
En 1997 el periodista del NYT Fox Butterfield se quejaba de lo mismo en un reportaje titulado "El crimen sigue descendiendo, pero las cárceles se siguen llenando". Entonces como ahora, los progresistas parecen encontrar desconcertante que el número de delitos descienda al tiempo que crece el de delincuentes presos.
Tampoco resulta extraño que la izquierda recurra a la vieja e irrelevante comparación entre el coste de mantener entre rejas a los criminales y el de la educación superior. Según el NYT, Vermont, Connecticut, Delaware, Michigan y Oregón dedican "tanto o más dinero a los correccionales que a la educación superior". Ahora bien, la comparación relevante es esta otra: el coste de mantener a un delincuente preso y el de dejarle campar a sus anchas por las calles. Pero ni el NYT ni el resto de la izquierda muestra interés alguno por la misma.
Se estima que, en el Reino Unido, el coste del sistema penitenciario asciende a 1.900 millones de libras al año, mientras que el derivado de los homicidios registrados ronda los 60.000 (millones de libras al año también, claro).

Tanto los políticos como los ideólogos de la izquierda andan siempre buscando "alternativas al encarcelamiento"; medidas recogidas en programas con nombres tan encantadores como "Supervisión Comunitaria" y que suelen recurrir a aparatejos de alta tecnología para, por ejemplo, saber por dónde se mueven los criminales excarcelados.
¿Cómo ha de apañárselas la "comunidad" para "supervisar" a los delincuentes liberados? Encomendar a alguien la vigilancia, permanente y de proximidad, de los susodichos tiene toda la pinta de ser mucho más caro que tenerlos tras las rejas. Pero, claro, nadie está proponiendo semejante cosa. Quizá pudiera bastar con que los convictos se presenten cada cierto tiempo ante un funcionario. Pero, claro, así no hay manera de supervisar lo que hagan durante el resto del tiempo.

Uno de los aspectos más insidiosos de las "alternativas al encarcelamiento" tiene que ver con que quienes dirigen estos programas suelen controlar también las estadísticas e informaciones necesarias para conocer el alcance real de los mismos. No sólo controlan la información; es que también deciden quién puede acceder a ella.
Si un funcionario ve en peligro su puesto y puede decidir entre entregar información a un investigador que considera el encarcelamiento una medida "mala" o a otro mucho menos comprensivo con los criminales, ¿por quién piensa usted que se decantará?
El estudio A land fit for criminals (Un país ideal para los criminales), de David Fraser, contiene varios capítulos que tratan de los apaños estadísticos que se perpetran en el Reino Unido para que parezca que las "alternativas al encarcelamiento" están teniendo éxito, aun cuando lo cierto es que están fracasando miserablemente. Los trágicos platos rotos, por supuesto, los está pagando la gente.
El Reino Unido ha ido mucho más allá de adonde quiere llevarnos el NYT; y, en el proceso, ha pasado de ser uno de los países más respetuosos con la ley a sobrepasar a los Estados Unidos en casi todos los índices de criminalidad...