Y es que la premisa de la que parte es anacrónica respecto a los hechos que relata y, por tanto, la conclusión carece de validez. Es más, el planteamiento que Fernández Barbadillo utiliza pertenece al imaginario tradicionalista, contrario a los planteamientos liberales y democráticos del siglo XIX –época en que se enmarca el citado texto–, que se han ido desarrollando, a despecho del tradicionalismo, hasta derivar en la fórmula política contemporánea que se maneja hoy en buena parte de Europa.
Fernández Barbadillo parte de una premisa errónea, medieval, que consiste en considerar que la legitimidad de los reyes reside en el linaje. Sin embargo, es conocido que uno de los principios que rompe la revolución liberal es, precisamente, el de la legitimidad basada en el linaje, en la concepción simple del principio hereditario. En el Antiguo Régimen, donde ancla sus argumentos el autor, el Estado se identificaba con la Monarquía. A partir de la revolución liberal –y en España se produce el primer episodio de la misma entre 1808 y 1812–, el Estado se identifica con la Nación, y de ésta, único sujeto de la soberanía, salen las normas y se constituyen las instituciones. De ahí que la Constitución de Cádiz dijera en su artículo 2º que la nación española es "libre e independiente", y que "no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona". Es decir, que la legitimidad de las instituciones, incluida la Corona, residía en la voluntad de la nación, no en el linaje. Es lo que se llama, en el pensamiento político, el principio de consentimiento. Y es importante porque sobre ese principio se erigen los Estados nacionales en el XIX, entre ellos el nuestro.
A partir de ahí, Fernández Barbadillo se apoya en argumentos que ya manejó el tradicionalismo antiliberal desde el siglo XIX hasta mediados del XX. La diferencia entre Isabel II y Carlos María Isidro y sucesivos pretendientes es que la primera contaba con el principio de consentimiento y representaba la modernidad, mientras que el carlismo, que sí se basaba en el linaje, era un retroceso que pretendía subordinar la ley de los hombres a la ley de Dios.
La guerra civil que sufrió España durante siete años porque unos españoles quisieron defender el linaje volcó a la mayoría de la sociedad en favor de Isabel II y de su descendencia, pero siempre ligando su legitimidad al consentimiento. Por esto se produjeron las sucesivas revoluciones que jalonaron el reinado isabelino; hasta que, en palabras de O'Donnell, se concluyera que la "señora" era "imposible"; es decir, hasta que perdió el consentimiento nacional y con ello la legitimidad. Y así, en 1868, la nación echó a los Borbones.
La elección de Amadeo de Saboya, de una dinastía que reinó en Italia sobre la base del consentimiento, no sobre la del linaje, demostró que la revolución liberal estaba consumada tanto en lo relacionado con la separación del Estado y la Monarquía como en el vínculo del Estado con la nación.
Tras sucesivos tropiezos en el Sexenio Revolucionario y el estrepitoso fracaso de la República de 1873, se volvió a los Borbones. ¿A quién le importaba quién había sido el padre de Alfonso XII? A nadie. La inteligencia de este monarca para equilibrar la ambición de los partidos respetando la Constitución y el hecho de que pudiera contar con el mayor hombre de Estado del siglo XIX español, Cánovas, asentaron de nuevo a los Borbones; no por linaje, insisto, sino por consentimiento nacional.
Otro de los argumentos que utiliza Fernández Barbadillo pertenece al biologismo político: sin sangre no hay derechos. Este es otro de los principios que echa abajo la revolución liberal –con el concepto de ciudadanía– pero que el tradicionalismo, el conservadurismo, el nacionalismo y, finalmente, el fascismo mantienen vivos. Sabino Arana, por ejemplo, decía que el buen vasco se distinguía por poseer cuatro apellidos vascos, lo que le aseguraría tener sangre verdaderamente vasca, el RH negativo de que hablaba Arzallus; es el "linaje de Aitor", tal y como recordaba Jon Juaristi en su obra homónima.
Por otro lado, el autor alude al efecto deslegitimador de los matrimonios morganáticos, es decir, los que ligan a un príncipe con un plebeyo. Sin embargo, este tipo de matrimonio ha estado y está a la orden del día, respondiendo siempre a la ley emanada de la soberanía nacional. Se trata de otro argumento esgrimido por el monarquismo puro de raíz tradicionalista. La Historia lo desmiente. Fernando Coburgo, el rey viudo de Portugal, se casó con una cantante alemana, y es recordado como el mejor soberano que ha tenido el país vecino. Víctor Manuel III de Italia se casó con la princesa Jelena Petrovic-Njegos; bueno, pues los italianos liquidaron la Monarquía en 1946 porque los Saboya, con todo su linaje a cuestas, habían perdido el consentimiento nacional, su legitimidad. Más cercano a la actualidad, el Príncipe de Gales se casó con Diana Spencer, que le dio herederos. ¿Va a perder por esto Carlos de Inglaterra su legitimidad como rey? ¿Acaso su hijo Guillermo se va a ver privado por eso del consentimiento de los británicos? Todo apunta a que no. ¿Por qué? Porque las monarquías modernas, las que nacen con el liberalismo y a pesar del tradicionalismo, están legitimadas por el consentimiento nacional, no por la sangre.
Al ser la nación, en el ejercicio de su soberanía, la que consiente, la legitimidad de Don Juan Carlos y de los Borbones reside en la Constitución de 1978, no en la sangre. Esto se debe a que desde la revolución norteamericana de 1776 hay una diferencia entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, entre la mentalidad del vasallo y la mentalidad del ciudadano. A partir de aquí, los chascarrillos que cada uno quiera...