En apariencia, el Gobierno, al prohibir la publicidad comercial en Televisión Española y limitar la emisión de acontecimientos deportivos y películas de estreno en la cadena pública, parece que sólo busca librar a las cadenas privadas de televisión de una injusta competencia y crear una inocua BBC a la española. La realidad es muy otra: el Gobierno se inmiscuye indebidamente en el sector de la información y la comunicación para gobernarlo.
El verdadero fin de Zapatero y sus ministros es salvar o reforzar los dos emporios mediáticos que les apoyan: el uno, al borde de la quiebra, es el suavemente izquierdoso grupo Prisa (con Canal Plus, CNN Plus, Cuatro, la SER, El País, etc); el otro, lanzado con el apoyo directo del presidente del Gobierno, es el francamente izquierdista Mediapro (con el periódico Público y La Sexta). Subsidiariamente, otro objetivo del Gobierno socialista es lanzar un anzuelo de servidumbre a empresas de información que le son menos favorables, con el cebo de que obtendrán la publicidad que TVE abandona.
El efecto es sutilmente devastador. Quedan mediatizados grupos como Vocento –con su ABC, sus múltiples periódicos de provincia y una participación en Telecinco– o Planeta (con La Razón y una participación en Antena 3). Es como si el Gobierno les dijera: "Yo te salvo y tú me lo agradeces con un trato más amable". Tan esto es así, que el director de un rotativo nacional me dijo que no podría escribir el editorial que le pedíamos contra esta polacada.
Con igual falta de escrúpulo, y so pretexto de que la televisión del Estado, carente ya de ingresos publicitarios, necesita financiación, el Gobierno español ha decidido imponer una nueva contribución sobre las televisiones privadas, y además cuantiosas aportaciones de otros que por allí pasaban, como las compañías de telecomunicación.
Errores y omisiones
El camino seguido hacia la domesticación de los medios de comunicación por el Gobierno socialista ha sido tortuoso, en parte por disimulo, en parte por incompetencia. Las nuevas tecnologías permiten la digitalización de las emisiones de radio y televisión. Con este nuevo método de transmisión de las señales, las 6 cadenas de televisión analógica terrestre podrían multiplicarse hasta 33, a lo que se añadirían 1.290 estaciones autonómicas y locales. Animados por estas posibilidades, algunos empresarios hicieron planes para lanzar nuevas estaciones digitales de pago que compitiesen con Canal Plus, con inversiones milmillonarias, como la de Quiero, que se han perdido totalmente.
Por entonces se anunciaba, aunque sin fecha, el apagón analógico, tras el que todas las televisiones habrían de emitir en digital. Ese inoportuno momento fue el que eligió el Gobierno de Zapatero para hacer un favor al Grupo Prisa y a Mediapro: concederles sendas licencias analógicas de pago, que caducarían tras el apagón. Los de Polanco pensaban que, en el ínterin, podrían hacer caja con un mayor número de retransmisiones de partidos de fútbol, pero Mediapro les dejó compuestos y sin novia al hacerse con esos derechos. Ahí comenzó el agobio financiero de Prisa, cargado con una deuda improductiva de 5.050 millones de euros que le tiene de rodillas, algo a lo que ese soberbio grupo está poco acostumbrado.
En el Gobierno, un grupo de ministros polanquistas, formado por las vicepresidentas Fernández de la Vega y Salgado y Rubalcaba, ha buscado equilibrar el apoyo de Zapatero a Mediapro. Ese forcejeo ha resultado en dos desarrollos reveladores: el primero, un decreto que permite las participaciones cruzadas entre operadoras de televisión mientras ningún accionista tenga más del 27% del capital; el segundo, la noticia de que Prisa y Mediapro quieren unir sus intereses futbolísticos. Veremos, pues, al menos una fusión de Cuatro y La Sexta.
La financiación de TVE
En este punto interviene el Proyecto de Ley de Financiación de la Televisión Pública. Sus irregularidades son sorprendentes. Es irregular el procedimiento de aprobación urgente, pues no creo que sea tan perentorio cambiar el régimen publicitario de TVE antes del otoño, cuando hay tantas otras cosas que hacer en España. Otra irregularidad es que este proyecto pretende crear una serie de cargas, contribuciones, aportaciones, tasas o impuestos (no se sabe qué) para cubrir la reducción de ingresos que la pérdida de la publicidad implica para TVE.
Sobre las TV en abierto recaerá una carga del 3% de los ingresos brutos (sin tomar en cuenta costes). Las TV de pago soportarán una contribución (o lo que sea) del 1,5% de sus ingresos, brutos también. Las empresas de telecomunicación, por su parte, serán invitadas a hacer una aportación forzosa del 0,9%, siempre de sus ingresos brutos, unos 550 millones de euros –lo que cubriría la mitad de las necesidades de la nueva TV pública–. Además, si faltaran fondos para RTVE, el Ministerio de Hacienda podrá destinarle una parte de lo ingresado como tasa sobre el espectro radioeléctrico.
El pretexto es que las empresas concernidas se beneficiarán de la publicidad abandonada por TVE. Tal conclusión no es evidente. Es poco probable que las TV digitales privadas que emitan en abierto consigan allegar toda la publicidad que deje TVE. Además, no hace falta ser brujo para adivinar que las dos TV digitales de pago, que no llevarán publicidad, son amigas de los diversos ministros. Por cuanto se refiere a las empresas de telecomunicación, es mucho suponer que se beneficiarán, cuando igualmente prestan sus servicios a cambio de pago y no en abierto con financiación publicitaria. Para callar la boca a las telefónicas, el Gobierno les promete que podrán utilizar muy pronto las bandas que deje libres el apagón analógico, pero es lo que de todas formas tenía que ocurrir. Como dice Carlos Rodríguez Braun, adivinen si habrá tasa o contribución sobre las TV autonómicas. ¡Pues no, doctor! Todo ello no es sino un intento de comprar apoyos y votos, para buscar dinero donde está más a mano.
¿Una BBC en España?
Un engendro legal de esta clase sólo se pare cuando el principio generador está viciado. El relato que acabo de hacer evidencia que los Gobiernos creen tener un derecho natural a crear un grupo mediático favorable al Poder. Lo disimulan vendiendo la ilusión de crear una BBC en España: tarea imposible en un país donde lo normal es que el Estado y las Autonomías interfieran en la información. Incluso en el Reino Unido tuvo Churchill que comprar, entre las dos guerras mundiales, espacios en Radio Montecarlo para defender el rearme frente a Hitler, que rechazaban tanto el Gobierno como la Oposición de Su Majestad.
La solución mejor la ha propuesto Fernando Eguidazu: privaticemos TVE 1.
© AIPE
El verdadero fin de Zapatero y sus ministros es salvar o reforzar los dos emporios mediáticos que les apoyan: el uno, al borde de la quiebra, es el suavemente izquierdoso grupo Prisa (con Canal Plus, CNN Plus, Cuatro, la SER, El País, etc); el otro, lanzado con el apoyo directo del presidente del Gobierno, es el francamente izquierdista Mediapro (con el periódico Público y La Sexta). Subsidiariamente, otro objetivo del Gobierno socialista es lanzar un anzuelo de servidumbre a empresas de información que le son menos favorables, con el cebo de que obtendrán la publicidad que TVE abandona.
El efecto es sutilmente devastador. Quedan mediatizados grupos como Vocento –con su ABC, sus múltiples periódicos de provincia y una participación en Telecinco– o Planeta (con La Razón y una participación en Antena 3). Es como si el Gobierno les dijera: "Yo te salvo y tú me lo agradeces con un trato más amable". Tan esto es así, que el director de un rotativo nacional me dijo que no podría escribir el editorial que le pedíamos contra esta polacada.
Con igual falta de escrúpulo, y so pretexto de que la televisión del Estado, carente ya de ingresos publicitarios, necesita financiación, el Gobierno español ha decidido imponer una nueva contribución sobre las televisiones privadas, y además cuantiosas aportaciones de otros que por allí pasaban, como las compañías de telecomunicación.
Errores y omisionesEl camino seguido hacia la domesticación de los medios de comunicación por el Gobierno socialista ha sido tortuoso, en parte por disimulo, en parte por incompetencia. Las nuevas tecnologías permiten la digitalización de las emisiones de radio y televisión. Con este nuevo método de transmisión de las señales, las 6 cadenas de televisión analógica terrestre podrían multiplicarse hasta 33, a lo que se añadirían 1.290 estaciones autonómicas y locales. Animados por estas posibilidades, algunos empresarios hicieron planes para lanzar nuevas estaciones digitales de pago que compitiesen con Canal Plus, con inversiones milmillonarias, como la de Quiero, que se han perdido totalmente.
Por entonces se anunciaba, aunque sin fecha, el apagón analógico, tras el que todas las televisiones habrían de emitir en digital. Ese inoportuno momento fue el que eligió el Gobierno de Zapatero para hacer un favor al Grupo Prisa y a Mediapro: concederles sendas licencias analógicas de pago, que caducarían tras el apagón. Los de Polanco pensaban que, en el ínterin, podrían hacer caja con un mayor número de retransmisiones de partidos de fútbol, pero Mediapro les dejó compuestos y sin novia al hacerse con esos derechos. Ahí comenzó el agobio financiero de Prisa, cargado con una deuda improductiva de 5.050 millones de euros que le tiene de rodillas, algo a lo que ese soberbio grupo está poco acostumbrado.
En el Gobierno, un grupo de ministros polanquistas, formado por las vicepresidentas Fernández de la Vega y Salgado y Rubalcaba, ha buscado equilibrar el apoyo de Zapatero a Mediapro. Ese forcejeo ha resultado en dos desarrollos reveladores: el primero, un decreto que permite las participaciones cruzadas entre operadoras de televisión mientras ningún accionista tenga más del 27% del capital; el segundo, la noticia de que Prisa y Mediapro quieren unir sus intereses futbolísticos. Veremos, pues, al menos una fusión de Cuatro y La Sexta.
La financiación de TVEEn este punto interviene el Proyecto de Ley de Financiación de la Televisión Pública. Sus irregularidades son sorprendentes. Es irregular el procedimiento de aprobación urgente, pues no creo que sea tan perentorio cambiar el régimen publicitario de TVE antes del otoño, cuando hay tantas otras cosas que hacer en España. Otra irregularidad es que este proyecto pretende crear una serie de cargas, contribuciones, aportaciones, tasas o impuestos (no se sabe qué) para cubrir la reducción de ingresos que la pérdida de la publicidad implica para TVE.
Sobre las TV en abierto recaerá una carga del 3% de los ingresos brutos (sin tomar en cuenta costes). Las TV de pago soportarán una contribución (o lo que sea) del 1,5% de sus ingresos, brutos también. Las empresas de telecomunicación, por su parte, serán invitadas a hacer una aportación forzosa del 0,9%, siempre de sus ingresos brutos, unos 550 millones de euros –lo que cubriría la mitad de las necesidades de la nueva TV pública–. Además, si faltaran fondos para RTVE, el Ministerio de Hacienda podrá destinarle una parte de lo ingresado como tasa sobre el espectro radioeléctrico.
El pretexto es que las empresas concernidas se beneficiarán de la publicidad abandonada por TVE. Tal conclusión no es evidente. Es poco probable que las TV digitales privadas que emitan en abierto consigan allegar toda la publicidad que deje TVE. Además, no hace falta ser brujo para adivinar que las dos TV digitales de pago, que no llevarán publicidad, son amigas de los diversos ministros. Por cuanto se refiere a las empresas de telecomunicación, es mucho suponer que se beneficiarán, cuando igualmente prestan sus servicios a cambio de pago y no en abierto con financiación publicitaria. Para callar la boca a las telefónicas, el Gobierno les promete que podrán utilizar muy pronto las bandas que deje libres el apagón analógico, pero es lo que de todas formas tenía que ocurrir. Como dice Carlos Rodríguez Braun, adivinen si habrá tasa o contribución sobre las TV autonómicas. ¡Pues no, doctor! Todo ello no es sino un intento de comprar apoyos y votos, para buscar dinero donde está más a mano.
¿Una BBC en España?
Un engendro legal de esta clase sólo se pare cuando el principio generador está viciado. El relato que acabo de hacer evidencia que los Gobiernos creen tener un derecho natural a crear un grupo mediático favorable al Poder. Lo disimulan vendiendo la ilusión de crear una BBC en España: tarea imposible en un país donde lo normal es que el Estado y las Autonomías interfieran en la información. Incluso en el Reino Unido tuvo Churchill que comprar, entre las dos guerras mundiales, espacios en Radio Montecarlo para defender el rearme frente a Hitler, que rechazaban tanto el Gobierno como la Oposición de Su Majestad.
La solución mejor la ha propuesto Fernando Eguidazu: privaticemos TVE 1.
© AIPE