La Monarquía percibió 8,4 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado en 2011; de esta cuantía, el Rey ingresó 292.752 euros brutos, de los que 140.519 correspondieron a su sueldo y 152.233 a gastos de representación.
¿Mucho o poco? Empezando por el sueldo, una vez aplicada la correspondiente retención del IRPF (49%), su Majestad no alcanza los 6.000 euros netos al mes. No es gran cosa si se compara con el sueldo medio de un alto ejecutivo o de un profesional de alta cualificación. De hecho, está en sintonía con el salario bruto de otros altos cargos de la Administración Pública: Defensor del Pueblo (115.376 euros), presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (130.152), presidente del Constitucional (129.271), presidente del Tribunal de Cuentas (112.578)...
Ciertos políticos, como el presidente de la Generalidad de Cataluña, disfrutan de una retribución superior (144.030 euros). Siendo puntillosos, una vez sumadas las dietas y prebendas varias que pueden llegar a percibir políticos de nivel inferior, como diputados o alcaldes, el sueldo del Rey se queda más bien corto. Y es que los diputados rasos del Congreso, por ejemplo, cobran de media más de 6.400 euros limpios al mes, ya que a su salario base de 3.126 euros brutos es preciso sumar numerosas dietas y complementos, al tiempo que tributan como mileuristas.
La cuestión clave no es si el Rey cobra más o menos que los altos cargos políticos y administrativos, sino la rentabilidad de su tarea. Dicho de otro modo, ¿vale su trabajo los 140.519 euros que sufragan los contribuyentes españoles? El Rey es el Jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas y el máximo representante público de España; como tal, y puesto que carece de funciones ejecutivas y legislativas, su principal labor es la alta diplomacia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Su rango en el sector privado equivaldría al de un relaciones públicas de primer nivel, encargado de gestionar, en un sentido amplio, la imagen corporativa e institucional de grandes multinacionales.
Las firmas de este tipo mueven carteras de varios cientos de millones de euros y sus altos ejecutivos están mucho mejor pagados que el monarca. En realidad, la Casa Real vale lo que vale su agenda de contactos, y su capacidad de influencia para mediar entre los distintos agentes a los que representa de forma más directa y frecuente (Gobierno y grandes empresas españolas). El Rey, en la práctica, se dedica a abrir puertas para la marca España –con una facturación anual de casi un billón de euros– en el exterior.
De ahí que su presupuesto público sea, simplemente, irrisorio en comparación con la rentabilidad implícita que genera. Resulta difícil medir con detalle el valor añadido que aporta la intermediación del Rey a las empresas nacionales, sobre todo a la hora de facilitar nuevas oportunidades de negocio en el ámbito de otros Estados, pero basta con preguntar a los altos ejecutivos del Ibex 35 para percatarse de su satisfacción.
Y hacer esto con un presupuesto de 8,4 millones tiene su mérito. No en vano, y siguiendo con el análisis comparativo, esta cuantía apenas equivale al 0,0049% del presupuesto del Gobierno central y al 0,0017% de todo el gasto público anual. Por si fuera poco, el coste de la Monarquía española es muy inferior al de instituciones homólogas: la República francesa cuesta 112,5 millones al año, el 0,029% del presupuesto estatal del país vecino (seis veces más que la Casa Real); la Monarquía británica, 48,6 millones de euros; la de Holanda, 39,6 millones; la noruega, 28 millones; la belga, 13,7 millones; la danesa, 12,6 millones; la sueca, 12,2 millones; el Gran Ducado luxemburgués, 8,7 millones...
La española es la segunda Monarquía más barata de Europa, y además resulta muy rentable para el contribuyente, sobre todo si se compara con el latrocinio habitual entre los políticos patrios. En este sentido, cabe recordar que la exministra de Exteriores Trinidad Jiménez, cuya función representativa puede considerarse homóloga a la del Rey, se gastó 63,5 millones en un sólo día en subvenciones que es preferible no calificar, como la concedida a la "mejora de la producción agrícola mediante la resolución de conflictos con los hipopótamos en Guinea-Bissau". Pero a Jiménez, que se sepa, nadie le ha exigido cuentas.