En realidad no hubo un solo pucherazo, sino dos, más un golpe de estado parlamentario; y mientras tanto, en las calles las bandas de matones de la izquierda se dedicaban a los actos revolucionarios del saqueo, el incendio y el crimen político. Los pucherazos se produjeron en las parlamentarias de febrero –celebradas en dos vueltas– y en la revisión de los resultados en la comisión de actas de las Cortes, en marzo; el golpe parlamentario fue la destitución inconstitucional de Alcalá Zamora, en abril.
De las dos elecciones más importantes de los años 30, las municipales de 1931 y las parlamentarias de 1936, no tenemos los datos oficiales, porque los Gobiernos, ambos de centro-izquierda, no los dieron, lo que hace sospechar de su legitimidad. Los resultados se reconstruyeron en las décadas posteriores. En el caso de las elecciones del 12 de abril de 1931 se dan las cifras de 22.000 concejales monárquicos y 5.700 de las listas de la conjunción republicano-socialista, aparte de los correspondientes al PNV, la Liga Regionalista catalana y la Esquerra Republicana de Cataluña. La caída de la Monarquía se debió no a las urnas, sino a la desmoralización del rey y sus cortesanos y a las maniobras golpistas de los socialistas y los republicanos burgueses.
Las Cortes más democráticas, disueltas antes de plazo
Las elecciones de 1936 se celebraron después de que el presidente de la República, el exministro de Alfonso XIII (de Fomento y Guerra) Niceto Alcalá Zamora, dictase la disolución de las Cortes elegidas en noviembre de 1933, en las que la CEDA, la coalición de derechas, obtuvo 115 diputados, mientras que el PSOE consiguió sólo 59. Las izquierdas y Manuel Azaña trataron de que Alcalá Zamora impidiese la apertura de esas Cortes, a las que consideraban ilegítimas, pero éste se negó. Sin embargo, sí obstaculizó el funcionamiento de las Cortes, hasta el punto de que el 7 de enero de 1936 recurrió a su facultad constitucional de disolverlas (lo podía hacer dos veces durante su mandato de seis años).
Las primeras Cortes ordinarias de la República, elegidas en lo que el historiador Stanley Payne considera las elecciones más libres y transparentes registradas en España hasta entonces (las primeras en las que participaron las mujeres, por cierto), duraron sólo dos de los cuatro años previstos.
La reciente publicación de la primera parte de las memorias inéditas de Alcalá Zamora, recuperadas en 2008 gracias a la intervención de los historiadores César Vidal y Jorge Fernández-Coppel, aporta más datos sobre el pucherazo de la izquierda, sobre todo del PSOE, en las elecciones de febrero.
Los burgueses quieren favorecer a la izquierda
Tanto Alcalá Zamora como el presidente de Gobierno que él había nombrado, el masón y sexagenario Manuel Portela (que también había sido ministro de la Monarquía, en 1923, y que en la guerra se ofrecerá a los nacionales y a los rojos como personalidad de prestigio), estaban convencidos de la victoria de la coalición de derechas, el Frente Nacional Contrarrevolucionario; hasta el punto de que el primero aconsejó al segundo echar una mano a las candidaturas de izquierdas. Así lo explica en esta frase (gramaticalmente incorrecta, por cierto):
Con motivo de ser hoy la proclamación de candidatos, se confirma y acentúa cuán lejos de vocingleras e impacientes ilusiones están las posibilidades de la izquierda, a pesar de que Portela promete, y yo se lo aconsejo reiteradamente, procure no quitarles un acta y aun favorecerles lícitamente en cuanto pueda.
La misma tarde del día de las votaciones, los militantes de izquierdas salieron armados en cuadrillas y causaron tal terror, que numerosos alcaldes y concejales huyeron y varios gobernadores civiles dimitieron. Los izquierdistas aprovecharon el vacío de poder para manipular la documentación electoral y preñar las urnas. Fue el caso de Cáceres, donde ganó la CEDA, pero la izquierda convirtió en vencedora a la candidatura del Frente Popular, encabezada por José Giral.
Los primeros resultados que se conocieron fueron los de las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla, donde el Frente Popular quedó primero; eso, más los tumultos perfectamente preparados (Alcalá Zamora reconoce que el PSOE había elaborado listas negras), amedrentó a las derechas y a las autoridades. El mismo Alcalá Zamora, que se negó a declarar el estado de guerra para no provocar a la izquierda ni justificar "un golpe de estado reaccionario", su gran miedo, cuenta que su mujer se trasladó al Palacio de Oriente para evitar cualquier ataque.
El cobarde Portela dimitió y el 19 de febrero Alcalá Zamora encargó la presidencia del Gobierno a Manuel Azaña, sin que siquiera se hubieran comunicado los resultados oficiales de la primera vuelta. Desde el Gobierno, el Frente Popular dirigió la segunda vuelta.
Los documentos de las memorias robadas
La Secretaría General de la Presidencia de la República elaboró para el presidente un promedio de los votos obtenidos por las candidaturas el día 16, que es una de las novedades de este libro:
– Izquierda: 4.358.903.
– Centro y PNV: 556.010.
– Derecha: 4.155.126.
Entre los dos bloques había una diferencia en sufragios de 203.000. A la vista de las violencias ejecutadas por las bandas de pistoleros de las izquierdas cabe preguntarse si el Frente Popular no habría quedado por debajo del Frente Nacional de haber sido completamente libres las elecciones.
Otra de las novedades son las previsiones del reparto de actas entregado a Alcalá-Zamora en las horas posteriores a las elecciones por el Gobierno de Portela y que muestran una mayoría para las derechas:
– CEDA: 134, más incluso que los 115 obtenidos en 1933.
– Ministeriales (el centro montado por Alcalá-Zamora y Portela): 115.
– PSOE: 55, cuatro menos que en la legislatura anterior.
– Izquierda Republicana: 56.
– Renovación Española: 23, en auge.
– Liga: 20.
– Comunistas: 2.
– Falange: 1.
– PNV: 7.
Por muy desigual que fuera la ley electoral elaborada por las Cortes de Azaña y el PSOE, la diferencia de votos auténtica no habría dado una distancia tan grande en diputados entre ambos bloques como la que quedó tras la segunda vuelta.
El 24 de febrero Manuel Becerra, que fue ministro de Justicia en el último Gobierno de Portela, le dijo a Alcalá-Zamora que al menos cincuenta actas cambiaron de la derecha a la izquierda durante el primer pucherazo.
El escándalo de la comisión de actas
El segundo tuvo lugar con la Cortes ya abiertas, lo que ocurrió el 17 de marzo: se formó una comisión para la revisión de las actas discutidas presidida por el socialista Indalecio Prieto. De las 456 actas presentadas, sólo 187 no tenían protesta de legitimidad. A los debates de la comisión los precedió una campaña de desprestigio de la prensa de izquierdas. El Socialista de 20 de marzo escribió: "Ni un solo diputado de derechas puede afirmar que alcanzó limpiamente su escaño".
En esa comisión el Frente Popular, con el respaldo del PNV, robó un puñado más de escaños a la derecha: la CEDA pasó de 101 diputados a 88 y el PSOE subió de 88 a 99. Así cambiaron de siglas 32 actas, que fueron en su mayoría a la izquierda. Además, se anularon las elecciones en dos provincias donde la derecha había ganado, Cuenca y Granada, y se ordenó que se repitieran en mayo. Ante la violencia de las bandas socialistas y comunistas, las derechas renunciaron a presentarse en Granada, donde los milicianos detenían en las calles a sus adversarios, y el Frente Popular ganó en Cuenca.
Al final del proceso, el Frente Popular, unido al Frente d’Esquerres catalán, superaba los 280 diputados.
Una vez construida una mayoría absoluta con fraudes y tiros, la misión de esas Cortes ilegítimas fue la destitución de Alcalá Zamora por un mecanismo inconstitucional. El 8 de abril de 1936, veinte meses antes de cumplir su mandato, el abogado andaluz fue destituido por la misma izquierda a la que tanto había ayudado, al disolver las Cortes con mayoría de derechas (a las que calificó de "Parlamento fernandino") y ordenar a Portela que procurase favorecer a los candidatos del Frente Popular. Sólo cinco diputados votaron en contra de su remoción.