Pero sorprende este intento por recuperar la figura de la reserva de empleo como una de las herramientas principales para impulsar la participación activa de las personas con discapacidades en el trabajo normalizado. En la mayor parte de los países de nuestro entorno, la cuota ha perdido protagonismo durante los últimos años, y ha quedado relegada a una posición cada vez más testimonial frente a otras políticas activas de protección a los discapacitados, como la legislación de carácter antidiscriminatorio. Esta última opción es la que cuenta también con más apoyos en el marco de la Unión Europea. Si bien aún está presente en el ordenamiento jurídico de numerosos países en Europa y en Asia, la cuota no se ha incorporado a las iniciativas legales adoptadas en este terreno en los últimos años. Así, normas antidiscriminatorias tan influyentes como la de Suecia, la del Reino Unido, la de Australia o la norteamericana, todas aprobadas después de 1990, no hacen la menor referencia a este mecanismo.
La decisión de reservar cierto número de empleos para personas con minusvalías procede de la I Guerra Mundial, y se concibió como un mecanismo para facilitar la reincorporación de los mutilados de guerra a la sociedad, al tiempo que se les brindaba la oportunidad de trabajar y de obtener unos ingresos como fruto de su esfuerzo. Los primeros países en introducir la exceptuación en el continente fueron Francia, Alemania, Italia y Austria.
Con los años, lo que surgió como una solución temporal a una circunstancia muy concreta se convirtió en norma, y, mediante la aprobación de diversas leyes, la exceptuación se extendió a todos los discapacitados y a todos los sectores económicos en gran parte de Europa. De esta forma, a mediados del siglo XX ocupaba un lugar importante en las políticas de acción positiva en el continente.
El creciente desprestigio de la cuota está motivado por dos razones fundamentales. La primera es su poca o nula efectividad contribuyendo muy escasamente a la incorporación de los discapacitados a la población activa. La segunda se refiere al rechazo que suscita en la parte del movimiento asociativo de las personas con discapacidades que más influye en el contenido de las políticas públicas dirigidas a este sector de la población.
La ineficacia de la reserva de empleo ha sido uno de los aspectos más polémicos de su aplicación. En 1981, un informe elaborado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Comunidad Europea reflejaba que la disposición era incumplida por seis de los nueve países estudiados. En nuestro país, dicha falta de eficacia ha quedado suficientemente acreditada en las dos últimas décadas, después de que la Ley de Integración Social de los Minusválidos, de 1982, estableciera que las administraciones públicas y las empresas con más de 50 trabajadores debían reservar un tres por ciento las primeras y un dos por cien las segundas de sus plantillas para trabajadores con minusvalías. A mediados de los noventa resultaba ya evidente que el precepto había sido incumplido de forma general por la administración y por el sector privado, y que el elevado índice de desempleo del país no hacía posible endurecer las condiciones de su exigencia, con el establecimiento de sanciones económicas a quienes no lo respetaran, como ocurre en otras legislaciones. Por el contrario, se optó por medidas alternativas, que se complementaban con la concesión de ayudas o de bonificaciones fiscales a las empresas que incorporaran a su plantilla personas con minusvalías. Entre las disposiciones alternativas destaca, a grandes rasgos, la posibilidad de contratar un centro especial de empleo, o centro ocupacional para discapacitados, como proveedor de algún material que la empresa precise en su proceso de producción. Uno de los casos más conocidos es el de las compañías aéreas que compra los auriculares que reparte a bordo a un centro de empleo de discapacitados. Esto supone, en el mejor de los casos, que la administración impulsa un tipo muy concreto de puesto de trabajo en el ámbito de la discapacidad, el empleo protegido. Mientras, quienes deciden optar por otros trabajos sufren los obstáculos en la intrincada red que tejen las regulaciones concernientes a las relaciones laborales de las personas con minusvalías.
Un informe publicado en otoño de 2003 por la fundación La Caixa confirma la escasa aportación del sistema de cuota al nivel de empleo de los discapacitados españoles. Así, sólo once mil quinientas personas han accedido a un puesto de trabajo gracias a la reserva de empleo desde que la Ley de Integración Social de los Minusválidos y los decretos que la desarrollan entraran en vigor.
Varias son las causas que explican la ineficacia de la cuota. En primer lugar, los textos legales dejan en el aire muchas definiciones ambiguas que no ayudan a su aplicación práctica, desde qué empresas se ven o no afectadas por el mandato hasta la propia definición de discapacidad. Además, en el caso de las administraciones, se empuja a los discapacitados a las convocatorias en las que se reserva alguna plaza para ellos, en contra quizás de sus preferencias y de sus características profesionales. El resto de las convocatorias contiene en sus bases una cláusula donde se especifica que no se ha de "padecer enfermedad o impedimento físico" para el desarrollo de las tareas de la plaza, quedando a criterio del órgano examinador o, aún peor, de un examen médico que no tiene en cuenta las adaptaciones tecnológicas existentes, la capacidad para desempeñar ese trabajo.Ni la exceptuación ni las medidas que la complementan, por otra parte, dan respuesta a la necesidad que tienen muchos discapacitados de adaptar el puesto de trabajo, bien con la instalación de ayudas técnicas o informáticas bien con modificaciones arquitectónicas. Y este es el asunto que se debe resolver de una vez si se quiere que las personas con minusvalías se incorporen definitivamente a la población activa. Como consecuencia, los discapacitados más severos, que necesitan adaptaciones más complejas, no se ven beneficiados por la buena voluntad de la administración.
La reserva de empleo es una medida con un marcado carácter paternalista, que proviene de su propio origen, cuando se trataba de aliviar a los mutilados de guerra de las secuelas físicas y psicológicas del conflicto. Es una senda bucólica y evanescente, pero equivocada. Porque es precisamente ese carácter paternalista el que inspira el rechazo de muchos discapacitados hacia la cuota, al considerar que esta no es la fórmula que prime su capacitación profesional o sus méritos.