Parece ser que el último y casi nocturno traslado de documentos del Archivo de Salamanca con destino a Cataluña no cumple ni siquiera los requisitos de la infausta Ley 21/2005 aprobada en tiempos de Zapatero. Así, al menos, lo considera el investigador Policarpo Sánchez, quien ha denunciado numerosos incumplimientos de dicha ley, tanto en la selección de documentos como en las condiciones de traslado que obligaban a dejar copia de todos y cada uno de los papeles.
Sin embargo, la auténtica traición del Gobierno de Rajoy a su electorado en este asunto no radica tanto en que lleve a cabo el traslado "con falta de transparencia, a escondidas, todo igual que el PSOE", tal y como se queja Policarpo Sánchez. La más grave felonía radica en no haber derogado, nada más llegar al poder con mayoría absoluta, la Ley 21/2005, que obligaba a entregar a la Generalidad de Cataluña los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General salmantino. Que el Gobierno del PP haya consumado la dispersión documental de un archivo histórico, y que lo haya hecho, además, en beneficio de una Administración regional inmersa en un ilegal proceso secesionista es lo que nos muestra la auténtica catadura del desastre que nos gobierna.
No faltarán quienes excusen al Ejecutivo de Rajoy alegando que, después de que el Tribunal Constitucional avalara en enero de 2013 la Ley 21/2005, poca cosa se podía hacer. Lo cierto, sin embargo, es que nada en esa sentencia –emitida más de un año después de llegar al PP al Gobierno– fuerza el traslado de documentos a la Generalidad. Lo que dice esa sentencia es que el traslado de documentos no vulnera la Constitución, como tampoco la vulneraría mantenerlos reunidos en Salamanca. Como dice textualmente la propia sentencia, "entrar en un enjuiciamiento de cuál sería la medida justa supone discutir una opción tomada por el legislador que, aun cuando pueda ser discutible, no es inconstitucional".
Es innegable, por tanto, que el Gobierno de Rajoy, al no derogar y mantener la Ley 21/2005, contra la que votó el PP cuando estaba en la oposición, no responde a ningún imperativo constitucional, sino, más bien, a los mismos requerimientos nacionalistas que llevaron a Zapatero a promulgarla. De hecho, consumar la entrega de los papeles de Salamanca a la Generalidad era una de las 23 exigencias –concretamente la nº 20– que Artur Mas se permitía plantear en julio a Rajoy, ni siquiera como contrapartida, sino completamente al margen de su determinación de celebrar la consulta secesionista del 9-N.
Comprendo la indignación que sienten los votantes del PP, especialmente los de Castilla y León, y la de los expertos que sienten vergüenza al ver "cómo los que nos sacaron a la calle son los mismos que perpetran el último expolio". Dicen que Roma no pagaba traidores. El traidor de Rajoy apalea a los leales.