El otro día vi a Francesc Homs en Intereconomía y la verdad es que tuve la sensación de que el gato al agua se lo llevaba claramente el portavoz de la Generalidad: no sólo por esa intervención suya, suaviter in modo fortitier in re, que daba aires de moderación y sensatez a sus radicales y desestabilizadoras pretensiones censoras y soberanistas. Tampoco únicamente por su habilidad a la hora de mentir descaradamente con una agradable sonrisa en los labios. Tuve esa sensación, sobre todo, por la sorprendente incapacidad de sus interlocutores a la hora de rebatir su proyecto secesionista fuera del puro ámbito de la legalidad.
No voy a negar la importancia capital que tiene la ley en un sistema democrático y en un Estado de Derecho, como no voy a negar el carácter ilegal que tiene convocar una consulta como la planteada por el Gobierno de la Generalidad sin tener autorización ni competencias para ello. Pero si nos quedáramos únicamente en esto correríamos el riesgo de que cada vez fueran más los ciudadanos que llegasen a la errada conclusión, tanto en Cataluña como en el resto de España, de que tenemos un ordenamiento jurídico incompatible con el ejercicio de un derecho pacífico e impecablemente democrático como sería el que supuestamente posibilita a través de las urnas que los ciudadanos de un determinado territorio puedan constituir un Estado independiente.
La verdad, sin embargo, es que la consulta secesionista debe ser rechazada no sólo por su incuestionable ilegalidad, sino por la insuperable contradicción interna que plantea desde un punto de vista democrático. Y es que ¿por qué Badalona, la misma Barcelona o cualquier otra parte de Cataluña no va a seguir formando parte de España si una mayoría de sus ciudadanos quiere que sí? ¿Por qué los españoles, en función de un mal llamado "derecho a decidir", hemos de aceptar que una parte de nuestro territorio nacional deje de ser España y los nacionalistas, en función de ese mismo derecho, no tienen por qué aceptar que una parte del Principado deje de ser catalana?
Por otra parte, ¿por qué nunca desenmascaramos ese falso "derecho a decidir" preguntando también a los nacionalistas cada cuánto se va a ejercitar? Si tan democrático se pretende su ejercicio, ¿se va a convocar cada cuatro años? ¿O es que acaso los catalanes sólo van a tener "derecho a decidir" hasta el momento en que decidan lo que los nacionalistas pretenden, esto es, una Cataluña independiente?
Ya va siendo hora de que seamos conscientes de que para preservar la libertad y la democracia no todo, ni siquiera lo principal, se debe decidir en las urnas. De la misma forma que no se dirime en las urnas qué religión profesamos, qué vestimenta usamos, qué ideas políticas tenemos, cuántos hijos podemos tener o con quién intercambiamos nuestros bienes y servicios, tampoco la configuración de fronteras nacionales forma parte de lo que tenemos derecho a decidir mediante el voto.
Si, por el contrario, nos limitamos a destacar la ilegalidad de la consulta, la gente llegará a la conclusión de que el problema está sólo en la ley y no en la engañosa consulta con la que los nacionalistas podrían llevarse definitivamente el gato al agua.