De simple "algarabía" -como con tan poca proporcionalidad la calificó en 2012-, pasando por mero "acto de propaganda" -como con tan temeraria irresponsabilidad la despachó en 2014-, Rajoy parece que ha terminado por considerar el proceso secesionista catalán como el "mayor desafío al que se enfrenta España en décadas". Eso, al menos, dice este jueves el titular de portada del diario El Mundo.
Aunque fuese cierto que nuestro insensato presidente del Gobierno, por fin, se ha atrevido a calificar esta gravísima rebelión institucionalizada con la proporcionalidad y ponderación que desde 2012 merece, hemos de decir que su reacción ante ella sigue siendo básicamente la misma que cuando la cosa no pasaba de simple algarabía. A saber, evocación de los principios constitucionales –sin mentar, claro está, el articulo 155–, mera y estéril disposición a recurrir una vez más al Tribunal Constitucional e irresponsable compromiso de mantener a la golpista administración regional catalana como la gran beneficiaria de esos fondos de liquidez autonómica que han permitido y siguen permitiendo a los secesionistas desviar parte de sus recursos fiscales propios a su ilegal "proceso de construcción nacional".
Lo más decepcionante de todo, como ya empecé a señalar la semana pasada, es que en ese consenso de la nada, en ese recurrir nuevamente a un Tribunal Constitucional que los nacionalistas vienen clamorosamente desobedeciendo, incluso desde antes de 2012, ha venido también a quedarse una formación como Ciudadanos.
Si la semana pasada Rivera se negaba siquiera a considerar el articulo 155 de la Constitución como instrumento de disuasión, esta semana, con no menos pueriles argumentos, el líder de Ciudadanos mostraba su oposición incluso a condicionar la ayuda financiera extraordinaria a la Administración regional en rebeldía a su inmediato y público acatamiento al orden constitucional.
Así las cosas, entiendo que Rajoy esté encantado con el "consenso básico alcanzado" con el PSOE y Ciudadanos, y que incluso crea que el desafío secesionista –por el que debía haber dimitido ya el pasado 9-N– le pueda favorecer electoralmente.
Ya fue duro para mí tener que darle un poco de razón al presidente del Gobierno hace un año, cuando, tras la consumación de la ilegal consulta secesionista del 9-N, reprochó a sus recién aparecidos críticos el "no haberse atrevido a decir qué quería que hiciera" para evitarla.
Ahora, cuando se demuestre, una vez más, que el Tribunal Constitucional no va a parar a quienes se han comprometido, desde hace años, a desobedecer sus sentencias ya no podrá Rajoy decir lo mismo de UPyD, de Vox y de alguna gente de la plataforma Libres e Iguales, que desde el pasado año ya no se limitan a poner sobre la mesa los necesarios, pero evidentemente insuficientes, recursos jurídicos sino que plantean abiertamente además la necesidad de disuadir o en su caso sofocar el golpe por la vía penal, la financiera y política, mediante la suspensión temporal de la autonomía.
Espero que Rivera se desmarque para no tener que darle la razón de nuevo a Rajoy respecto de Ciudadanos cuando se demuestre que lo que ambos ahora siguen planteando es insuficiente para parar un golpe institucionalizado secesionista que jamás fue una simple algarabía.