Cuando, en marzo de 1906, se anunció a los españoles el compromiso de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg surgieron dos reparos: la religión anglicana de la aristócrata y su baja condición, ya que no pertenecía a la realeza. Ambos obstáculos se solucionaron enseguida: Victoria Eugenia se convirtió al catolicismo y su tío, el rey Eduardo VII de Inglaterra, la elevó al rango de alteza real en abril. Como princesa de nuevo cuño, carecía de patrimonio. A fin de que dispusiera de dinero propio, las Cortes del Reino de España aprobaron el 23 de marzo una ley por la que se concedía, a costa de los Presupuestos Generales, a la futura reina una asignación anual vitalicia de 450.000 pesetas, que se reduciría a 250.000 en que caso de que enviudase. El periodista y economista José María Zavala calcula que esas 450.000 pesetas equivalen a 1,6 millones de euros de 2010. La asignación y las condiciones se convirtieron poco antes de la boda, celebrada el 31 de mayo, en tratado internacional entre ambas naciones.
El reinado de Alfonso XIII, sobre todo la dictadura de Primo de Rivera, fue una época de cierto desarrollo económico para España. En ese crecimiento participó el rey invirtiendo y promoviendo varias empresas (Metro de Madrid, Hispano-Suiza, Transmediterránea y hasta una productora de cine), tal como ha estudiado el historiador Guillermo de Gortázar. Parte del capital de que gozaba el rey provenía de las herencias de su madre, María Cristina de Habsburgo, su abuela Isabel II y sus tías. De esta manera, cuando advino la República, Alfonso XIII tenía una gran fortuna en un país pobre. Zavala la desglosa así en El patrimonio de los Borbones:
- Alfonso XIII: 44.356.045,09 pesetas.
- Victoria Eugenia: 2.317.984,10 pesetas.
- El príncipe y los cinco infantes: 22.873.896,00 pesetas.
- Total: 69.547.925,19 pesetas.
Esa suma superaría los 145 millones de euros. En 1931, un tercio de esa fortuna (divisas y títulos de bolsa y deuda extranjeros) estaba en París y Londres, lo que entonces era legal. Entre los inmuebles propiedad personal del Rey destacaban los palacios de Miramar (San Sebastián) y La Magdalena (Santander).
El Gobierno Provisional republicano se incautó de los bienes de Alfonso, pero remitió a Victoria Eugenia a Francia la colección de joyas que se había hecho durante sus veinticinco años de reinado.
Un rey rácano
En el exilio, Alfonso XIII empleó el dinero como arma para imponer su voluntad a sus hijos. El único que no dependía de él para subsistir era el infante Juan, ya que servía como cadete la Armada británica. Los demás, el príncipe de Asturias Alfonso (hemofílico), los infantes Jaime (sordomudo) y Gonzalo (hemofílico) y las infantas Beatriz y Cristina (posibles transmisoras de la hemofilia), carecían de estudios, de profesión y de ingresos propios. La promesa paterna de que si renunciaban a sus derechos dinásticos tendrían cubiertas sus necesidades influyó en las renuncias de Alfonso y Jaime a la corona.
Victoria recibió una ayuda de sus familiares británicos, así como una asignación de 6.000 libras esterlinas anuales que le pasaba su marido, del que se había separado en 1931 debido a sus adulterios. Con ese dinero, más la venta de algunas joyas, la antigua reina pudo comprarse un palacete en Lausana (Suiza), junto al lago Leman.
Cuando el Rey murió (1941), su fortuna había menguado debido a su tren de vida y a la gente que comía de él; también había entregado dos millones de libras a los nacionales al comienzo de la Guerra Civil. En diciembre de 1938, el general Franco, jefe de Estado de la España nacional, anuló la ley que desposeía de la nacionalidad a Alfonso XIII y le devolvió los bienes que le habían sido confiscados.
El testamento
Zavala ha accedido al testamento y al cuaderno particional. Descontadas la dote de la reina y los gastos de entierro, quedaban casi 18,5 millones de pesetas, inmuebles aparte. Alfonso XIII benefició en exceso a su hijo Juan, en el que había abdicado, en perjuicio de sus otros tres hermanos vivos. Por ejemplo, le legó –sólo a él– los palacios de Miramar y de la Magdalena (devueltos por Franco), que luego le compraron los ayuntamientos de San Sebastián (1972) y Santander (1977), por 102,5 y 125 millones de pesetas, respectivamente. A su esposa le devolvió la dote y le apartó un capital que le asegurase la renta de 6.000 libras anuales que ya percibía.
El dinero recibido de su marido le duró muy poco, ya que Victoria Eugenia debía mantener sus casas, a la servidumbre y a sus nietos Alfonso y Gonzalo de Borbón y Dampierre; parte de las facturas que ocasionaban la educación y la vivienda de éstos en España corría por cuenta del infante Juan de Borbón. Victoria Eugenia empezó a vender sus joyas. El periodista archimonárquico Julián Cortés Cavanillas dijo lo siguiente (Tiempo, 23-III-1984) sobre la economía doméstica de la vieja reina:
La reina era algo manirrota, no tenía sentido del dinero y gastaba a veces más de lo preciso, encontrándose después en situaciones difíciles. Ha habido gente, monárquicos, que la han ayudado económicamente para hacerle más fácil su exilio.
De la pobreza o del derroche en que caían algunos miembros de la familia Borbón da idea esta anécdota: el historiador Ricardo de la Cierva afirma (Alfonso y Victoria, editorial Fénix) que vio en una sala de subastas madrileña una bandeja de plata firmada por varios monárquicos que fue un regalo de boda a Juan de Borbón y su prima María de las Mercedes.
Una decisión de Franco a favor de su reina
En agosto de 1955, el general Francisco Franco Salgado-Araujo recogía las siguientes confidencias de su primo Franco Bahamonde:
(...) ha expuesto el deseo de la reina Victoria de que se le conceda la pensión de 250.000 pesetas anuales, a que por lo visto tiene derecho por estipulaciones matrimoniales. Lo que no comprendo es cómo no se las dan hace mucho tiempo y las ha tenido que solicitar.
El 2 de septiembre, Franco firma en La Coruña un decreto-ley por el que, como rezaba su título, "se restablece la vigencia del artículo 2º de la Ley de 23 marzo de 1906", sin dar más explicaciones sobre su contenido. Para saber en qué consistía esta ley, el interesado debía consultar una colección de la Gaceta de Madrid. A partir de entonces, en las siguientes leyes de Presupuestos habría una partida para cubrir la asignación de Victoria Eugenia.
El conde de Gamazo, administrador de los bienes de la reina, escribió en septiembre de 1961 una carta lacrimosa al ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Castiella, (recogida por Zavala) en la que exponía los aprietos en que vivía doña Victoria, resaltaba la venta de joyas de su colección privada, agradecía la reanudación del pago de la asignación y pedía que el Estado español le abonase los atrasos de los años de la República.
El dictador tuvo un gesto de generosidad con la reina inglesa... con dinero ajeno. Ante las dificultades por las que atravesaba y la depreciación de la peseta, el importe de la asignación casi se triplicó: pasó de 250.000 a 700.000 pesetas anuales (de 70.000 a 200.000 euros). ¿A cuántos funcionarios o pensionistas se les triplicaron los ingresos por voluntad del jefe del Estado? Además, la perceptora de este dinero no vivía en España y no pagaba impuestos por sus propiedades ni por sus ingresos. Todo un acto de generosidad propio de un rey... o de un hacedor de reyes, que es lo que fue Franco.
¿El enemigo de la dinastía?
Por muy discreta que había sido la restauración de la asignación por parte de Franco y por mucho que se conociese el cariño que éste sentía por quien había sido su reina, se alzaron voces en contra del pago. Una de ellas fue la del procurador falangista alicantino Agatángelo Soler, que en las domesticadas Cortes del régimen se opuso al pago de dinero a Victoria Eugenia. Este mismo procurador fue uno de los pocos que votó en contra de la designación del príncipe Juan Carlos como sucesor del caudillo.
Quien ha sido calificado por algunos monárquicos desaforados como el mayor enemigo de la monarquía española no sólo restauró ésta, sino que además recurrió al Presupuesto General del Estado para mantener a la reina Victoria Eugenia y a varios de sus descendientes, como el desdichado Don Jaime, que pidió una máquina de escribir en la embajada de España en París y después la empeñó.