Aunque a gran distancia, obviamente, de la vivida entorno al 11-M, una de las manipulaciones más arteras y, al tiempo, exitosas de cara a influir en los resultados electorales fue la ilegal filtración y el envilecido tratamiento informativo de los datos fiscales de Esperanza Aguirre poco tiempo antes de celebrarse los pasados comicios municipales. Hasta la fecha de dicha filtración, Aguirre había sido capaz de remontar los malos pronósticos que daban al PP los sondeos en el momento de su designación como candidata, hasta el punto de que ya aparecía en muchas encuestas como claramente capaz de alcanzar la alcaldía de Madrid con el único apoyo de Ciudadanos.
El riesgo para Rajoy, consistente en que muchos votantes descontentos con el PP respaldaran a una persona como Aguirre, que siempre se ha caracterizado por la reivindicación y puesta en práctica de los principios liberal-conservadores que el rajoyismo tan ostentosamente ha traicionado, era evidente; pero pasó a disiparse desde ese mismo jueves anterior a las elecciones, en el que se filtraron los datos fiscales de la candidata popular a la alcaldía de Madrid.
A pesar de que en puridad esos datos fiscales, referidos al ejercicio 2013, no pusieran en cuestión que Aguirre había cumplido fielmente sus obligaciones tributarias, y sólo venían a evidenciar que había ganado mucho más dinero trabajando en el ámbito privado que como política, el resentimiento y la sombra de la sospecha le pasaron inmediata factura. Así lo puso en evidencia, como ella misma denunció poco tiempo después, el tracking diario que su partido realizaba para pulsar el sentido de la opinión de los ciudadanos, y que ese mismo día detectó la caída de nada menos que de doce puntos en el apoyo que hasta ese momento tenía entre los jubilados.
Hizo bien Esperanza Aguirre en presentar una denuncia por esa filtración, como hace bien José Maria Aznar en presentarla tras la reciente publicación, no menos ilegal y artera, de que la Agencia Tributaria le realizó una comprobación fiscal, filtración que, además de violar su derecho a la confidencialidad, ha dado pie a que algunos lo traten poco menos que como un defraudador.
Naturalmente, Aznar no se presenta a ninguna elección, pero su voz puede ser de enorme influencia de cara a un futuro relevo de Rajoy, aunque el presidente honorífico del PP no aspire a serlo. Y, desde luego, las críticas del expresidente del Gobierno a lo que un servidor llamó en su día la "corrupción ideológica" del PP de Rajoy son lo suficientemente públicas y notorias para pensar, como en el caso de Esperanza Aguirre, que estamos ante una vendetta de la actual dirección del partido.
Se trate o no de una forma de neutralizarlo para el futuro o de un ajuste de cuentas, lo que es innegable es que Rajoy y Montoro son los máximos responsables a la hora de velar por la confidencialidad del contribuyente y por que estas ilegales filtraciones de la Agencia Tributaria no se produzcan. Lo que es innegable, como bien se queja Aznar aun sin nombrarlos, es que ni uno ni otro han movido un dedo para desmentir la artera manipulación que algunos medios de comunicación han dado a esa ilegal filtración, y que, por el contrario, han dado pie con su silencio a que algunos crean esas injurias. Lo que es un hecho es que, aunque Montoro vaya de justiciero, amenazando a diversos colectivos, como ha hecho en muchas ocasiones, no hay ministro de Hacienda que haya defraudado más a sus votantes que él. Y esto va, obviamente, también, por el defraudador presidente y por la defraudadora vicepresidenta del Gobierno que todavía padecemos.