El fascismo es una ideología y una forma política execrable. Y lo es tanto por sus métodos para alcanzar, ejercer y expandir el poder como por la forma de organización social y económica que aspira a establecer. Por lo que respecta a los métodos, realmente existen pocas prácticas en las que los fascistas fueran innovadores; casi todo estaba ya en el leninismo: el partido ultradisciplinado, la agitación y la propaganda, las milicias destinadas a dominar la calle, los campos de concentración, la persecución y eliminación de los disidentes, la omnipresencia de la policía política, la desaparición de la vida privada y la generalización de las delaciones.
La única creación fascista (nacional-socialista, para ser más exactos) es la purga a gran escala dentro de las propias filas. Una práctica que, por cierto, los comunistas tardaron bien poco en adoptar: poco más de dos años transcurrieron entre la Noche de los Cuchillos Largos y los Procesos de Moscú.
Algunos dirán que lo que hace característico al fascismo es su política racial. En Alemania, y tal vez en Japón, sí. Pero, desde luego, no en la Italia de Mussolini o en la España falangista inmediata a la posguerra. Existe en un punto mucho más esencial, común a todos los fascismos: la forma de organización de la vida económica que se establece, y cuyas principales características podríamos resumir así:
– La producción y distribución de los bienes y la vida económica en general se planifican, bajo la supervisión del Estado, a través de la integración en federaciones sectoriales de productores y sindicatos de trabajadores. Hablamos del Estado Corporativo de la Italia de Mussolini, de la Democracia Orgánica de la España falangista, del National Recovery Act de la pretendida transformación rooseveltiana... Sobre éstos recaía la función nominal de asignar cuotas de producción, fijar precios y condiciones laborales o conceder licencias. Simultáneamente, quedaba nacionalizado el comercio exterior, así como una serie de sectores considerados estratégicos.
– Al mismo tiempo, el Estado, que presume graves fallas en el funcionamiento del sistema de laissez faire, asume la responsabilidad de lograr el pleno empleo, utilizando para ello el recurso inflacionista de sufragar un formidable volumen de gasto público (obras públicas, gastos militares...) a través de los déficit públicos y la política monetaria expansiva.
– Se mantiene, al menos en el nombre, el statu quo de la propiedad de los medios de producción. Es fundamentalmente de este punto del que deriva su aceptación, en tiempos de crisis, entre sectores conservadores y del establishment, que lo ven como una "tercera vía" para superar la lucha de clases y evitar los baños de sangre antiburgueses y anticapitalistas, así como la destrucción de capital humano, asociados al socialismo de corte marxista.
– La puesta en marcha de políticas sociales de amplio alcance: educación, cultura y deporte públicos, fijación de salarios no referidos a la productividad, seguros sociales, etcétera. Se trata de una nota característica de unos partidos de masas fundados y liderados, además, por personajes vinculados al sindicalismo o procedentes del socialismo: Benito Mussolini, Georg Strasser, Ramiro Ledesma, Juan Domingo Perón...
– Puesto que el poder estatal no es extensible más allá de las fronteras nacionales, el sistema económico aspira a la autarquía. Se sustituye el comercio internacional entre particulares por el militarismo expansionista (espacio vital) para la obtención de recursos no disponibles en el interior, por la política de sustitución de importaciones (el estructuralismo latinoamericano, que tantas dictaduras populistas ha inspirado) o, en su defecto, por el trueque, llevado a cabo directamente a nivel intergubernamental.
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