Parece ser que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, está tan dispuesto a no contemplar ni querer contemplar un escenario distinto en Cataluña al del cumplimiento de la ley como el propio presidente del Gobierno. Buena prueba de ello es que, a pesar de la clamorosa desobediencia al Tribunal Constitucional que constituyó la creación el pasado jueves de la Junta Electoral del 9-N, Torres Dulce ha asegurado este lunes que sólo actuará en caso de que "algún delito se consume".
Parece lógico que, puesto que la providencia del Constitucional suspendía no sólo la celebración de la consulta secesionista propiamente dicha sino "todos los actos procedentes o que conlleven" el desarrollo de la misma, la creación de la referida junta electoral ya suponga un delito de desobediencia y prevaricación. El caso, sin embargo, es que tampoco la Abogacía del Estado se ha atrevido a contemplar lo que Rajoy sigue sin querer contemplar y se ha limitado a justificar la impugnación del decreto de creación de la Comisión de Control de la Ley de Consultas en un "incidente de ejecución" que no supone denuncia de delito alguno.
No faltarán leguleyos que arropen y justifiquen semejante actitud con los ropajes de la "prudencia" y del "rigor jurídico" sin decirnos con qué "prudencia"y "rigor jurídico" se justifica que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado hayan movido un dedo ante la muy consumada desobediencia de la Generalidad respecto de las sentencias contrarias a la inmersión lingüística.
Lo destacable ahora es señalar la ceguera o rigor jurídico sobrevenidos de algunos diputados del PPC, como Enric Millo, que en cuatro días han pasado de ver y denunciar públicamente la desobediencia de Mas a ofrecer al presidente de la Generalidad un "pacto" destinado a llevar a cabo las "reformas necesarias" en Cataluña.
No sé si este aluvión de claudicantes ofertas a los separatistas por parte del Gobierno del PP –para mí más vergonzosas aun que el propio desafío secesionista– conseguirán que el Gobierno catalán en rebeldía suspenda definitivamente la consulta de marras. De lo que pueden estar seguros es de que no va a ser ni el temor al delito ni la falta de financiación lo que evite que los nacionalistas dejen de dar pasos en su desafío al Estado.