El último ejemplo de esta estrategia del titular es el anuncio de la moratoria hipotecaria de 2 años para los parados, una medida que plantea múltiples interrogantes a los que nadie en la Administración puede responder, porque el anuncio se ha hecho antes de que se desarrollara el contenido concreto de la medida. La sorpresa expresada por el ministro de Economía, Pedro Solbes, cuando los periodistas le comunicaron la nueva es muy significativa. En cuanto a la primera actitud, fue precisamente Solbes quien, el pasado 5 de noviembre, abogaba claramente por la pasividad: "Prácticamente hemos agotado nuestro margen de política discrecional", afirmaba.
Si bien es cierto que la crisis es mundial y que la evolución que experimente fuera de nuestras fronteras ejercerá su influjo dentro de ellas, con independencia de las medidas adoptadas por el Gobierno, no lo es menos que éste podría hacer mucho más que lanzar unas pocas medidas improvisadas y cuasi chapuceras.
No obstante, y como existe el riesgo de que las medidas puedan incluso empeorar la situación (nada nos asegura que el actuar por actuar produzca una mejora), sería conveniente que el Gobierno tomara en consideración una serie de sencillos principios que le serían de gran utilidad para acertar y, así, situar a nuestro país en una mejor posición para superar la crisis.
En primer lugar, nuestro Gobierno debería tener siempre presente que la riqueza de un país la crean las personas y las empresas, nunca el Estado, que se limita a detraer, precisamente, riqueza a quien la tiene para dirigirla a otros destinos. Como escribía Henry Hazlitt en Economía en una lección, "cada dólar que el Gobierno gasta tiene que obtenerse a través del impuesto", esto es, gravando la actividad económica. En consecuencia, todas las medidas encaminadas a que las personas y las empresas creen más riqueza serán positivas; por el contrario, las que desalienten la actividad de éstas no harán sino agravar la crisis.
Teniendo siempre presente este sencillo axioma, el Gobierno podría estimular adecuadamente la economía con las siguientes prácticas y medidas:
– Claridad y transparenciaEn un entorno como el actual, es vital que la acción del Ejecutivo sea clara y que haya transparencia en la aplicación de las medidas. Lo contrario aumentaría la desconfianza.
No es justificable que no se sepa a qué entidades financieras va a comprar activos el Estado, algo que los demás países europeos están haciendo con normalidad. Se trata de una medida que pretende evitar el pánico, pero no se debería borrar toda huella de responsabilidad.
El plan pactado por el PSOE y el PP para inyectar liquidez al mercado tiene como objetivo dar acceso al crédito a particulares y empresas. A la hora de concretar, no se debería olvidar esta cuestión.
– Reducir o congelar los impuestos
En una situación de crisis crece el riesgo percibido por el inversor y se paraliza la inversión necesaria para el mantenimiento del crecimiento y la competitividad económicos. Las subidas de impuestos son un factor de aumento de riesgo, especialmente las que afectan a los beneficios empresariales. Incluso la previsión de una subida de impuestos incrementa el riesgo percibido y paraliza la inversión.
El Gobierno puede anunciar una rebaja del impuesto de sociedades o, al menos, una congelación del mismo, como mínimo, durante esta legislatura.
Otra medida que se ha demostrado estimula la inversión es la amortización acelerada de las inversiones en equipos e inmuebles.
El impuesto de sucesiones es una doble imposición, y por tanto es injusto. Su no reintroducción en algunas comunidades y su supresión en otras, como así se ha prometido, lanzaría un mensaje inequívoco de consistencia que mejoraría la deteriorada imagen de nuestros políticos y redundaría en beneficio de su fiabilidad.
– Es necesario replantear la política energética. Hay que reabrir el debate nuclear e invertir en el carbón
El energético es uno de los factores que están en el origen de la crisis actual. Es un factor de naturaleza mundial, pero tampoco aquí el Gobierno puede permanecer pasivo. Su obligación es promover una política energética que haga a España menos dependiente del petróleo y asegure a las empresas energía a precios competitivos.
Estos objetivos no se conseguirán subvencionando energías alternativas muy costosas y que finalmente nos empobrecen. Urge volver a plantear el debate sobre la nuclear, una energía barata y cada vez más limpia y segura (y que de hecho ya utilizamos, cada vez que compramos energía a Francia). España debería asimismo apostar por las nuevas tecnologías limpias para extraer energía del carbón.
– La Administración debe dar ejemplo de austeridad
El Gobierno y la Administración deben ser los primeros en poner en práctica lo que piden al resto de la sociedad.
Se deben eliminar gastos superfluos: aunque no sean significativos, se lanza el mensaje adecuado. No se pueden repetir casos como el del coche del presidente del Parlamento catalán y el de la perrera de los 9 millones de euros; mientras, muchos contribuyentes son desahuciados.Se debe impulsar, por ley, la prohibición de las campañas de publicidad institucional, que no son otra cosa que propaganda partidista pagada por todos los contribuyentes.
Se debería prohibir a cualquier Gobierno la aprobación de nuevas leyes que impliquen un aumento del gasto sin una memoria financiera clara y realista. El fiasco de la Ley de Dependencia, imposible de llevar a la práctica por falta de fondos (algo que se sabía desde el primer día de su tramitación), no debe repetirse.
Televisión Española nos cuesta, a cada uno de nosotros, 102 euros al año. A esto hay que sumar el coste de las autonómicas: ETB, 168 euros al año; TV3, 154. Etcétera. Es necesario reducir los casi 1.700 millones de euros que nos cuestan estos medios, bien aplicando una estricta política de austeridad, bien privatizándolos o incluso cerrándolos.
– Hay que aprovechar el momento para abordar reformas en profundidad
No vamos a descubrir a nadie la necesidad que tiene la economía española de abordar importantes reformas que, a pesar de haber sido ampliamente debatidas, nadie se atreve a ejecutar. Del mismo modo que la necesaria aunque dolorosa reconversión industrial de mediados de los ochenta sólo fue posible en un momento de aguda crisis, que evidenció la inviabilidad de determinados sectores industriales, la actual puede servir de palanca para abordar seriamente, de una vez por todas, ciertas reformas igualmente necesarias.
El incentivo de 1.500 euros por cada contratación seguirá los pasos del plan Renove, al que no se acogió casi nadie. En vez de planes y medidas ridículas y superficiales, el Gobierno debería reducir sustancialmente el coste del despido en los nuevos contratos, eliminando así uno de los más importantes frenos a... las nuevas contrataciones.
El globo sonda del ministro de Trabajo relacionado con la transformación de 90.000 parados potenciales en jubilados mediante el adelantamiento de la edad de retiro hasta los 60 años sigue el camino equivocado. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero éste no es el mejor método para reducir la cifra de desocupación real. Es hora de replantear la viabilidad de nuestro sistema de desempleo y jubilación, y de actuar decididamente a favor de las instituciones que garantizan la viabilidad de nuestro sistema: las familias, desde un punto de vista demográfico, y los centros de enseñanza, claves para la recuperación de la competitividad. Sin apoyo real a las familias y una profunda reforma educativa, nuestra sociedad seguirá expuesta e indefensa ante los vaivenes del mercado.
Este tipo de reformas deben respetar la libertad y la responsabilidad de los empresarios y de los trabajadores y evitar las planificaciones quinquenales, que ya han demostrado su incapacidad para crear riqueza. La tentación de otorgar ayudas a sectores estratégicos, como el de las energías renovables, resucita el viejo afán planificador y está condenada al fracaso y a alargar la crisis. El Gobierno debe limitarse a ofrecer bonificaciones fiscales a las empresas que generen empleo y riqueza, dejando libertad a los agentes económicos para ejercer su responsabilidad e invertir sus recursos en los sectores que consideren convenientes.