Suiza tiene uno de los Estados de Derecho más sólidos del mundo, según el Índice de Gobernabilidad del Banco Mundial. Asimismo, la suya es la cuarta economía más libre de las 141 analizadas en el Índice de Libertad Económica del Fraser Institute. En cambio, Ecuador tiene uno de los peores Estados de Derecho, y su economía está 105 puestos por detrás de la suiza en el ranking del Fraser, codeándose con las de Mali y Nigeria.
Muchos consideran que, para disfrutar de un Estado benefactor como el sueco, necesitamos incrementar el gasto público y regular más el mercado laboral. Olvidan que Suecia goza desde hace mucho de una libertad económica muy superior a la que tenemos en Ecuador, y de un Estado de Derecho sólido. El capital intangible que genera en dicho país europeo el Estado de Derecho hace posible que su economía tolere durante algún tiempo una alta carga tributaria y un mercado laboral signado por la rigidez. Pero no fueron los altos impuestos y la inmovilidad del mercado de trabajo lo que hicieron posible la riqueza sueca; es más, pueden resultarle perjudiciales.
El economista sueco Johan Norberg explica que entre 1860 y 1910 los salarios reales de los trabajadores industriales crecieron en su país un 25% por década, mientras que el gasto público no rebasó el 10% del PIB. En ese periodo, en Suecia no había seguridad social pública ni prebenda alguna de las que el Estado benefactor empezó a generar a partir de la década de los 30 del siglo XX. Aun así, hasta 1950 el peso total de los impuestos no pasaba del 21% del PIB.
Para 1970, Suecia tenía el cuarto ingreso per cápita más alto del mundo. Pero entre 1960 y 1980 duplicó el gasto público y reguló severamente el mercado laboral; luego vino un largo periodo de crecimiento mediocre –si se compara con el que experimentaron EEUU y los países de Europa Occidental–; a resultas de todo ello, el país escandinavo retrocedió hasta el 14º lugar en el ránking de renta per cápita.
Suecia entró en crisis a principios de los 90. Para recuperarse, optó por bajar los impuestos, recortar las pensiones –incluso se privatizaron parcialmente–, introdujo el cheque escolar y abrió las puertas de la sanidad y la educación a la iniciativa privada.
Es probable que muchos empresarios ecuatorianos practiquen la doble contabilidad y evadan impuestos. Pero no lo hacen porque su raza o su cultura les predispongan a ello. La suya es una reacción natural a un marco legal que impide el progreso y castiga la creación de riqueza. La experiencia, en todo tiempo y lugar, demuestra que los sistemas que dan más libertad a los individuos y ponen limitaciones al poder estatal son los que generan más prosperidad. Suecia es solo uno de los muchos ejemplos.
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GABRIELA CALDERÓN, editora de El Cato.