El mismo Constantino fue uno de los primeros en donar a la sede apostólica diversos bienes, principalmente inmuebles –no consideramos aquí, por su carácter apócrifo, la denominada Donación de Constantino–. A las donaciones de éste y otros emperadores se unieron las de numerosos fieles, con lo que se produjo un paulatino crecimiento de los haberes y las posesiones del Romano Pontífice, que con el paso del tiempo pasaron a denominarse Patrimonio de San Pedro.
De este modo, el obispo de Roma se convirtió primero en un gran terrateniente, luego en una autoridad civil de enorme influjo social y finalmente en un verdadero soberano. El proceso de incremento patrimonial siguió la práctica legal romana relativa al patrimonium principis. Éste, durante el Imperio, constituía el patrimonio privado del que el emperador podía disponer a su arbitrio, y que se iba acrecentando por medio de herencias, compras o confiscaciones. Así, a partir del siglo VI formaban parte del mismo numerosas posesiones, tanto en la península italiana como en zonas de Sicilia, Córcega, Cerdeña, el norte de África, Galia, Dalmacia y partes de Oriente.
El papa Gregorio Magno (590-604), que antes de ocupar la cátedra de san Pedro había sido prefecto de la ciudad de Roma, desarrolló una audaz política administrativa y dotó de una eficaz organización a los diversos territorios del patrimonio pontificio. Los beneficios económicos resultantes sirvieron no sólo para mantener la necesaria administración pontificia, sino para realizar múltiples obras de carácter social y asistencial.
La atención al patrimonio papal se vio continuamente obstaculizada por los continuos conflictos entre las dos potencias que dominaban la península italiana en aquel período: el imperio bizantino y el reino longobardo. El papado, especialmente a partir de finales del siglo VI, constituyó una fuerza moral de primer orden. Y, en un tiempo en el que no existía tanto escrúpulo como en la actualidad a la hora de establecer los límites entre lo espiritual y lo temporal, se fue igualmente convirtiendo en un importante actor político.
El Papa, en efecto, se podía permitir la libertad de hablar a todos, y hacerlo con autoridad, sin necesidad de atender a las divisiones geográficas y políticas de los diferentes reinos que se habían ido creando tras la caída de Roma. A pesar de carecer de una entidad nacional propia, independiente, territorialmente se hallaba bajo la jurisdicción de Bizancio, pero nunca se le consideró súbdito del emperador. Es cierto que era súbdito, puesto que no hay más opción que ser súbdito o soberano, y en el Imperio no había más soberano que el emperador; pero en la práctica el emperador no podía elegir o nombrar al Papa, sino que se limitaba a ratificar, con mayor o menor gusto, la elección efectuada en Roma por los propios romanos. La autoridad pontificia no provenía por tanto de una encomienda del emperador, sino que surgía en modo independiente, apoyada en el prestigio de ser el sucesor del primero de los apóstoles.
Los conflictos permanentes entre longobardos y bizantinos provocaron no poca inestabilidad política y social en Italia, lo que afectaba directamente a la gestión patrimonial pontificia. Las diferentes campañas militares tenían frecuentemente como punto de mira ciudades o territorios pertenecientes al patrimonio pontificio, en continua expansión. Administrar dichas posesiones se hacía cada vez más complicado. A mediados del siglo VIII los longobardos, tras conquistar Rávena, capital del exarcado bizantino en Italia, amenazaron con atacar Roma. El Papa, Esteban II (752-757), no pudiendo esperar ayuda eficaz de la cada vez más debilitada Bizancio, preocupada sobre todo por contener la amenaza árabe, que presionaba en las fronteras orientales del Imperio, puso su esperanza en el reino franco. El mismo Esteban II cruzó los Alpes y se presentó ante Pipino el Breve para solicitar su protección.
El rey franco tenía sobrados motivos para atender la petición papal. Se movió en su favor no sólo por intereses políticos, también por una veneración sincera y devota a la memoria del príncipe de los apóstoles, a lo que habría que añadir el agradecimiento personal, pues fue el papa Zacarías, predecesor de Esteban II, quien avaló su ascensión al trono luego de que depusiera a Quilderico III, último rey de la dinastía merovingia. Pipino, por tanto, no sólo juró proteger a Esteban II, sino que selló con él un primer pacto, la llamada Donación de Quiercy, por el que se comprometía a entregar a la sede romana los territorios imperiales italianos que habían sido ocupados por los longobardos. Pipino prometía algo que aún no poseía, por lo que tuvo que afrontar diversas campañas militares para hacer que los longobardos se replegaran hasta los límites de lo que había sido su reino antes de que comenzaran a expandirse por Italia a costa de los bizantinos. Derrotados los longobardos y recuperados los referidos territorios, Pipino cumplió su promesa y no los restituyó a su anterior dueño, Bizancio, sino que los entregó al Papa.
Esteban II había logrado mucho más de lo que pretendía cuando vio llegar la amenaza longobarda. No sólo evitó que Roma fuera conquistada, sino que vio incrementado el patrimonio pontificio con un amplio conjunto de territorios, sobre los que podría ejercer una verdadera autoridad política e institucional bajo el amparo y la protección del reino franco.
Estos territorios, una franja que partía por la mitad la península italiana, desde las costas del Tirreno hasta las del Adriático, constituyeron el núcleo inicial de los Estados Pontificios y consolidaron el poder temporal del papado. De una autoridad importante e indiscutible, pero moral, se pasó a una autoridad política plena, real y efectiva.
Así nació uno de los Estados europeos con más solera. Perduraría once siglos, hasta la conquista de Roma por parte de las tropas del recién creado reino de Italia, el 20 de septiembre de 1870. Renacería, con nombre y territorios bien diferentes, el 11 de febrero de 1929.