Tras una reunión con Rajoy de poco más de una hora, parece ser que doña Rosa Diez se ha quedado este miércoles muy "tranquila" tras desvelarle el presidente del gobierno su estrategia de cara a impedir el desafío secesionista catalán. De dicha estrategia ni ella ni él han tenido el gesto de informar al resto de los mortales. Lo más que ha hecho la dirigente magenta es decir que "la ley se va a cumplir" y que "el gobierno no está solo en la defensa de la nación española".
El problema, sin embargo, no es que Rajoy esté solo, sino que no tiene como prioridad la defensa de la nación, al menos la nación entendida como Estado de Derecho. En lo que está Rajoy, en realidad, es en evitar, al coste que sea, el tener que intervenir la administración regional catalana. Y si el coste de evitar esa intervención, que no es otra cosa que el deber de hacer cumplir la ley y está reflejada en el artículo 155 de nuestra Constitución, es tener que permitir que se celebre una ilegal consulta secesionista, Rajoy lo permitirá como de hecho ya ha permitido que los gobernantes de aquella comunidad autónoma desvíen fondos públicos para financiar ilegales estructuras de Estado, tales como una agencia tributaria propia. También por evitar esa intervención, Rajoy ha permitido que los nacionalistas desobedezcan las sentencias del Tribunal Constitucional en materia lingüística o que hagan caso omiso a su más reciente pronunciamiento sobre la propia declaración soberanista del parlamento autonómico catalán.
No sé. A lo mejor doña Rosa entiende por "cumplimiento de la ley" la forma con la que Rajoy ha hecho caso omiso a su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria, no sólo desactivando los mecanismos de "sanción e intervención" en ella contemplados, sino premiando a las comunidades autónomas que la han infringido con objetivos de reducción de déficit más laxos de cara a ejercicios venideros.
Lo que es evidente es que el gobierno de Rajoy, una vez convencido de que el desafío secesionista era algo más que una simple "algarabía", lo único que ha hecho al respecto es dar buenos motivos a los gobernantes separatistas para convencerse de que la ley, que en nuestro país sigue castigando el delito de desobediencia, de prevaricación o usurpación de atribuciones, no les va a afectar a ellos en ningún caso. Eso por no hablar de la multimillonaria financiación extraordinaria que ha destinado a la administración regional en rebeldía, no sea que su carísimo, además de ilegal, proceso de construcción nacional le acarree la suspensión de pagos y a él la obligación de intervenirla por razones económicas.
Espero, en cualquier caso, que la tranquilidad de doña Rosa no provenga del hecho de que Rajoy no vaya a dar valor a los resultados de un referéndum ilegal que él sigue pensando que no se va a celebrar. Porque sólo faltaba que el presidente del Gobierno reconociera efectos jurídicos a un delito de prevaricación, desobediencia y de usurpación de atribuciones y malversación de fondos públicos que no hubiera tenido el coraje de evitar ni el coraje de castigar.
Siga doña Rosa tan tranquila. Pero su envidiable tranquilidad con la supuesta y desconocida estrategia de Rajoy me inquieta tanto como su propia estrategia de no coaligarse con Ciudadanos.