No hay que sorprenderse: la clase política española (y me temo que no sólo la española) y la realidad van por caminos distintos desde hace mucho. Lo denunciamos en el manifiesto que dio lugar a la creación de Ciutadans, que se refería precisamente a eso. Que después haya salido de aquella creación llena de buena voluntad una rama podrida más de la clase política es otro asunto. Y que de Ciutadans haya salido alguna carrera política imprevista porque a nadie se le ocurrió lo obvio (que a quienes destacaran les iban a venir con ofertas otros partidos) es de lamentar. Sobre todo, porque ésos saben muy bien dónde están y han optado por ignorarlo.
No quiero decir con esto que el PP vaya a votar a favor de leyes tan graves como la de la eutanasia y la del aborto libre. No, pero no hace la oposición adecuada, convencido como está de que la Iglesia Católica lo necesita a él, cuando ocurre lo contrario, que él necesita a la Iglesia, y a los votantes católicos.
La conversión de un médico sobre el que recayeron sospechas de eutanasia dada por su única y libre voluntad y valoración moral, el doctor Montes, en figura señera de la campaña llamada "por una muerte digna" es prueba de la catadura del partido en el Gobierno, para el cual no hay mejor currículum que un tiempo en la cárcel, se trate de lo que se trate el asunto. Y eso que Montes fue empleado por el PSOE contra el entonces consejero madrileño de Sanidad, Lamela, al que Rafael Simancas le dijo: "Date por jodido" con lo que vamos a destapar de este tipo.
Para este Gobierno no hay mejor ministro que el que lo ignora todo acerca del ramo que se le ofrece. El AVE estuvo al principio en manos de José Barrionuevo, que al menos tuvo el tino de llamar a un directivo de la Renfe y pedirle ayuda; después, en manos de Maleni, que ahí sigue, como si nada hubiera pasado, en su prebenda.
Vamos por orden. Primero, la igualdad, que, como se sabe, es más importante para los socialistas que la libertad (y ni qué decir de la fraternidad). Para garantizarla, como no basta la Constitución, han puesto un ministerio ad hoc y se lo han confiado a la más inepta de las miembras del equipo, una chica nacida para mandar, ahijada de Manuel Chaves, administradora de la propiedad andaluza del flamenco, establecida a su vez por el estatuto de la realidad nacional de allí, pactado entre los dos grandes partidos (sí, el converso Blas Infante también fue elegido padre de la patria por los del PP, y también los del PP estuvieron de acuerdo en decir a extremeños y demás imitadores que se metan la guitarra por donde le pluga, que el flamenco es suyo).¿A qué está destinado el Ministerio de Igualdad? A asegurar la diferencia entre hombres y mujeres y gays y lesbianas y sadomasoquistas, mediante el ejercicio de la discriminación positiva. Un camello por un varón con buena salud y dentadura completa, dos camellos por una hembra en iguales condiciones. Una década de cárcel para el que mata a su mujer, unos días y una medalla si el caso es el opuesto. ¿Y si la pareja es de dos mujeres o de dos hombres? ¿Y si se le va la mano al sumiso o al amo o a la ama? Ya lo haremos encajar en la ley, que es previa a la realidad.
No hay un Ministerio del Aborto, pero para eso está Sanidad. Y que conste que yo estoy a favor del control de la población y que hay métodos contraceptivos recetados desde los sumerios y mencionados en el Antiguo Testamento. (El amigo Pedro Martínez me envía el párrafo completo del discurso de Boumedienne ante la ONU en 1974: "Un día millones de hombres abandonarán el Hemisferio Sur para irrumpir en el Hemisferio Norte. Y no lo harán precisamente como amigos. Porque comparecerán para conquistarlo. Y lo conquistarán poblándolo con sus hijos. Será el vientre de nuestras mujeres el que nos dé la victoria". Como para no estar por el control...) Pero una cosa es el control, el evitar embarazos no deseados, y otra muy distinta lo que se haga después de cometido el error. El preservativo sólo parece cosa indicada en el África, porque hay mucho sida, o aquí, pero sólo por la misma razón y entre gays. Y no digamos nada de la píldora, ni del célebre doctor Ogino, de los que todo el mundo parece haberse olvidado. Conozco al menos dos países en los que el aborto ha llegado a ser la única política real de control de la población: Cuba y Suecia, aunque esta última ha revisado posiciones en los últimos años.
Y dejémonos de majaderías sobre el momento en el que comienza la vida: se inicia en el instante mismo de la fecundación. ¿Qué hacer si esa fecundación es producto de una violación, o si la madre es seropositiva, o si simplemente resulta imposible mantener una criatura? Ésa es la cuestión moral, y no la cuarta o la sexta semana de la gestación.
La superficialidad con que se viene tratando el asunto me preocupa, pero lo que más me inquieta es lo del derecho a decidir de las mujeres, planteado como si para un embarazo no hiciera falta la colaboración de un hombre (al menos, en los no deseados, que los de inseminación son siempre buscados). ¿Por qué nadie dará dos camellos por mí? ¿Será por la alianza de civilizaciones?
Lo mismo sucede con la muerte digna, aunque no elegida, del doctor Montes. Estoy convencido de que uno puede decidir el momento en que se le desconecte, en que deje de hacerse con el cuerpo lo posible por mantenerlo con vida, si la vida sólo es dolor y semiconciencia. Pero de ahí a darle un empujoncito hacia el otro lado hay un largo trecho. Sobre todo, habida cuenta de quién es el responsable: cualquiera, con un título de médico o sin él (a ser posible, claro, lo primero). Aunque ya se sabe que un título, sea de médico o de cualquier otra cosa, no garantiza nada en lo personal: cabe licenciarse en Medicina y estar loco, como esa doctora que la emprendió a puñaladas con el personal y los pacientes de la Fundación Jiménez Díaz, o el psiquiatra de Pamplona que acabó con la vida de una estudiante de Enfermería. O ser un cabrón con pintas al estilo de Hannibal Lecter o Josef Mengele.
¿Podría un juez tomar la decisión adecuada? Nadie me lo garantiza. Un juez es un abogado que ha ganado unas oposiciones optando a la magistratura. Y no creo que la media de salud mental sea más alta en la carrera de Derecho que en la de Medicina. El juez aplica la ley, no siempre hace justicia, y cuando aplica la ley lo hace condicionado por sus creencias, su moral personal, su sexualidad y centenares de otros imponderables, que no cambian lo central pero lo llenan de matices. Yo, por si acaso, he dejado al respecto instrucciones por escrito y las he protocolizado ante notario. Todos somos tan responsables de nuestra propia muerte como lo somos de nuestra propia vida, ni más ni menos. Claro, que si uno entrega su vida al Estado, que es lo que prefiere hacer la mayoría, también le entrega su muerte, su entierro, su cremación, o su destino de carnaza para estudiantes de Medicina que, en un futuro no muy lejano, probablemente aprendan lo necesario para acelerar el final con la excusa de la sedación terminal o sin ella.
Ya era peligroso, pero, una vez aprobada la dichosa ley, ingresar en un hospital habrá dejado de asegurarnos que un equipo de profesionales se ocupe de mantenernos vivos dentro de lo posible: igual les parecemos demasiado deteriorados para semejante esfuerzo, porque hemos cometido el pecado mortal de fumar o beber, o las dos cosas; o consideran que nuestro ciclo está completo y ya vale de incordiar a la Seguridad Social. Vamos, que nos darán el pasaporte a la mínima que estorbemos. Eso, sin contar con la posibilidad de la corrupción, el soborno por parte de unos herederos con prisa a un doctor poderoso, depositario de la llave de la puerta del otro mundo.
Mi muerte no pertenece al Estado, como no le puede pertenecer mi vida. Y el que me diga que su vida sí porque cuenta con la Seguridad Social, con la asistencia médica gratuita, o se miente o me miente, porque nada dista más de la medicina gratuita que nuestro sistema, en el que pagamos obligatoriamente por los servicios que no siempre empleamos, vía descuento del salario, vía aportaciones de los autónomos, vía impuestos generales. Salvo los inmigrantes, cuyos hijos nacen en los hospitales públicos sin más compromiso que el de un empadronamiento. Ciertamente, puedo tener un seguro médico privado, pero ello no me exime de pagar la Seguridad Social, aunque no piense utilizarla.
La idea de Zapatero es la de que, si se hace una ley, cambiará la realidad. Pero ahí tiene la ley de asistencia para demostrarle lo contrario. Viejos e impedidos dependen, como siempre, de sus familias o de las gentes de buena voluntad, porque, por mucho que el presidente quiera extender el alcance del Estado, por mucho que pretenda meterlo en la casa de cada uno, el Estado no da para tanto. Gracias a Dios.