosas, mi pregunta es: ¿cuánto de su vida cotidiana está dispuesto a dejar en manos del Estado con tal de reducir el gasto? ¿Le gustaría que el Estado le controlara su consumo de sal, grasas y alcohol? Hacer ejercicios aeróbicos durante media hora diaria tiene efectos muy saludables, pero ¿apoyaría que el Estado le obligara a hacerlo? Quizá usted quisiera ahora replicarme que no incumbe al Estado cuánta sal o alcohol consume cada persona, incluso si de ello se derivan costes sanitarios. Entonces yo le volvería a formular una pregunta; ésta: ¿por qué no se dice lo mismo cuando se trata de imponer el uso del caso a los motoristas, o ante determinados proyectos de ley que pretenden combatir la obesidad?
El año pasado se presentó en el Congreso una ley que tiene por objeto evitar que las escuelas sirvan pizzas, hamburguesas, patatas fritas y demás componentes de la comida basura a los niños. Ya que el Estado quiere proteger a los pequeños de las comidas "malsanas", ¿estaría usted dispuesto a permitirle que controlara también lo que comen en sus casas?
Cuando no tenía más que 14 o 15 años cometí el error de pensar que podía hacerme con las riendas de mi casa. Entonces, mi madre me advirtió de que, mientras fuera ella la que pagara las facturas, yo haría lo que ella dijera. La verdad es que se trata una base fabulosa para las relaciones madre-hijo, pero ¿acaso queremos que también sean así las que mantenemos con el Estado?
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