"Que ETA quiere negociar con el Gobierno el futuro de sus presos y que estaría dispuesta a disolverse, a desmantelar sus estructuras y a entregar las armas a cambio de un acuerdo sobre los presos, sin duda. Lo que pasa es que el Gobierno ni ha negociado, ni negocia ni va a negociar con una organización terrorista. Lo hemos dejado muy claro desde el principio y eso es lo que hay". Esto es lo que ha dicho el ministro del Interior; pero lo que Fernández Díaz tendría que afirmar no es que no va a negociar con ETA, sino que el Gobierno del PP no va a conceder los beneficios penitenciarios que ya negoció con ETA el pasado Gobierno.
La disposición de Zapatero a "dar una salida a los presos a cambio de la paz" ya fue pública y notoria desde que en 2005 la desveló Fernando Savater tras una cena con el anterior presidente; mucho antes, por tanto, de que se iniciasen oficialmente las referidas negociaciones entre el Gobierno socialista y ETA.
Tras las mismas, la banda terrorista impulsó secretamente el llamado Acuerdo de Guernica, al que, posteriormente, en enero de 2011, dio su respaldo público. También lo elogió el PSOE, por boca del lehendakari Patxi López, tras sumarse a él los presos en septiembre de ese mismo año.
En dicho acuerdo, que firmaron Rufi Etxebarria y otros miembros de Batasuna, Aralar y EA, además de "la derogación de la Ley de Partidos" se exigía el "traslado de los presos/as a Euskal Herria finalizando la práctica de la dispersión", "la liberación de presos/as con graves enfermedades" y otros beneficios penitenciarios aun más ambiciosos, "como primer paso a la amnistía".
Lo que sucede ahora no es tanto que ETA pretenda entablar nuevas negociaciones con el Gobierno, a lo que los terroristas siempre están dispuestos, tanto cuando pegan tiros como cuando convocan treguas. A ETA, sin embargo, le bastaría tener garantías de que el Gobierno va a cumplir lo ya negociado con el anterior Ejecutivo. Por lo visto a ETA no le parece suficiente –lógico, por otra parte, tratándose de terroristas totalitarios– el grado de condescendencia del Gobierno de Rajoy respecto a la derogación de facto de la Ley de Partidos. Tampoco le parece suficiente el acercamiento de presos al País vasco, ni las concesiones de tercer grado implícitas en la vía Nanclares, ni las ofertas que ha hecho el Gobierno a los terroristas exiliados, ni la excarcelación de presos enfermos, por mucho que la de Bolinaga no sea el único caso.
Es lógico que así sea. Si de ellos dependiese, no habrían negociado nada, ni accedido a que se diesen pasos graduales hacia su amnistía. Lo que no es nada lógico es volver a ver a un Gobierno tratando de contentar a unos terroristas dando alguno de esos pasos. Y no lo es aunque el Gobierno no negocie con los terroristas ni esté dispuesto a dar los pasos que quedan en esa infame hoja de ruta hacia la impunidad.
Lo lógico sería ver a un ministro dispuesto no a que la banda se disuelva, sino a desarticularla completamente. Lo lógico sería ver a un ministro dispuesto no a que los terroristas le entreguen las armas, sino a requisárselas tras su detención y entrega a la Justicia. Lo lógico sería ver a un ministro garantizando a los terroristas que no deben esperar más que el cumplimiento cierto e integro de las penas y de la ley. Empezando por la Ley de partidos.