Me preguntaba el día después de las últimas elecciones generales si Rajoy se iba a presentar a la investidura, y mucho me temo que, casi mes y medio después, la pregunta sigue sin tener respuesta clara. Es cierto que, desde entonces, Rajoy ha aceptado ser propuesto por el Rey como candidato a la presidencia del Gobierno, pero sin señalar fecha alguna para la sesión de investidura.
Esa irresponsabilidad sin precedentes de Rajoy, que algunos han equiparado exageradamente nada menos que con la violación del orden constitucional que vienen impunemente perpetrando desde hace años los gobernantes nacionalistas catalanes, encuentra acomodo precisamente en el nada preciso artículo 99. 2 de nuestra Carta Magna, que, más por comprensible falta de previsión que por voluntad deliberada, no llegó a establecer plazo alguno al primer candidato propuesto por el Rey para que exponga ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitar la confianza de la Cámara.
En cualquier caso, esta actitud de Rajoy de no aclarar qué va a hacer –o, más bien, cuando– hasta no tener previamente garantizados los apoyos necesarios para ser investido presidente no nos ha de sorprender en modo alguno, teniendo presente lo que hizo la vez pasada, en una actitud propia del perro del hortelano, que ni come ni deja de comer, y que el presidente en funciones se comprometió a mantener exactamente igual en el caso de que las elecciones del 26-J produjeran un atasco similar, como tan tardíamente parece haberse dado cuenta.
Tanto entonces como ahora, no faltaron quienes justificaron la irresolutiva actitud de Rajoy preguntándose retóricamente qué sentido tenía que el candidato popular se presentara en el Congreso sabiendo que no iba a lograr el apoyo suficiente para ser investido. Esta actitud, que, con aparente lógica, justifica la omisión del deber en función de lo que hagan o dejen de hacer los demás, me ha recordado ese dicho del “que por mí no quede” que Julián Marías elevó a principio filosófico y lema vital.
Aun cuando pudiese darse el caso de que Rajoy perdiese la votación, lo que es seguro es que no será investido si no comparece; y, lo que es peor, no se podrán convocar nuevas elecciones en nuestro país sí él o cualquier otro político no se presenta. Es por ello por lo que, en este caso, no cabe hablar tanto del derecho como del deber de Rajoy, como candidato más votado, de ser el primero en ser rechazado –o investido– como nuevo presidente del Gobierno.