Rajoy podrá seguir siendo el insensato e irresponsable gobernante que todavía hoy se sigue resistiendo a suspender una Administración autonómica que lleva en abierta e inadmisible rebeldía desde que Artur Mas, allá por 2012, proclamara pública y abiertamente que no habrían "ni tribunales ni constituciones" que impidieran su ilegal proceso secesionista.
En esa alucinante y temeraria renuencia a aplicar el artículo 155 de la Constitución –y, lo que es más importante, a hacerlo sin limitaciones ni medias tintas– el PP de Rajoy no se diferencia demasiado del resto de la clase política con representación parlamentaria, incluida una formación como Ciudadanos que, lamentablemente, todavía hoy sigue reclamando mayor financiación para nuestras sobredimensionadas Administraciones regionales, o a que la educación pase a ser competencia de la Administración central, y que ha esperado a que los golpistas celebrasen una segunda y no menos ilegal consulta secesionista como la del 1-O para reivindicar la aplicación del 155 exclusivamente para convocar nuevas elecciones autonómicas.
Lo que me resulta mucho más indignante es que nuestra infame clase política esté arrastrando a nuestro sistema de administración de justicia –y con él a la práctica totalidad de nuestros medios de comunicación– a la prevaricadora ceguera voluntaria consistente en no querer ver los delitos perpetrados por los cabecillas del golpe, Puigdemont y los miembros de su Gobierno, desde que la Fiscalía, con ocasión de la convocatoria de su ilegal consulta secesionista, presentara una querella contra el Gobierno de Puigdemont el pasado 8 de septiembre, en la que el único delito penado con cárcel de que se les acusa es el de malversación.
Proceder judicialmente, tal y como se está haciendo, contra José Luis Trapero o contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por los posteriores delitos de sedición y rebelión y no incluir en la denuncia a los cabecillas de la sedición y de la rebelión a los que estos investigados sirvieron, ciertamente, como correas de transmisión, resulta algo mucho peor que una simple hipocresía. Constituye una barbaridad procesal y jurídica que cuesta creer que no haya sido llevada a cabo a sabiendas de que lo es.
Naturalmente, no digo que estos personajes –los jordis y Trapero– no debieran ser incluidos en la querella por rebelión y sedición que la Fiscalía debería haber presentado ya contra Puigdemont y el resto de su Gobierno. Ningún deber de obediencia a sus superiores podría esgrimir, en este sentido, el mayor de los Mossos frente a unas resoluciones judiciales que claramente le advirtieron de que su deber era impedir que la ilegal votación tuviese lugar. Ahora bien: nadie puede negar que la decisión de burlar dicha resolución judicial y celebrar la ilegal consulta secesionista fue del propio Puigdemont y el consejero de Interior, Joaquim Font, como bien podría atestiguar el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien pudo constatar, en la surrealista reunión mantenida con los cabecillas del golpe tres días antes del 1-O, cómo la prioridad del Govern era que ese domingo se votara con "normalidad", y la de su subordinado y, no por nada, mayor de los Mosos, que esa votación se llevara a cabo con "seguridad".
Mientras los cabecillas del golpe sigan en sus poltronas, no les faltarán traperos ni jordis que les sirvan. Hacer pasar a los originales como los responsables de la sedición es tanto como responsabilizar del 23F a los guardias civiles que ocuparon ilegalmente el Congreso.
Delirante es que nuestra clase política –a excepción de Ciudadanos– no haya querido ver –sin necesidad de confirmación alguna por parte del delincuente– la declaración de independencia perpetrada por el cabecilla del golpe la semana pasada por constituir un nuevo delito de rebelión como el tipificado en el art. 472.5 de nuestro Código Penal. Pero peor es que se siga sin querer ver el anterior delito de rebelión –tipificado en el art. 472.1del CP– que castiga todo intento ilegal de "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución", y que ya fue claramente perpetrado con la aprobación de las ilegales leyes de transitoriedad jurídica y del referéndum. Eso, por no hablar del sedicioso llamamiento que el molt honorable delincuente que preside la Generalidad perpetró el pasado 20 de septiembre, por el que, sin embargo, sí están siendo investigados los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural.
En definitiva, que mucho van a tener que delinquir jueces y fiscales para cumplir el deseo de Rajoy de que Puigdemont y el resto de los golpistas "vuelvan a la legalidad" sin pasar antes por la cárcel. Y es que una cosa es dejar en papel mojado el art. 155 de la Constitución –cosa que una calamidad histórica como Rajoy puede lograr hasta aplicándolo– y otra muy distinta dejar en papel mojado el Código Penal.