En Argentina, luego de confiscar el ahorro de la gente, el Gobierno congeló en 2002 las tarifas del gas y la electricidad (fijando precios máximos a un tercio del valor vigente), olvidando el principio más elemental de la economía, la ley de la oferta y la demanda. En las ciencias físicas ello sería equivalente a saltar al vacío desdeñando la ley de la gravedad. La oferta de energía se redujo, la demanda aumentó, se paralizaron las inversiones en el sector, surgió la escasez y el país pasó de ser exportador de gas y electricidad a importador, dependiendo de Bolivia y Brasil.
En Bolivia, Evo Morales se apoderó de la producción y las instalaciones de las petroleras y, olvidando que sólo el mercado puede establecer precios reales, mediante el equilibrio de la oferta y demanda, dispuso un enorme incremento en el precio del gas para Brasil y Argentina, por considerar que las petroleras lo estaban vendiendo a un precio irrisorio e "injusto". Se burló del orden jurídico, repudió los tratados de protección a las inversiones y contratos de exportación y convirtió Bolivia en un paria.
Ni Evo Morales ni Lula ni Kirchner tienen la menor idea del precio real del gas, porque solamente un mercado libre de la injerencia estatal puede establecerlo. Y ese mercado no existe. Morales podrá forzar temporalmente un precio elevado, pero las consecuencias serán funestas. Muchos proyectos serán cancelados, caerá la demanda y morirá la producción. Sin inversión no habrá más gas. Por otra parte, el desmedido aumento de precios incentivará la inversión en Brasil y Argentina, por lo que en menos de tres años éstos dejarán de comprar gas de Bolivia. ¿Cómo financiará Morales el gasto público sin los ingresos del gas?
Ningún Gobierno o ente estatal puede determinar precios reales. Los precios, incluidos los salarios, las tasas de interés y las rentas, sólo los pueden establecer los consumidores en el mercado. Los del Gobierno, basados en los "costos de producción", son ficticios, distorsionan la asignación de recursos, frenan la inversión y el crecimiento económico, despilfarran fondos públicos y originan corrupción. Esto ocurre en mi país, Paraguay, donde el Gobierno fija por decreto, con fines electorales, el precio del gasoil, la luz, el agua, el teléfono, etcétera.
En la prohibición de Kirchner de exportar carne durante 180 días para bajar su precio local también se ve el menosprecio a la economía. ¿No sabe que la única forma de reducir el precio es aumentando la oferta? Su prohibición hará todo lo contrario: creará incertidumbre, eliminará el incentivo a las nuevas inversiones y provocará escasez futura y que los precios sean más altos.
En Paraguay, el presidente Duarte Frutos también impulsa una medida similar, buscando "acuerdos" con los supermercados para limitar los precios de "cortes populares" y otorgando subsidios crediticios a los ganaderos para que eleven su producción. Desconocen que la función de los precios es transmitir información vital a consumidores y productores.
Cuando los precios suben, los productores obtienen mayores ganancias e invierten, para aumentar su producción. Ese incremento de la producción tiende a bajar los precios y reducir las ganancias y la inversión, en un ciclo continuo. A los consumidores el aumento de precio les da el incentivo para consumir menos y pasarse a otros productos. Los precios políticos y la inflación, en cambio, distorsionan el valor del dinero, ocasionan derroche y escasez y frenan el crecimiento.
La tragedia latinoamericana nace en el arraigado desprecio hacia la libertad individual, los derechos de propiedad y los principios de la economía del populismo, cuyos fines políticos a corto plazo inevitablemente llevan al atraso y la pobreza.
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