La nauseabunda alianza que planean los socialistas con los batasunos de Bildu para desbancar a UPN del Gobierno de Navarra ha dejado en segundo plano la casi tan vergonzosa excusa utilizada por el PSN para pedir la dimisión de la presidenta de la Comunidad Foral, Yolanda Barcina, por unas acusaciones que una exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves, ha lanzado contra la consejera de Hacienda desde que supo que ésta le iba a cesar.
Se dirá que una cosa son las responsabilidades políticas y otra las responsabilidades penales, y que no es necesario esperar a que se demuestre en sede judicial la culpabilidad de un dirigente político para que se aparte del cargo que ocupa. Sin embargo, sólo desde la complicidad con la maniobra socialista o desde la memez y frivolidad característica de no pocos periodistas se puede avalar, como consecuencia de lo anterior, la petición de responsabilidades políticas en el caso que nos ocupa.
Para que la distinción entre responsabilidades políticas y penales sea válida hay que acotarla. Si Idoia Nieves hubiese presentado una denuncia contra la consejera de Economía y Hacienda y dicha denuncia hubiese sido admitida a trámite, sería el primero en pedir el cese de la consejera, por mucho que respetase su presunción de inocencia y aún no se hubiese demostrado su culpabilidad. La cuestión, sin embargo, es que el cese que los socialistas reclaman no es la de la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, sino el de la presidenta Barcina; y no se reclama sobre la admisión a trámite de denuncia alguna, sino tan sólo sobre las acusaciones contra la consejera Goicoechea que Idoia Nieves no se ha atrevido a presentar ante tribunal alguno y que sólo ha pronunciado desde que dimitió al saber que iba a ser cesada.
Así las cosas, reclamar responsabilidades políticas tanto a Goicoechea como a Barcina no es más que una artera e inmoral forma de utilizar la lucha contra la corrupción para dar satisfacción al afán de poder. Y esto se llama corrupción, con o sin el concurso de los proetarras de Bildu.