Ya sabemos que toda la historia está llena de tópicos, muchos falsos, y complejos, algunos comprensibles, pero hay que reconocer que cierta izquierda es muy sensible ante cualquier referencia a ese periodo, sin duda porque les sirve para hacer política. La zanahoria estaba colgando y apareció Íñigo Aduriz, del diario Público, para titular uno de sus textos: "Aguirre ficha a neofranquistas para la formación del profesorado".
El disparate se explica por la radicalización de la izquierda desde el año 2002, cuando movilizó a todos sus efectivos para sacar del poder al PP de Aznar. El problema de dicha memez no está en la defensa de unos principios, ideas o intereses, ni siquiera en el cómo –para eso está el Código Penal y el Estado de Derecho–, sino en la obsesión por la penalización social de la diferencia. Lejos, pero muy lejos de ser "neofranquista", una afirmación como la de Aduriz me muestra dos cosas: la primera es la incapacidad de esa izquierda para entender cómo funciona una democracia; la segunda, que esa izquierda aún no ha entendido en qué consiste la disciplina llamada Historia. Ese deseo totalitario, implícito en el textito de Aduriz, de que sólo exista una manera –la suya– de pensar, de sentir, de creer, de explicar el hombre y los procesos históricos y de anular cualquier otra, casa muy mal con la letra y el espíritu democráticos.
A esa izquierda le gustaría que hubiera un control estatal previo y punitivo de la libertad de expresión, para evitar desvíos. Este tipo de medidas representan heridas mortales a la democracia: véanse los problemas en la Venezuela de Chávez. O los que trajo la Ley de Defensa de la República auspiciada por el gobierno Azaña en octubre de 1931. Esta es su historia.
Al éxito republicano del 14 de abril le siguió, como era lógico en la Europa de entonces, una oleada de aspiraciones sociopolíticas visionarias para imponer o conservar un sistema. Ya ocurrió en nuestro país en 1868: tras la expulsión de Isabel II, republicanos y carlistas creyeron que había llegado su momento y se echaron al monte –incluso, en 1872, juntos en algunos lugares de Cataluña–. La violencia que se desató en España entre abril de 1931 y enero de 1932 sólo podía compararse con la registrada durante los primeros meses de la revolución del 68. El orden público se convirtió en el primer problema de la nueva República: a la quema de conventos de mayo le siguieron las huelgas revolucionarias anarquistas y comunistas, como las de Sevilla y Barcelona. Al socaire de esto, Ortega y Gasset escribió en Crisol el 9 de septiembre de 1931 que la República no era una revolución, y que el "radicalismo" acabaría con ella.
Manuel Azaña creía que la violencia que soportaba el nuevo régimen se debía, entre otras cosas, a la alteración que producían los periódicos que no eran abiertamente republicanos. En junio de 1931 algunos ministros ya creían obligado controlar esos medios con la ley en la mano. Existían mecanismos para suspender los derechos individuales, entre ellos la Ley de Orden Público de 1870, pero el Gobierno necesitaba un golpe de efecto. Fue Miguel Maura, conservador, ministro de la Gobernación, el que propuso una ley que sujetara a la prensa de oposición. El propósito era defender el régimen silenciando a los críticos. Así pasó en agosto de 1931, cuando los problemas con el cardenal Segura y la Iglesia llevaron al Ejecutivo a suspender varios periódicos vascos y navarros porque hacían una "labor subversiva".
La cuestión religiosa hizo que Alcalá Zamora y Miguel Maura dimitieran de sus cargos en el Gobierno, lo que permitió a Azaña asumir la presidencia. Azaña se había mostrado hasta entonces contrario a la represión de la libertad de imprenta, pero cambió de opinión y anunció en las Cortes que haría "respetar" la República; y que si no conseguía respeto para ella, el Gobierno haría que fuera temida. Días después de este discurso elaboró, junto a Casares Quiroga y Carlos Esplá, el proyecto de lo que se llamaría Ley en Defensa de la República. El 19 de octubre lo presentó al Consejo de Ministros. Indalecio Prieto quiso que se debatiera previamente en los grupos parlamentarios, dada su envergadura. La intervención de Largo Caballero, ministro de Trabajo, fue decisiva para que todos accedieran a que se le aplicara un procedimiento de urgencia.
Al día siguiente, el 20, Azaña convenció a Julián Besteiro, presidente de las Cortes, de que se saltara la vía parlamentaria habitual. De esta manera, los diputados conocieron el proyecto de boca del presidente en plena sesión de las Cortes. No hubo posibilidad de enmiendas. La norma azañista tipificaba como delitos de agresión a la República "la difusión de noticias" que pudieran quebrantar "el crédito o perturbar la paz o el orden público", así como aquellas que redundaran en el "menosprecio de las instituciones u organismos del Estado" o hicieran "apología del régimen monárquico". Se pretendía controlar la opinión y penalizar a las que no comulgaran con el republicanismo gubernamental. Lo peor era que dejaba en manos de la autoridad gubernativa la suspensión, confinamiento o extrañamiento de los medios.
El mismo día 20, en una tensa y extraña sesión en las Cortes, Santiago Alba advirtió al Gobierno: "[Será] infinitamente mayor el daño que causéis que aquel que pretendéis evitar. [La ley] no se acomoda al juicio de ningún demócrata". Ángel Ossorio y Gallardo, por su parte, proclamó: "En un sistema medianamente liberal cabe hacer la apología de sistemas contrarios al que prevalece; y si no admitimos esto, no queda ni recuerdo de la libertad". Con no poca demagogia y violencia, Azaña dijo que si había gente que aún no era republicana "de todo corazón y con plena voluntad", el Gobierno tenía "medios para, de una manera fulminante", hacerle sentir "todo el peso" de su autoridad. Había que ser gubernamental a la fuerza, sí.
Azaña señaló que existía una "mala prensa", "hojas facciosas", "pequeñas bellacadas clandestinas" que llevaban el "descrédito de la institución republicana y de sus hombres, y del Parlamento, y de los Diputados, y de su obra legislativa": "¿A eso vamos a llamar Prensa, a esos reptiles (...), [a esas] monas epilépticas que por equivocación llevan el nombre de hombres?".
La Ley de Defensa de la República, por la que el Gobierno sustituía a los tribunales para castigar a la opinión crítica, supuso un duro golpe al crédito democrático del régimen. Porque la democracia siempre ha sido la garantía de los derechos individuales, de la pluralidad de credos, pensamientos e intereses, por muy dispares que sean, cuyo control ha de estar sujeto a la decisión de los jueces.
¿Sirvió para algo la mordaza azañista? No. Los anarquistas se levantaron contra la República en enero de 1932 y de 1933. Sanjurjo y un grupo de militares monárquicos intentaron un golpe de estado en agosto del 32. Estuvo en vigor hasta agosto de 1933, cuando fue sustituida por la Ley de Orden Público. Un año y pocos meses después, los mismos que propugnaron ésta y aquélla iniciaban una torpe revolución contra el Gobierno legalmente constituido. Y antes de las elecciones de febrero de 1936, la censura previa se impuso para toda la información no parlamentaria. Sirvió de poco.
La penalización social de las opiniones, tan del gusto de la izquierda radical, es una de las enfermedades que han llevado a España a algunos de los peores momentos de su historia. El disparate de Íñigo Aduriz en Público llamando "neofranquista" a los liberales que dan clase en el CTIF bien podría incluirse en los periódicos más virulentos de la Segunda República. Claro, a no ser que creamos que Franco era un liberal del siglo XXI. Quizá es que se carteaba con Hayek, Popper, Arendt o Berlin, o que seguía a la escuela económica austriaca, o que leía en la intimidad a Jefferson y a Tocqueville, ahí, en El Pardo, entre la Guardia Mora y las cacerías. En fin: cuánto talento pululando.
El disparate se explica por la radicalización de la izquierda desde el año 2002, cuando movilizó a todos sus efectivos para sacar del poder al PP de Aznar. El problema de dicha memez no está en la defensa de unos principios, ideas o intereses, ni siquiera en el cómo –para eso está el Código Penal y el Estado de Derecho–, sino en la obsesión por la penalización social de la diferencia. Lejos, pero muy lejos de ser "neofranquista", una afirmación como la de Aduriz me muestra dos cosas: la primera es la incapacidad de esa izquierda para entender cómo funciona una democracia; la segunda, que esa izquierda aún no ha entendido en qué consiste la disciplina llamada Historia. Ese deseo totalitario, implícito en el textito de Aduriz, de que sólo exista una manera –la suya– de pensar, de sentir, de creer, de explicar el hombre y los procesos históricos y de anular cualquier otra, casa muy mal con la letra y el espíritu democráticos.
A esa izquierda le gustaría que hubiera un control estatal previo y punitivo de la libertad de expresión, para evitar desvíos. Este tipo de medidas representan heridas mortales a la democracia: véanse los problemas en la Venezuela de Chávez. O los que trajo la Ley de Defensa de la República auspiciada por el gobierno Azaña en octubre de 1931. Esta es su historia.
Al éxito republicano del 14 de abril le siguió, como era lógico en la Europa de entonces, una oleada de aspiraciones sociopolíticas visionarias para imponer o conservar un sistema. Ya ocurrió en nuestro país en 1868: tras la expulsión de Isabel II, republicanos y carlistas creyeron que había llegado su momento y se echaron al monte –incluso, en 1872, juntos en algunos lugares de Cataluña–. La violencia que se desató en España entre abril de 1931 y enero de 1932 sólo podía compararse con la registrada durante los primeros meses de la revolución del 68. El orden público se convirtió en el primer problema de la nueva República: a la quema de conventos de mayo le siguieron las huelgas revolucionarias anarquistas y comunistas, como las de Sevilla y Barcelona. Al socaire de esto, Ortega y Gasset escribió en Crisol el 9 de septiembre de 1931 que la República no era una revolución, y que el "radicalismo" acabaría con ella.
Manuel Azaña creía que la violencia que soportaba el nuevo régimen se debía, entre otras cosas, a la alteración que producían los periódicos que no eran abiertamente republicanos. En junio de 1931 algunos ministros ya creían obligado controlar esos medios con la ley en la mano. Existían mecanismos para suspender los derechos individuales, entre ellos la Ley de Orden Público de 1870, pero el Gobierno necesitaba un golpe de efecto. Fue Miguel Maura, conservador, ministro de la Gobernación, el que propuso una ley que sujetara a la prensa de oposición. El propósito era defender el régimen silenciando a los críticos. Así pasó en agosto de 1931, cuando los problemas con el cardenal Segura y la Iglesia llevaron al Ejecutivo a suspender varios periódicos vascos y navarros porque hacían una "labor subversiva".La cuestión religiosa hizo que Alcalá Zamora y Miguel Maura dimitieran de sus cargos en el Gobierno, lo que permitió a Azaña asumir la presidencia. Azaña se había mostrado hasta entonces contrario a la represión de la libertad de imprenta, pero cambió de opinión y anunció en las Cortes que haría "respetar" la República; y que si no conseguía respeto para ella, el Gobierno haría que fuera temida. Días después de este discurso elaboró, junto a Casares Quiroga y Carlos Esplá, el proyecto de lo que se llamaría Ley en Defensa de la República. El 19 de octubre lo presentó al Consejo de Ministros. Indalecio Prieto quiso que se debatiera previamente en los grupos parlamentarios, dada su envergadura. La intervención de Largo Caballero, ministro de Trabajo, fue decisiva para que todos accedieran a que se le aplicara un procedimiento de urgencia.
Al día siguiente, el 20, Azaña convenció a Julián Besteiro, presidente de las Cortes, de que se saltara la vía parlamentaria habitual. De esta manera, los diputados conocieron el proyecto de boca del presidente en plena sesión de las Cortes. No hubo posibilidad de enmiendas. La norma azañista tipificaba como delitos de agresión a la República "la difusión de noticias" que pudieran quebrantar "el crédito o perturbar la paz o el orden público", así como aquellas que redundaran en el "menosprecio de las instituciones u organismos del Estado" o hicieran "apología del régimen monárquico". Se pretendía controlar la opinión y penalizar a las que no comulgaran con el republicanismo gubernamental. Lo peor era que dejaba en manos de la autoridad gubernativa la suspensión, confinamiento o extrañamiento de los medios.
El mismo día 20, en una tensa y extraña sesión en las Cortes, Santiago Alba advirtió al Gobierno: "[Será] infinitamente mayor el daño que causéis que aquel que pretendéis evitar. [La ley] no se acomoda al juicio de ningún demócrata". Ángel Ossorio y Gallardo, por su parte, proclamó: "En un sistema medianamente liberal cabe hacer la apología de sistemas contrarios al que prevalece; y si no admitimos esto, no queda ni recuerdo de la libertad". Con no poca demagogia y violencia, Azaña dijo que si había gente que aún no era republicana "de todo corazón y con plena voluntad", el Gobierno tenía "medios para, de una manera fulminante", hacerle sentir "todo el peso" de su autoridad. Había que ser gubernamental a la fuerza, sí.Azaña señaló que existía una "mala prensa", "hojas facciosas", "pequeñas bellacadas clandestinas" que llevaban el "descrédito de la institución republicana y de sus hombres, y del Parlamento, y de los Diputados, y de su obra legislativa": "¿A eso vamos a llamar Prensa, a esos reptiles (...), [a esas] monas epilépticas que por equivocación llevan el nombre de hombres?".
La Ley de Defensa de la República, por la que el Gobierno sustituía a los tribunales para castigar a la opinión crítica, supuso un duro golpe al crédito democrático del régimen. Porque la democracia siempre ha sido la garantía de los derechos individuales, de la pluralidad de credos, pensamientos e intereses, por muy dispares que sean, cuyo control ha de estar sujeto a la decisión de los jueces.
¿Sirvió para algo la mordaza azañista? No. Los anarquistas se levantaron contra la República en enero de 1932 y de 1933. Sanjurjo y un grupo de militares monárquicos intentaron un golpe de estado en agosto del 32. Estuvo en vigor hasta agosto de 1933, cuando fue sustituida por la Ley de Orden Público. Un año y pocos meses después, los mismos que propugnaron ésta y aquélla iniciaban una torpe revolución contra el Gobierno legalmente constituido. Y antes de las elecciones de febrero de 1936, la censura previa se impuso para toda la información no parlamentaria. Sirvió de poco.
La penalización social de las opiniones, tan del gusto de la izquierda radical, es una de las enfermedades que han llevado a España a algunos de los peores momentos de su historia. El disparate de Íñigo Aduriz en Público llamando "neofranquista" a los liberales que dan clase en el CTIF bien podría incluirse en los periódicos más virulentos de la Segunda República. Claro, a no ser que creamos que Franco era un liberal del siglo XXI. Quizá es que se carteaba con Hayek, Popper, Arendt o Berlin, o que seguía a la escuela económica austriaca, o que leía en la intimidad a Jefferson y a Tocqueville, ahí, en El Pardo, entre la Guardia Mora y las cacerías. En fin: cuánto talento pululando.