Se están inoculando en la opinión pública, y no sólo por parte nacionalista, dos clamorosas mentiras en torno a la querella presentada por la Fiscalía contra Artur Mas, a cuál más grave. Por un lado los nacionalistas, y no sólo ellos, nos quieren hacer creer que Eduardo Torres-Dulce ha actuado a instancias de un Ejecutivo del PP dispuesto a que la ilegal consulta del 9-N tenga algún tipo de consecuencia penal para sus autores. No menos falsa y perjudicial, por otra parte, es la creencia de que si el Gobierno hubiera pedido a la Fiscalía que tomara cartas en el asunto habría violado la independencia del Ministerio Público.
Lo cierto, sin embargo, es que la Fiscalía puede actuar tanto de oficio como a instancia de parte, y basta echar un vistazo al artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para saber que
el Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público.
El hecho es que el Gobierno de Rajoy ni ha interesado al fiscal para que promueva actuación alguna en este asunto ni hubiera violado su independencia en caso de haberlo hecho.
Por otra parte, ¿nos hemos olvidado de cuando, a instancias del Gobierno, la Fiscalía General del Estado instó la ilegalización de antiguas marcas electorales de ETA? ¿Acaso se violó entonces la independencia del Ministerio Público?
La afirmación de la vicepresidenta del Gobierno de que "la defensa del Estado en el ámbito penal corresponde a la Fiscalía" pretende ser jurídicamente impecable, pero en realidad es una acomplejada y engañosa verdad a medias que oculta el hecho de que el Gobierno del PP, pudiendo interesar a la Fiscalía en defensa del Estado, no lo ha hecho. Por otra parte, y en puridad, tampoco es cierto que a la Fiscalía le corresponda "determinar si hay una actuación contraria a la ley". Eso le corresponderá determinarlo a los tribunales, donde habrá que ver si impera la independencia frente a unos partidos políticos –incluido el PP– nada interesados en que las actuaciones del 9-N tengan reproche penal alguno.
No se quién será el letrado que se ocupará de la defensa de Mas, Ortega y Rigau. Pero ningún argumento mejor encontrará en su defensa que las declaraciones de los miembros del Gobierno del PP, empezando por su presidente, respecto de lo que ha supuesto el 9-N. Ayer mismo, en el enfrentamiento que mantuvo con Rosa Diez, el presidente del Gobierno tuvo la desfachatez de reiterar que el referéndum "no se celebró" y que "la ley se ha cumplido". Recuérdese, en este mismo sentido, las valoraciones que hicieron el ministro Soria, la vicepresidenta Soraya o el propio Rajoy cuando por fin salió a la palestra.
Ante tan complacientes consideraciones del Gobierno de Rajoy respecto de lo que ha supuesto el 9-N, ¿alguien podría deducir que lo que se perpetró ese día en Cataluña es algo tan grave como unos delitos de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones judiciales y malversación de caudales públicos?
Ya fue una vergüenza que el Gobierno de Rajoy no interviniese la Administración regional catalana en base al artículo 155 de la Constitución. Ya es una vergüenza que tampoco la disuadiera apelando al Código Penal. Ya es una vergüenza que Rajoy haya financiado y siga financiando, indirecta pero decisivamente, el proceso secesionista de esos presuntos delincuentes. Ya es una vergüenza que Rajoy en ningún momento haya rebatido en el terreno de las ideas los delirios ideológicos y las falsedades históricas del nacionalismo. Pero que encima proporcione a Mas el argumentario para salvaguardar su impunidad es el colmo de esta calamidad histórica que desgobierna España.