Resulta surrealista que a estas horas los españoles estemos esperando la comisión de un nuevo delito anunciado por parte de los golpistas que detentan el poder del Estado en Cataluña para ver si el presidente del Gobierno se anima a suspender la Administración autonómica que lleva en abierta rebeldía desde 2012. Está claro, en cualquier caso, que Rajoy mantiene esa "puerta abierta" de la que habló el 1-O, consistente en una nueva operación Diálogo, en una negociación sin mediadores destinada a que los golpistas renuncien a que Cataluña sea reconocida como un Estado soberano en forma de república y se contenten, por el contrario, con esa independencia de facto que, durante tantas décadas, les ha permitido algo por lo visto menos grave, como erradicar el castellano de la enseñanza, inocular el desprecio y el odio a lo español en las escuelas y medios de comunicación públicos o erigir no menos ilegales y no menos toleradas estructuras de Estado, de cuyo sostenimiento se tiene que hacer cargo directamente Montoro desde el pasado mes de septiembre.
No hay mejor prueba de la apertura de esa puerta rajoyesca –aparte de las propias palabras de nuestro infausto presidente– que el hecho de que, tras cinco años de ininterrumpidos y ostentosos delitos, que se han financiado y se siguen financiando a cargo del contribuyente, no hay un solo separatista que haya ingresado en prisión. Ni siquiera hoy.
La "puerta abierta" de Rajoy –y no digamos ya del resto de la clase política– es lo que nos devuelve o nos condena a una España envilecida y somnolienta, en la que la abuela de Fuenteventura o cualquier ciudadano común pueden llegar a pisar la cárcel por mínimas desobediencias al Estado de Derecho sufragadas por sus propios bolsillos pero donde las propias autoridades del Estado –siempre que sean nacionalistas, claro está– pueden hacer caso omiso de las sentencias –y no sólo de las contrarias a la inmersión lingüística– sin más respuesta que nuevas concesiones del Estado central. Es esa España envilecida que asistió dormida a cómo la Fiscalía retiraba, tras la dimisión de Torres Dulce, su propia acusación de malversación contra Mas para que el Gobierno pudiera desarrollar la operación Diálogo de Soraya. Es esa España que ridiculiza lo que sus élites no se atreven a impedir –ya sea un referéndum ilegal, una Hacienda ilegal o unas no menos ilegales embajadas catalanas que no se dedican a promocionar productos de la tierra sino a "internacionalizar el conflicto", que diría Mas–.
Es esa España envilecida en la que Rajoy ya no utiliza a una Alicia Sánchez Camacho para ofrecer al golpista de Mas un "nuevo y singular modelo de financiación", tal y como hizo en 2013, sino a un ministro suyo como Luis de Guindos para mejorar la oferta a Puigdemont con una reforma constitucional, tal y como vimos hace escasos días.
Esa "puerta abierta" a la España envilecida que Rajoy ha vuelto a mostrar este jueves en una entrevista a EFE, y que va a ofrecer a Puigdemont hasta el último minuto, va a encontrarse, sin embargo, con poderosas fuerzas destinadas a cerrarla. Una de ella es el discurso de un Rey que no ha dejado margen alguno al chalaneo y al "hablando se entiende la gente". Otra es el propio radicalismo de los secesionistas, que no renuncian a la República y a la estelada como bandera oficial. Y, finalmente, la más importante, la de una sociedad civil española –especialmente la catalana– que ya se atreve a salir a la calle y que ya está harta, no tanto de una inexistente República soberana como de la independencia de facto de la Cataluña nacionalista.
El deterioro al que nos ha conducido la irresolución de Rajoy y su contraproducente política de apaciguamiento de estos años –o su "magistral administración de los tiempos", que dirían sus más irreductibles aduladores– es de tal envergadura que no hay que descartar una bestial catarsis regeneradora.